El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet) acusó la deficiente planeación y coordinación entre autoridades como las causas principales de que el apagón analógico realizado en tres ciudades de Baja California presentara importantes fallas que violentan los derechos humanos y dejaron a miles de personas sin oportunidad de acceso a información y entretenimiento.

El organismo privado cuestionó las cifras sobre las fallas presentadas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), según las cuales sólo 14 mil hogares en las ciudades de Tijuana, Tecate y Rosarito habrían quedado sin servicio, y avaló reportes de organizaciones locales en el sentido de que el número de afectados podría llegar a 700 mil personas.

“Las ostensibles ‘fallas en el apagón’ constituyen una flagrante violación al derecho a la información por parte de la autoridad y resulta inconsistente con la recién aprobada reforma en telecomunicaciones y con tratados internacionales en materia de derechos humanos”, sentenció el Idet, cuyo presidente es el abogado Gerardo Soria.

Consideró prioritarios y urgentes el desarrollo y correcta implementación del proceso de transición a la televisión digital terrestre (TDT) en el país, por los beneficios implícitos en materia de competencia, cobertura y calidad en los servicios de banda ancha y radiodifusión, pero la deficiente planeación y coordinación entre autoridades, no seguir las mejores prácticas internacionales, así como los insuficientes esfuerzos de comunicación por parte de las autoridades y la sociedad, ocasionaron que el apagón analógico presentara importantes fallas que violentan los derechos humanos.

Añadió que la confusa y errática política pública diseñada por la Cofetel no sólo afectó a los usuarios de Tijuana, sino también a la población de Tecate y Rosarito, quienes también perdieron algunas señales de televisión abierta, lo que resulta en un incremento en la cifra real de afectados por el apagón analógico.

El Idet recordó que desde 2004, con el acuerdo para la transición a la televisión digital terrestre, se definió que sería el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) el encargado de medir la penetración de receptores digitales para lograr una transición exitosa. Sorprende por ello que las mediciones hayan sido encargadas por la Cofetel a la misma empresa responsable de repartir e instalar los decodificadores y antenas, cayendo claramente en un conflicto de interés en perjuicio de la población más necesitada, además de que resulta preocupante que la necesaria transición a la televisión digital y el despeje de la banda de 700 megahercios se ponga en riesgo debido a la mala planeación de las autoridades regulatorias.

Finalmente, el organismo dijo que la experiencia en Tijuana debe servir para que a futuro, en otras etapas del apagón analógico, las autoridades involucradas tengan una mejor coordinación para no volver a incurrir en errores de planeación y ejecución.