En la entidad, la mayoría de delitos cometidos por funcionarios no se consideran graves
La PGJE archivó o reservó 44.6% de casos y ocultó nombres de presuntos responsables
Lunes 27 de mayo de 2013, p. 34
Guanajuato, Gto., 26 de mayo.
El Congreso de Guanajuato ha interpuesto en los últimos seis años 150 denuncias penales por daños patrimoniales contra el erario de municipios y del gobierno estatal, que ascenderían a más de 76 millones de pesos. De ellas, la Procuraduría General de Justicia del Estado archivó o reservó 44.6 por ciento y sólo ha consignado 16 por ciento ante un juez.
Fueron archivadas 54 querellas presentadas por el Poder Legislativo, 13 están reservadas, 53 están en trámite de investigación, 24 se consignaron ante un juez y seis están incompletas, acumuladas o no son del fuero común.
Las denuncias fueron presentadas por daños calculados en 76 millones 266 mil pesos, tanto en dependencias del gobierno del estado como en las administraciones municipales, según datos de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Congreso.
Organismos implicados
Los organismos involucrados son el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Comisión Estatal del Agua (CEAG), Secretaría de Salud; ‘Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Instituto Electoral del Estado e Instituto de Vivienda del Estado, así como 41 de los 46 gobiernos municipales.
La unidad de información no detalló los nombres de los presuntos responsables de las irregularidades, ni las identidades de los ex funcionarios consignados ante un juez, ni el delito cometido.
Los quebrantos a los impuestos de los guanajuatenses van de 2 mil pesos, como una factura de 2004 alterada en la Junta Municipal de Agua de Celaya, y la falsificación de otra por 2 mil 800 pesos, pero los casos fueron denunciados ante el Ministerio Público en 2007. Las documentos para comprobar gastos se alteraron cuando el panista José Rivera Carranza era edil de Celaya (2003-2006).
Los daños económicos también superan los 26 millones 759 mil pesos, como se detectó en la CEAG, organismo que no aplicó penalizaciones de obras, realizó pagos indebidos y anticipados. Las anomalías fueron detectadas en 2006 y la denuncia correspondiente se presentó hasta 2010.
Los diputados locales denunciaron en noviembre pasado anomalías superiores a 20 millones de pesos por la compra irregular de equipo de cómputo, médico, mobiliario e instrumentos quirúrgicos hechos en la Secretaría de Salud. La investigación está en trámite.
Un caso denunciado en 2009, que está bajo reserva es el fraude de la empresa Tratamientos Especializados (Traesa), que recibió 2.5 millones pesos del gobierno de Irapuato para un relleno sanitario, del cual sólo puso la primera piedra.
El alcalde panista Mario Turrent Antón (2003-2006) ordenó expedir un cheque a favor de Traesa, empresa recomendada por el director de Servicios Municipales, Julio Rubio López, para construir el relleno en el terreno de un pariente de la tesorera Lorena Alfaro García.
En 2009, el Poder Legislativo denunció al consejero electoral, José María Aizpuru, por desviar 115 mil pesos para ponerse dientes de porcelana y falsificar facturas para justificar viáticos. Pero la averiguación previa sólo fue consignada ante un juez porque el consejero no pudo comprar gastos por 20 mil pesos.
El procurador Carlos Zamarripa Aguirre, ha ocultado la información sobre los funcionarios investigados, consignados o que purgan condena por daños al erario. Los detalles sobre los funcionarios inmiscuidos en quebrantos fueron solicitados a Comunicación Social del gobierno estatal, pero la información no fue entregada.
Miguel Márquez no tocó el Código Penal para castigar peculado y concusión, entre otros delitos
Carlos García, Corresponsal
Guanajuato, Gto., 26 de mayo.
En el estado de Guanajuato no importa que los funcionarios quebranten la ley y los erarios estatal o municipales: no pisarán la prisión debido a que no son consideradas graves casi el ciento por ciento de los delitos cometidos por la burocracia.
En este contexto, el gobernador panista Miguel Márquez Márquez prometió hace un par de semanas encarcelar a los funcionarios que hagan mal uso del dinero sagrado
de los guanajuatenses.
A raíz de que el ex director del Instituto de Seguridad Social del Estado (ISSEG), Miguel Ángel Salim Alle, fue inhabilitado por dos años para ocupar cargos públicos, debido a que colocó en el mercado franquicias de farmacias que provocaron pérdidas económicas, el mandatario panista envió el 6 de mayo pasado al Congreso local una iniciativa de ley para agravar las sanciones administrativas contra servidores públicos.
La iniciativa de reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establecería cambios en el artículo 4 bis, para dar facultades a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para sancionar administrativamente a presidente municipales y tesoreros que hagan mal uso del dinero estatal o federal.
El artículo 22 de la citada ley contempla inhabilitaciones de seis meses a un año, y la reforma propuesta por el mandatario aumentaría la pena de uno a 20 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Asimismo, la prescripción de las faltas administrativas se interrumpiría en el momento que el servidor público fuera notificado sobre la instauración de un procedimiento de sanción, de acuerdo con la reforma al artículo 28, que actualmente establece plazos de prescripción de dos a seis años.
También se propuso una reforma al artículo 13 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, para cambiar el concepto de multa por sanción económica que cubra los daños causados al erario.
Sin embargo, el mandatario Miguel Márquez no tocó el Código Penal para agravar los delitos de tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito, concusión y el abuso de autoridad, entre otros.
El Código Penal del estado de Guanajuato sólo tipifica como delito grave la tortura, ilícito que fue reformado por el asesinato de un campesino de San Felipe a mano de policías ministeriales, así como un supuesto en el caso del peculado.
En la entidad el delito de concusión (solicitud de dádivas) tiene pena de dos a seis años, el enriquecimiento ilícito se sanciona de tres a 12 años de cárcel, el de tráfico de influencias tiene una pena corporal de seis a cuatro años, y el abuso de autoridad contempla de dos a ocho años cárcel.
Mientras tanto, el delito de peculado se sanciona con de dos a diez años de cárcel y únicamente en un supuesto es considerado como grave –cuando el monto excede 800 veces el salario mínimo vigene en el estado– y el inculpado no alcanza libertad bajo fianza.
