Un tribunal federal desechó la queja presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) para que no se admitiera la solicitud de amparo que tramitó la maestra Elba Esther Gordillo Morales contra el auto de formal prisión que enfrenta por lavado de dinero y delincuencia organizada, informaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

Con el voto unánime de tres magistrados, el quinto tribunal colegiado en materia penal desechó la queja presentada por la PGR contra la determinación de un juez de admitir la solicitud de amparo de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El recurso de la PGR que se desechó es importante porque aclara que las modificaciones en el juicio de garantías en la nueva Ley de Amparo (que fija un plazo máximo de 15 días hábiles para recurrir a la demanda de garantías contra autos de formal prisión) sólo aplicará a partir de la entrada en vigor de la norma, el pasado 3 de abril.

Los amparos antes de esa fecha se desahogarán de acuerdo con la ley anterior, que no fijaba plazo para impugnar un auto de formal prisión.

PGR usó su fuerza institucional

Marco Antonio del Toro, defensor de la ex lideresa magisterial, confirmó que el quinto tribunal colegiado resolvió ayer en favor de Gordillo Morales.

El penalista dijo que se trata de la resolución más importante que ha recibido la maestra desde que fue encarcelada, en febrero pasado, ya que ahora un juez de amparo estará en posibilidades de revisar los argumentos con los que Gordillo pretende demostrar la improcedencia de los delitos que le imputan.

Según Del Toro, el fallo del tribunal colegiado demuestra que la PGR empleó toda su fuerza institucional contra la ex lideresa magisterial con el propósito de impedir su derecho al amparo.

Aclaró que uno de los argumentos que estudiará el juez de amparo es que la averiguación previa que se inició contra Gordillo está viciada de origen.

Existen múltiples criterios de tratados internacionales, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de tribunales colegiados de circuito acerca de que procede el amparo contra violaciones constitucionales y de derechos humanos, refirió.

Explicó que dos de las violaciones al debido proceso son la supuesta falta de querella y la no aplicación de facultades de comprobación de la autoridad hacendaria, requisitos indispensables para la tipificación penal del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Del Toro indicó que Juan Ayax Fuentes Mendoza, el agente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación sobre Delincuencia Organizada que integró la averiguación previa que llevó a la cárcel a Gordillo, aparentemente no verificó la identidad y representación jurídica del funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que formuló la querella contra la ex lideresa magisterial, lo que podría invalidar la acusación.

Quien compareció a denunciar el asunto se acreditó como funcionario de la SHCP con un documento fechado y sellado el 14 de febrero, pero fue exhibido en una diligencia formal ante el Ministerio Público y dos testigos de asistencia el 13 del mismo mes; es decir, se exhibió el día 13 un documento sellado y fechado el día 14, mencionó Del Toro.

Aseguró que tras revisar documentos entregados por diversas autoridades, detectó que la PGR utilizó pruebas ilícitas para acusar de delincuencia organizada y lavado de dinero a Gordillo.

Encontramos una serie de pruebas ilícitas y estamos desplegando una serie de acciones sobre la actuación de este funcionario (el fiscal de la SEIDO) y de otros más, refirió.

Gordillo Morales, quien está recluida en el penal femenil de Tepepan presuntamente por haber lavado casi mil 700 millones de pesos del SNTE, el pasado 17 de abril tramitó una demanda de amparo contra el auto de formal prisión que le fue dictado por un juzgado de distrito.