a forma priísta de ejercer el poder se ha filtrado a todo el entramado político partidista del país. Como la humedad, se mete por todas partes, en ocasiones de forma evidente y otras veces tan imperceptiblemente hasta que de súbito es visible.

Es muy larga la lista de casos en que integrantes de la clase política, ya sea local o federal, son descubiertos por la prensa y/o las redes sociales sirviéndose del cargo para obtener beneficios personales. Los cargos políticos son tan generosos en su uso patrimonialista que su sombra alcanza para que bajo ella se guarezcan los parientes y amigos de quienes tienen un cargo gubernamental importante o son representantes ­populares.

Tal vez el proverbio que mejor sintetiza la noción de que estar en el poder es sinónimo de servirse personalmente de él, sea el acuñado por un acabado representante del antiguo régimen priísta, el profesor Carlos Hank González: Un político pobre es un pobre político. Lo anterior es un giro del principio ético que fue toral para la generación liberal encabezada por Benito Juárez.

Lo que para Juárez y quienes lo acompañaron en la gesta de descolonizar el país fue una noción guía para ejercer el poder, hoy es un fundamento incumplido en muy amplias esferas de la política partidista de todos los colores. La sentencia juarista los desnuda y evidencia la enorme distancia que tienen con el gran oaxaqueño: Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala.

Precisamente el dictum de la política patrimonialista es que la ley es para los demás, pero no para quien ostenta un cargo público. En el priísmo anterior al año 2000 tuvimos ejemplos al por mayor de abusos de poder, de su uso para enriquecerse demencialmente y de maniobras para detener a toda costa el ejercicio de sus derechos por parte de la ciudadanía.

Con el foxiato nada más hubo cambio de partido político en el gobierno federal, pero no de fondo y forma en el régimen patrimonialista. No hay dudas de que Vicente Fox, sus parientes y empresarios cercanos se beneficiaron de corruptelas prohijadas por ellos mismos. Con Calderón el panismo gobernante decidió dejar intocados los mecanismos que históricamente tejieron la desigualdad económica y política reinante en la sociedad mexicana.

Con el regreso del llamado nuevo PRI lo nuevo no está en ese partido y su forma institucional de gobernar. No, la auténtica novedad está en la sociedad civil que está cambiando en el país. La ciudadanía está más informada, exige con más decisión que la clase política sea transparente y rinda cuentas satisfactorias. En esta exigencia son centrales las redes sociales, en las cuales algún pequeño incidente ha sido replicado hasta volverse asunto de escándalo.

Peña Nieto removió al procurador federal del consumidor Humberto Benítez Treviño por la imparable bola de nieve conformada por los mensajes de indignados usuarios de las redes cibernéticas. El intento de sostener en su puesto a Benítez Treviño por el papelón de su hija Andrea no fructificó debido al vigor de la crítica ciudadana. Inicialmente la élite priísta reaccionó como siempre, mirando para otro lado y siguiendo la tradición de apostar al rápido olvido de un sector de la opinión publicada y de la opinión pública.

Como la presión no amainó, antes al contrario, a la cúspide gobernante se le cerraron las opciones y el mencionado procurador dejó de serlo. El caso, me parece, marca un punto de quiebre porque nítidamente apunta hacia un horizonte distinto al habitual. El asunto no quedó en el anecdotario por la fuerza de las protestas de una ciudadanía cansada y castigada por abusos semejantes al perpetrado por la conocida como Lady Profeco.

En todas partes saltan historias de patrimonialismo, por el lado de la izquierda está en la arena pública el caso del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Genaro Góngora Pimentel, hecho público en el noticiario de Carmen Aristegui. El diferendo de quien fue juez en el máximo tribunal de la nación con su esposa dejó de ser privado en el momento que don Genaro hizo uso de sus conexiones políticas para, de forma expresa, enviar a la cárcel a quien fue una de sus parejas (Ana María Orozco Castillo) y madre de dos de sus hijos. Las investigaciones están revelando que Góngora violó la normativa al contratar a Orozco Castillo para que trabajara directamente con él en la Corte cuando ya mantenía una relación sentimental con ella. Años después también usó las instancias jurídicas para torcerlas en su beneficio y encarcelar a su ex pareja.

¿Y qué decir de los desfalcos en Tabasco de Andrés Granier, los manejos de Carlos Romero Deschamps y sus estragos en el sindicato petrolero, y muchos etcéteras? El antídoto lo tiene la creciente sociedad civil que crece en su organización para demandar con éxito el cese a la depredación del patrimonio público político y económico. Es desde aquí donde puede sentarse el paradigma cultural de que el poder debe estar indisolublemente ligado al servicio.