l inicio de la transición de televisión analógica a digital, ayer en Tijuana, Baja California, provocó afectaciones a miles de televidentes de dicha localidad fronteriza. A la manifiesta falta de información sobre la medida –avalada por un polémico decreto presidencial en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa– se sumó la manifiesta desorganización en que incurrieron las autoridades encargadas de ejecutarla, así como una actitud presumiblemente discriminatoria en su aplicación: muestra de ello son las denuncias de que más de un centenar de colonias tijuanenses –ubicadas en las zonas más marginales de la urbe– se quedarán sin señales de televisión a consecuencia del llamado apagón analógico.
El panorama descrito contraviene las afirmaciones oficiales de que la localidad fronteriza –la primera en América Latina en dar el salto a la televisión digital– estaba lista para concretar el relevo de señales televisivas; sienta un mal precedente para la aplicación de esa política en el resto del país –la próxima etapa está prevista para noviembre próximo en Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Monterrey– y da la razón a las voces críticas que desde un inicio calificaron el cambio como una medida precipitada, unilateral y orientada a beneficiar los intereses del duopolio televisivo.
En efecto, más allá del lógico aumento en la calidad de las señales televisivas a consecuencia de la digitalización, el apagón analógico no incidirá ni poco ni mucho en la apertura y democratización de los medios ni en la pluralidad y mejora de la calidad de los contenidos. Por el contrario, la erogación de recursos públicos para llevar a cabo la transición a la televisión digital equivale a un subsidio a las televisoras, que serán las principales beneficiarias del referido recambio en las señales sin la necesidad de invertir recursos propios.
A lo anterior se suma el desaseo en la distribución de los equipos receptores de señal digital en los hogares de menores recursos: la supuesta gratuidad de estos equipos contrasta con las denuncias de que empleados de la compañía Teletec –encargada de distribuir los decodificadores– pedían cuotas a cambio de su entrega, en tanto que las afirmaciones oficiales de una cobertura superior a 90 por ciento en la instalación de receptores digitales contrasta con los cálculos de especialistas en la materia, que ubican dicho indicador en apenas 19 por ciento.
En suma, el arranque del apagón analógico en Tijuana es una muestra más del desdén oficial frente a la población en general y frente a los televidentes en particular; de la voluntad de las autoridades para favorecer a los intereses mediáticos y corporativos, y de una proclividad a la toma unilateral de decisiones de los encargados de la elaboración de las políticas públicas, sobre todo en temas que requieren de consenso social y de pleno apego a derecho.
Es necesario que las dependencias gubernamentales involucradas, particularmente la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, corrijan una decisión que resulta benéfica para los intereses particulares en tanto para el conjunto de la población es precipitada y lesiva.
