Ante el avance del crimen organizado en diversas regiones, el gobierno federal ha basado su estrategia, desde el sexenio pasado, en el envío de fuerzas armadas a las zonas conflictivas y en los operativos conjuntos con los gobiernos estatales.

La administración de Enrique Peña Nieto asegura que existen diferencias con los métodos aplicados por su antecesor, en especial al cambiar el enfoque de imposición por el de coordinación, así como una injerencia distinta de la Policía Federal, en las tomas de decisiones estratégicas.

El vocero para asuntos de seguridad del gobierno federal, Eduardo Sánchez, aseguró que la diferencia con el pasado serán los resultados y la reducción de la violencia.

Señaló que ahora existe mejor coordinación y comunicación con los mandatarios estatales y, a su vez, de éstos con sus pares, en especial en cuanto al intercambio de información de inteligencia que les permita dar golpes precisos a la delincuencia. Dijo que un nuevo énfasis tiene que ver con la alianza con la sociedad, y que las recientes detenciones de presuntos delincuentes han ocurrido sin disparos y con el apoyo de la denuncia ciudadana.

Ante el reciente episodio en Michoacán –donde apenas llegaron los militares a tomar el control de la entidad un grupo de elementos castrenses fue retenido por pobladores que exigían la liberación de cuatro de sus policías comunitarios (el gobierno dijo que los militares permanecieron en el lugar para dialogar)– Sánchez se limitó a responder en entrevista:

La diferencia (con la estrategia del gobierno anterior) son los resultados. Estamos teniendo resultados; ya hay una reducción de la violencia, aún no en los niveles que queremos, pero ya se marca cierta tendencia.

Samuel González, ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO, antecedente de la Seido), dijo que en el país combatir a los criminales “ha sido como hacer un pastel con los mismos ingredientes. La diferencia está en cómo lo mezclan y cuál es el la cantidad de cosas que se le ponen.

Con Calderón el problema era la dosis y la manera de hacerlo: no había pastel porque no se sabía hornear o se abría el horno en el momento equivocado y entonces la masa quedaba apelmazada, dijo. El problema del sexenio anterior –añadió– fue que se confrontó a gobernadores y alcaldes; no había consenso, y Genaro García Luna imponía sus criterios.

González, coordinador de asesores de Antonio Lozano Gracia como procurador en 1996 y titular de la UEDO hasta 1998, consideró que a pesar de que hay policías que no están acreditados, las políticas de esta administración federal están encaminadas a otorgar beneficios comunes en términos salariales y de prestaciones, de ahí que será más fácil detectar agentes corruptos o coludidos .

Funcionarios del gobierno federal que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional aseguraron que la estrategia del gobierno de Peña se ha encaminado a las tareas de inteligencia y no de movilización de grandes contingentes de policías o militares, y se han establecido mecanismos de coordinación que no permiten la imposición de acciones.

Pese a las opiniones anteriores, una revisión de los discursos de los recientes secretarios de Gobernación revelan un enfoque similar en cuanto a atención a crisis, es decir, ayer como hoy se han anunciado envíos de fuerzas federales, el fortalecimiento o recomposición de la estrategia y del apoyo con gobernadores.

En 2011, el entonces responsable de Gobernación, Francisco Blake, dijo que ante la violencia la vía de solución era la reunión con gobernadores para revisar la estrategia. Luego, Alejandro Poiré, último secretario del ramo en la administración panista, solía hacer énfasis en los operativos conjuntos, la transformación institucional y el resarcimiento del tejido social.