on el telón de fondo de las acusaciones públicas en contra del ex gobernador Andrés Granier de Tabasco por presunto desvío de fondos estatales durante su administración, en vísperas de la comparecencia del ex mandatario ante la Procuraduría General de Justicia de esa entidad, se presentó ayer una denuncia contra el actual mandatario, Arturo Núñez, por la supuesta siembra de 88 millones de pesos en efectivo localizados la semana pasada en una propiedad de Marlees Cupil, colaboradora del ex Tesorero del gobierno anterior, Juan Manuel Sáiz.

Con independencia de la veracidad de la acusación referida, es inevitable recordar que ésta tiene el antecedente de un desempeño desaseado y presuntamente ilegal de las autoridades involucradas en el episodio. A las fluctuaciones iniciales en las cifras de dinero incautado –que pasó de 100 a 88.5 millones de pesos– se suma la percepción por adelantar el proceso legal, dando por hecho que Granier es culpable del desvío de esos recursos, cuando su eventual implicación en estos y otros hechos está a consideración del Poder Judicial. Cabe preguntarse en este sentido si fue una mera coincidencia temporal el referido hallazgo de dinero en efectivo y la difusión de un audio en que se muestra al ex gobernador haciendo alarde de viajes, propiedades y compras en el extranjero.

Por añadidura, los jaloneos registrados en las últimas horas por el formato de la comparecencia judicial del anterior ocupante de la Quinta Grijalva, así como el anuncio de la que la Procuraduría General de la República intervendrá en caso de que el ex gobernador no se presente a su cita ministerial, dan cuenta de que, con el pretexto de la investigación sobre las presuntas corruptelas en la administración de Granier Melo, se desarrolla una disputa política en la cual autoridades de distintos niveles de gobierno y signo partidista buscan ostentarse como los principales persecutores de la corrupción institucional.

Tales conductas, sin embargo, pudieran resultar contraproducentes, en la medida en que restan seriedad y verosimilitud a las acciones oficiales orientadas a esclarecer y sancionar presuntos casos de opacidad, dispendio o malversación en el manejo de recursos públicos, y abonan a la percepción de que la clase política emplea estos asuntos como instrumentos de posicionamiento partidista.

Es incuestionable que, ante los indicios de un desaseo generalizado en las recientes administraciones estatales de Tabasco y de otras entidades del país, las autoridades competentes deben investigar, esclarecer y en su caso sancionar las malas prácticas gubernamentales en que pudieran haber incurrido ex funcionarios o servidores públicos en activo. Pero es imperativo que el cumplimiento de esas tareas se dé con total transparencia y apego a derecho, si se quiere evitar una mayor erosión en la credibilidad de las autoridades de cara a la sociedad y en las estructuras de las instancias encargadas de procurar justicia y salvaguardar el estado de derecho.