Uno de los principales retos que enfrentará el nuevo titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Alfredo Castillo Cervantes, será abatir el rezago que tiene México en la defensa de los consumidores frente a la mayoría de las naciones de América Latina que, al impulsar asociaciones civiles, han logrado que surjan movimientos masivos, organizados, informados y profesionales de consumidores.

Así lo consideraron Adriana Labardini y Alejandro Calvillo, directores de las organizaciones Al Consumidor y El Poder del Consumidor, respectivamente, al solicitar al nuevo procurador que no nos cierre la puerta ni empiece de cero como hizo su antecesor, Humberto Benítez Treviño, quien ni siquiera convocó al Consejo Consultivo del Consumo de Profeco, del que forman parte, ni los invitó a participar en los foros de consulta del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

La gestión de Castillo Cervantes, manifestó Alejandro Calvillo, dependerá de qué tanto se asesore de expertos en la defensa de consumidores, como el citado consejo. Hay que ver qué tan abierto será este procurador en información y transparencia de los procesos de Profeco, lo que comenzó a hacerse a finales del sexenio pasado, porque de lo contrario habrá un retroceso, indicó.

Al recordar que Castillo Cervantes también proviene del ámbito de procuración de justicia como Benítez Treviño, aunque también es economista, Labardini advirtió que la protección a los consumidores no debe basarse únicamente en reforzar la parte punitiva y persecutoria con operativos de verificación y sanciones contra los proveedores, como hizo el procurador cesado, quien se ufanaba de aplicar mano dura y cero tolerancia contra los abusos.

La especialista expuso que las sanciones e inspecciones representan menos de 10 por ciento de la protección al consumidor ya que para Profeco deben ser fundamentales políticas públicas preventivas en alimentos y salud, telecomunicaciones, electricidad y publicidad, así como de acceso a la economía digital y protección de datos personales.

Este país se ha regido nada más por el lado de la oferta; es decir, de las empresas, de la industria y comercio, que son los que tienen la capacidad de organizarse y cabildear para imponer sus reglas. El gran reto es ver la protección al consumidor del lado de la demanda y no sólo compete a Profeco, sino a las secretarías de Economía, Salud, Desarrollo Social y Comunicaciones y Transportes para hacer una política transversal. La protección al consumidor es todo un campo de derechos humanos que abarca todo: derechos a la salud, información, del derecho a la banda ancha e Internet, a poder elegir, al acceso a la justicia y seguridad alimentaria, puntualizó Labardini.

Mercado de La Merced, en la ciudad de MéxicoFoto Roberto García Ortiz

El gobierno, dijo, tiene que invertir en un movimiento de consumidores porque México es el único país de América Latina donde no ha despegado uno masivo, organizado y profesional de asociaciones de consumidores. Existen desde los 80 en la región y en Estados Unidos hace un siglo, pero en México no tenemos nada parecido ni remotamente.

Aseguró que los gobiernos de Perú, Colombia, El Salvador, Chile, Argentina, Guatemala y Brasil, entre otras naciones, han dado un fuerte apoyo a las asociaciones de consumidores para que se vuelvan agentes claves del mercado, pero en México sólo se han dado enormes apoyos a las cámaras industriales y de comercio. A las autoridades, remarcó, se les olvidó durante 35 años dar fomento económico, legal y de recursos humanos a las asociaciones para que se vuelvan defensoras públicas y educadoras del consumidor pero también vigilantes del mercado.

Labarini expresó que le gustaría hacerle varias preguntas de frente a Castillo Cervantes para saber qué conocimientos tiene sobre la defensa de los consumidores, como la agenda mundial sobre el tema, los pilares o ejes en México de la protección a los consumidores, el rezago del país frente a América Latina en el empoderamiento de asociaciones de consumidores y su postura sobre las directrices marcadas por la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, pero no para que me las conteste seis meses después con sus asesores.

Consideró que no está mal que la Profeco aplique la ley contra los abusos de los consumidores, pero dijo que Benítez Treviño lo hizo con una visión muy miope, porque para eso necesitaba un millón de inspectores, lo cual se presta mucho a corrupción, y requería vigilar mercados, industrias, comercios, gasolineras. O sea Profeco se iba a convertir en un policía de los millones de establecimientos mercantiles del país por vigilar todos los changarros o Walmart. No es la manera de hacerlo.

También planteó que aunque el nombramiento del titular de Profeco es una facultad del Ejecutivo Federal, resultaba una excelente oportunidad para que se permitiera presentar candidatos a las asociaciones de consumidores y académicos, como los colegios de Economía y Derecho, dado que es una institución muy vinculada con la ciudadanía y tendría que hacerse de manera más científica, con filtros, como ocurrirá con los futuros comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), para que fueran examinados y evaluados para el puesto.