a concluido la duodécima sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU. En el caso de nuestro país encontramos dos informes que muestran por una parte una de las problemáticas más graves que afecta a los pueblos indígenas en relación con la minería y, por otra parte, la postura del Estado en respuesta a las observaciones particulares formuladas por el foro que ofrecen un listado de acciones que giran en torno a programas y omiten la consideración del derecho a la autonomía y libre determinación. En contraste, la Cruzada Nacional contra el Hambre resultó reivindicada por la titular de la CDI, cuya mejor prenda en el foro fue ofrecer una reunión internacional a celebrarse en México antes de la mundial de 2014. Más de lo mismo, ¿no?

Importa, por tanto, destacar que Saúl Vicente Vázquez, miembro indígena del foro, y a solicitud del mismo, presentó un estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios donde están ubicadas estas industrias (E/C.19/2013). En el documento se asienta y fundamenta la voz de los pueblos: encontré un reclamo de los pueblos indígenas, quienes sostienen que las autoridades mexicanas no respetan ni protegen sus derechos consagrados en la Constitución mexicana y en los instrumentos jurídicos internacionales; que no se recaba su participación en los procesos de consulta ni su consentimiento libre, previo e informado antes de otorgar concesiones y permitir las operaciones de este tipo de industrias en sus territorios; que se criminalizan sus protestas cuando reclaman sus derechos, con actos de violencia que han llegado hasta el asesinato de sus dirigentes; que sufren la pérdida de sus recursos naturales, impactos medioambientales negativos y problemas de salud provocados por los procesos de extracción de estos metales, y que dichas industrias no los han beneficiado. Se da cuenta del marco jurídico en favor de los pueblos, así como el que regula las concesiones mineras que otorga el Estado y señala algo que he venido denunciando con insistencia, al señalar que es una burla: en el caso de los pueblos indígenas, la Ley Minera reconoce la preferencia de la solicitud del pueblo o comunidad indígena, siempre y cuando cumpla con las condiciones y requisitos que establece la ley, uno de los cuales es igualar la mejor propuesta económica que presente otro concursante, lo que de hecho anula el derecho preferente que la Constitución otorga a los pueblos indígenas, que difícilmente podrán contar con recursos económicos y técnicos para concursar, en caso de que así lo decidan, en mejores condiciones que las grandes empresas trasnacionales o nacionales.

Por otra parte incluye la caracterización del tipo de conflictos que genera la minería a partir de sus impactos. También recoge el resultado de entrevistas con asociaciones de empresas del ramo, así como en la Secretaría de Economía y destaca cifras escandalosas, como el que entre los años 2000 y 2010 se expidieron en México 26 mil 559 títulos de concesiones mineras, que equivalen a 35 por ciento del territorio nacional. En 2010 ejecutaron proyectos mineros 301 empresas, de los cuales 202 son canadienses, y deja sentado lo que define como el conflicto político relacional desde espacios oficiales: si hay conflictos con comunidades, hay que ubicar con esas comunidades cuáles son indígenas; tengo muchos conflictos en la sierra de Guerrero, pero, ¿esos son indígenas?; no sé. Destaca asimismo la voz de la Policía Comunitaria y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de rechazo frente a diversas concesiones otorgadas en la Montaña de Guerrero, así como en Oaxaca la población zapoteca de San José del Progreso, en el Valle de Ocotlán, agrupada en la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), los cuales “señalaron que se habían llevado a cabo contratos de arrendamiento, y en algunos casos de donación de tierras, con la empresa Cuzcatlán (subsidiaria de Fortuna Silver Mines Inc), mediante intimidación, además de propiciar un conflicto con otro grupo, denominado Asociación Civil San José Defendiendo Nuestros Derechos.

Se destaca el asesinato de Bernardo Méndez y un mes después Bernardo Vázquez, de la CPUVO. Asimismo, como caso emblemático, por afectar al territorio sagrado de un pueblo indígena, Wirikuta, en Real del Catorce. El informe menciona al Pacto por México en su oferta de reformar la Ley Minera y concluye con una serie de recomendaciones de deber ser legislativo. Buen informe que, sin embargo, no desarrolla el alcance de lo que se denomina beneficios de las concesiones para los pueblos afectados; en ello puede consistir la manzana envenenada que propicie el juego en torno a las mineras buenas y las malas o los pueblos que están con el progreso frente a los que no lo están. Lo cual por cierto es la arena del debate que viene.