La estrategia de seguridad y combate a la delincuencia organizada del gobierno de Enrique Peña Nieto debe incluir el rescate de políticas públicas encaminadas a brindar más oportunidades de empleo y educación a hombres y mujeres de todas las regiones del país.

Diputados de PRI, PRD y Partido del Trabajo coincidieron en que el despliegue de elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República no debe ser únicamente punitivo en las áreas y regiones donde se asientan los grupos delictivos. Debe estar acompañado de nuevas tácticas de investigación e inteligencia que contribuyan a abatir desde su raíz el crecimiento de la delincuencia.

Loretta Ortiz (PT) expuso que hasta la fecha la estrategia gubernamental para enfrentar el flagelo del narcotráfico tiene similitud con la emprendida por el panista Felipe Calderón, quien irresponsablemente sacó al Ejército de sus cuarteles para insertarlo en el territorio nacional. Si continuamos con esa estrategia vamos a pagar como sociedad, porque seguimos siendo cobija y cobertor de delincuentes. Se está deteniendo a personas inocentes y se fabrican testigos, mientras que los delincuentes se encuentran en la calle. El problema es que impera la impunidad, porque la mayoría de los elementos instruidos para el combate a la delincuencia no están debidamente capacitados.

El vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve, descartó que la estrategia desglosada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tenga relación alguna con la calderonista. No es semejante, ni mucho menos; la que se dio a conocer hace algunos días está diseñada con responsabilidad y cuenta con el respaldo del grupo parlamentario del PRI.

–Con Calderón el uso de las fuerzas armadas fue indiscriminado. ¿Ahora se perfila un cambio de criterio en ese sentido? –se le inquirió.

–No coincido en que la estrategia del presidente Peña Nieto tenga que ver en nada con la de Felipe Calderón. Es evidente que no va a desaparecer de la noche a la mañana la presencia del Ejército en los estados en donde ayuda a generar condiciones de tranquilidad.

Soy un convencido de la participación social en las determinaciones que tienen que ver con su futuro, pero en este caso no se le puede pedir que se involucre en el combate a la delincuencia. Lo que sí debemos hacer es reforzar el fortalecimiento de los valores, y los programas civiles que debemos encabezar con nuestros hijos y con los jóvenes en general para fortalecer los valores morales.

La vicepresidenta camaral, Aleida Alavez (PRD), reiteró la urgencia de fortalecer las atribuciones de la Procuraduría General de la República, pues seguimos en la inercia de no invertir en investigación; en torno a la participación ciudadana, se debe fortalecer la toma de decisión de la sociedad respecto a las estrategias de los gobiernos y es necesario, sobre todo, que se aliente la participación social en este tema tan delicado.

El vocero del PRD en San Lázaro, Carlos Reyes Gámez, sugirió que el sector mayoritario de la sociedad espera mayor claridad de las autoridades para el desglose de la estrategia anticrimen.

La política en la materia, promovida por el gobierno de (Felipe) Calderón mostró desde años atrás su inviabilidad al generar una cultura de violencia nunca vista, y por encima de ello cientos de miles de muertos y desaparecidos. El problema es que el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, se está ocupando en auspiciar reformas que van en el sentido de restablecer el poder político priísta, las líneas de control político del PRI, dejando a un lado los temas de seguridad. Ha impulsado un plan mediático que pretende, ante el horror evidente, dejar de informar en las primeras planas de los diarios y en los noticiarios de televisión y radio los temas de violencia y delincuencia. El secretario Osorio no se ha percatado de que la descomposición continúa e insiste en relegar el tema de la delincuencia a pesar de que es fundamental.