El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarruvias, confirmó que ya están en análisis dos iniciativas relacionadas con la legalización de las drogas y la no criminalización del consumo, sin embargo, consideró que el primer paso hacia una reforma al respecto debe ser escuchar la opinión de los expertos.

Foros muy amplios que involucren a especialistas en materia de salud, sociólogos, sicólogos, juristas y otros actores, y áreas de la administración pública.

Entrevistado antes de firmar en calidad de testigo el convenio de la Procuraduría Social (Prosoc) y el Instituto del Deporte (IDDF) para instalar gimnasios urbanos en las casi 800 unidades habitacionales de la ciudad, el legislador dijo que la ALDF acompañará al gobierno de la ciudad en las consultas y foros que se organicen.

Recordó que la ALDF tiene un convenio con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), específicamente con la Oficina contra la Droga y el Delito (Unodc), para analizar conjuntamente el tema y fortalecer el estado de derecho en el DF.

El paso siguiente que se debe dar es conocer las experiencias que se tienen en otros países que nos permita avanzar en una propuesta para la ciudad. Mucho se ha dicho que la autorización del consumo de drogas blandas no necesariamente implica un esquema que permita disminuir el consumo, yo creo que lo importante es la no criminalización y el tratamiento terapéutico, apuntó.

La primera iniciativa la presentó el diputado local del PRD, Vidal Llerenas Morales, que impulsa la despenalización y discriminalización del uso de mariguana con fines medicinales.

Su propuesta se centra en la regulación de grupos de consumidores en espacios seguros, donde se realicen exámenes médicos y se proporcione suficiente información sobre los riesgos de dicha actividad, como ya se realiza en los estados de Washington y Colorado, en Estados Unidos.

La segunda es del también legislador perredista, Daniel Ordóñez Hernández, que consiste en un proyecto de decreto de ley para el tratamiento jurisdiccional de las adicciones del Distrito Federal, con la que se busca terminar con la criminalización de las adicciones y propiciar la rehabilitación de quienes delinquen bajo el influjo, abuso o dependencia de sustancias adictivas con la supervisión de un tribunal de tratamiento para las adicciones.