La Habana, 26 de mayo.

Después de seis meses de negociaciones y nueve ciclos de pláticas, el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lograron un acuerdo sobre la reforma rural integral con la que pretenden construir un nuevo campo, una vez pactada la pacificación total, anunciaron hoy ambas partes en un comunicado.

Este es el primero de cinco puntos de una agenda que las partes comenzaron a negociar el 19 de noviembre en el Palacio de Convenciones de La Habana, donde los gobiernos de Noruega y Cuba han fungido como garantes del proceso de diálogo y los de Venezuela y Chile como acompañantes.

La consolidación del pacto sobre la reforma agraria tiene una significativa relevancia para la solución del conflicto político militar colombiano, en virtud de que en 1964 fue la principal demanda planteada por las FARC al lanzarse a la lucha armada.

El anuncio sobre el convenio fue dado a conocer a la prensa por el diplomático cubano Carlos Fernández de Cossío durante una conferencia de prensa a la que acudieron miembros de las dos delegaciones negociadoras.

Restituir a víctimas del despojo

El acuerdo sobre desarrollo agrario busca que se reviertan los efectos del conflicto y que se restituya a las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado, dijo el representante del gobierno de Cuba.

Los 15 puntos del acuerdo alcanzado hoy abarcan temas que van desde el acceso y uso de la tierra hasta las garantías jurídicas de la propiedad, la comercialización de mercancías agrícolas y las políticas alimentarias.

Lo que hemos convenido en este acuerdo será el inicio de las transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia. Está centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, el estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo, señalaron las partes negociadoras en un comunicado conjunto.

Busca que el mayor número de habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente, puedan acceder a ella, mediante la creación de un fondo de tierras para la paz, indicaron.

Para garantizar ese fin, el gobierno nacional formalizará progresivamente, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal, todos los predios que ocupan o poseen los campesinos en Colombia.

Asimismo, se pactó la creación de mecanismos para solucionar conflictos de uso y una jurisdicción agraria para la protección de los derechos de propiedad con prevalencia del bien común; paralelamente se trabajará en la actualización del respectivo catastro, buscando seguridad jurídica.

El tema agrario es el primer punto de lo que al inicio del diálogo las partes denominaron acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

En el comunicado conjunto, el gobierno colombiano y las FARC subrayaron que “uno de los principios que guían estas conversaciones es que ‘nada está acordado hasta que todo esté acordado’. Esto quiere decir que los acuerdos que hemos ido construyendo están condicionados a que lleguemos a un acuerdo sobre la totalidad de la agenda y, también, que en la medida en que se avance en la discusión se puedan ajustar y complementar los acuerdos sobre cada uno de los subpuntos”.

Las delegaciones explicaron que en los seis meses que llevan las pláticas en La Habana han hablado de otros asuntos no directamente relacionados con el tema del campo, que allanan el camino para cubrir el resto de la agenda.

Queremos destacar que en estos seis meses de conversaciones no solamente hemos discutido el tema agrario. En este lapso se dio vida al proceso de conversaciones, se convino la manera de trabajar en plenaria, comisiones o por separado y se pusieron en marcha distintos mecanismos de participación y consulta ciudadana para recibir propuestas y opiniones de ciudadanos y organizaciones sociales. Estos mecanismos y procedimientos de trabajo y participación ya están en marcha, por lo que esperamos que hacia adelante avancemos con mayor celeridad en la búsqueda de acuerdos.

En el documento agradecieron a los miles de colombianos y colombianas, y organizaciones sociales que nos han hecho llegar sus propuestas y opiniones sobre los puntos de la agenda a través de los foros, la página web o los formularios que están disponibles en alcaldías y gobernaciones. Todas y cada una de estas propuestas han sido recibidas por las delegaciones en La Habana.

Por separado, los representantes del gobierno y de las FARC hicieron comentarios adicionales sobre la concluida fase de negociación.

El jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, dijo que lo pactado hasta ahora permite transformar de forma radical la realidad rural del país, así como impulsar cambios para cerrar la brecha entre el país rural y el urbano. En cuanto a los procedimientos jurídicos que se prevén, el funcionario destacó que los propietarios legales nada tienen que temer.

Iván Márquez, el número dos en el mando guerrillero, dijo que no obstante haber concluido el primer tema, quedaron pendientes algunas salvedades puntuales, que necesariamente tendrán que ser retomadas antes de la concreción final del acuerdo general.

Los delegados entraron a partir de hoy en un receso que terminará el 11 de junio, cuando inicie la discusión del segundo punto de la agenda general, relativa al tema de la participación política.

Desde Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos escribió en su cuenta de Twitter: celebramos, de veras, este paso fundamental en La Habana hacia un acuerdo para poner fin a medio siglo de conflicto. Continuaremos el proceso con prudencia y responsabilidad.

Saludo internacional

Los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador saludaron el acuerdo logrado en Cuba por los colombianos. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó el pacto de señal histórica hacia la paz y destacó la voluntad de trabajo de Santos.

Antes de que se difundieran los términos del primer acuerdo, el vicepresidente Joe Biden, quien hoy inició una visita a Bogotá, elogió el proceso de diálogo por su seriedad y diseño. Más tarde, el embajador estadunidense en esta capital Michael McKinley, manifestó su satisfacción por este primer acuerdo, y calificó el avance de alentador.

En tanto, el jurista Jorge Eliécer Molano, quien representa a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investiga 140 casos en los que están involucrados integrantes de las fuerzas armadas gubernamentales. Estos falsos positivos se refieren a jóvenes civiles abatidos por las fuerzas militares presetntados como gurilleros caídos en combate.