Nueva York, 30 de mayo.

El gobierno de Barack Obama intentó hoy reparar los daños en su relación con los medios informativos al invitarlos a una serie de reuniones después del escándalo que estalló al revelarse que el Departamento de Justicia había espiado a periodistas, sin embargo, algunos de los principales medios del país rehúsan participar con las condiciones establecidas por el gobierno.

The Associated Press (Ap), la principal agencia de noticias del país, el New York Times, CBS News, la cadena de periódicos McLatchy, CNN y NBC, entre otros, anunciaron que no acudirán a las reuniones convocadas por el procurador general Eric Holder con representantes de los principales medios de noticias, al rechazar la condición impuesta por el gobierno de que el diálogo sea off the record, o sea, que no podrá reportarse lo que se hable ahí.

La controversia sobre el espionaje de medios estalló el 13 de mayo cuando Ap, la principal agencia de noticias del país, reveló que el Departamento de Justicia, encabezado por Holder, había obtenido de manera secreta los registros de llamadas telefónicas de decenas de sus reporteros y editores al investigar una filtración de información oficial sobre un operativo antiterrorista.

Obama debe recibir propuestas para antes del 12 de julio

En esas fechas, el director ejecutivo de Ap, Gary Pruitt, en una carta a Holder, calificó la acción secreta de intrusión masiva y sin precedente a las actividades periodísticas y denunció que no puede haber una justificación posible para algo tan extenso. Otros medios también han cuestionado las investigaciones al señalar que tienen un efecto de intimidación y violan potencialmente los derechos de la libre expresión.

La Asociación de Periódicos de America emitió un comunicado cuando Ap reveló el espionaje, en el cual declaró que esa operación del gobierno sacude la conciencia estadunidense y viola a libertad crítica de la prensa protegida por la Constitución de Estados Unidos.

La Casa Blanca ha defendido a Holder, aunque al inicio insistió en que no había tenido conocimiento de esta investigación, subrayando que todo esto es legal y está justificado porque se trata de la seguridad nacional. Poco después, el presidente y su equipo aceptaron que, tal vez, se deben modificar las reglas sobre este tipo de investigaciones. Su gobierno ha repetido que el objetivo no eran los periodistas, sino indagar sobre las fuentes dentro de los gobiernos responsables por las filtraciones de información clasificada y ha reiterado que siempre están conscientes del equilibrio entre el interés público y el libre flujo de información y la aplicación efectiva de leyes en torno a la seguridad nacional.

Por orden de Obama, Holder invitó a representantes de varios medios a reuniones que estaban programadas para este jueves y viernes para discutir cómo mejorar o modificar las regulaciones para investigar las filtraciones. El procurador tiene instrucciones de entregar al presidente recomendaciones sobre posibles cambios en las regulaciones antes del 12 de julio.

Pero este intento, al imponer la condición de que los medios no podían citar ni divulgar la conversación con Holder, se ha atorado con el boicot a la cita anunciado por algunos medios, y en lugar de superar el conflicto, como deseaba la Casa Blanca, éste se amplió.

Jill Abramson, editora ejecutiva del New York Times, explicó que “no es apropiado que participemos en una reunión off the record con el procurador general”.

El presidente Barack Obama al llegar ayer a Washington, procedente de ChicagoFoto Reuters

A su vez, Jim Asher, jefe de la oficina en Washington de McClatchy, comentó a USA Today: “Esto parece ser parte de una campaña de relaciones públicas para ser amenos con los medios. Simplemente deberían decirle al público estadunidense por qué piensan que (la investigación de filtraciones) es lo suficientemente importante como para fiscalizar a los periodistas. El Departamento de Justicia/Casa Blanca están diciendo ‘se hace a nuestra manera o no se hace’”.

El jefe de la oficina del Huffington Post en Washington, cuyo medio tampoco asistirá, agregó: una conversación específicamente sobre la libertad de prensa debería ser abierta. Tenemos una responsabilidad de no traicionar eso.

Otros medios, incluidos el Washington Post, ABC News, Politico y USA Today decidieron acudir para presentar sus preocupaciones y escuchar al procurador, insistiendo en que no se va a llegar a una resolución ahí y que es práctica común de periodismo realizar encuentros off the record en Washington.

La Casa Blanca defendió hoy la decisión de hacer privadas las reuniones. El vocero Josh Earnest dijo que Holder deseaba tener un intercambio constructivo y subrayó: estamos genuinamente interesados en la aportación, la opinión, el consejo y la experiencia de líderes de organizaciones de medios prominentes.

El caso de Ap no es el único que ha alarmado a medios y defensores de las libertades civiles. Aunque públicamente Holder y su jefe Obama reiteran su compromiso con los derechos de expresión y una prensa libre, la política agresiva de este gobierno para controlar la información oficial ha llegado a niveles sin precedente.

Seis funcionarios y/o ex oficiales han sido formalmente acusados en casos relacionados con filtraciones de información oficial, algunos bajo la vieja Ley de Espionaje, por el gobierno de Obama (el doble de los casos presentados por todos los gobiernos anteriores combinados).

Uno de los casos de mayor perfil en este rubro es el del soldado Bradley Manning, acusado de la mayor filtración de documentos oficiales en la historia, difundidos al público por Wikileaks, y quien enfrentará una corte marcial la próxima semana.

En días recientes se ha revelado que el Departamento de Justicia obtenía secretamente los registros de teléfonos y correos electrónicos de James Rosen, un reportero de Fox News, al investigarlo por posibles violaciones a la Ley de Espionaje. Fox News también anunció que no asistiría a las reuniones.

Todo esto ha tensado las relaciones entre el gobierno de Obama y los medios. Jay Carney, principal vocero de la Casa Blanca, a una pregunta sobre estos asuntos, afirmó ayer que es importante no perder de vista que estamos hablando de información clasificada, cuya filtración es un delito. A menos que haya una sugerencia de que simplemente deberíamos tener toda la información disponible para todos, incluido Al Qaeda, tiene que haber un proceso que permita proteger esa información clasificada.

Pero esa disputa es tan vieja como el tiempo, y todo periodista responsable sospecha cuando un gobierno recurre al pretexto de la seguridad nacional para decidir el grado de transparencia que ejercerá.