Madrid, 24 de mayo.

José Castro, titular del juzgado número tres de Palma de Mallorco, abrió una investigación por delito fiscal contra la infanta Cristina, hija menor de los reyes de España –Juan Carlos y Sofía–. El magistrado sospecha de diversas irregularidades que se desprenden de sus ejercicios fiscales y sus cargos de responsabilidad en las empresas creadas por su marido, Iñaki Urdangarin, en una trama de corrupción política y empresarial. Esto abre la posibilidad de que la hija de los monarcas sea imputada de los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Urdangarin se asoció con el empresario Diego Torres para crear una sociedad, desde la que presuntamente utilizaban su imagen y contactos públicos para obtener contratos con las administración autonómicas y municipales de Madrid, Valencia e Islas Baleares.

La justicia sospecha que entre 2002 y 2007 pudieron evadir más de 15 millones de euros del erario, en muchos casos mediante contratos para realizar algún informe o consultoría que después ni siquiera se efectuaba. También es posible que se utilizara una campaña para combatir la desnutrición infantil en África para desviar el dinero a las cuentas personales de los dos principales imputados, Urdangarin y Torres.

Impiden comparecencia

En abril, la sala de la Audiencia Provincial de Palma suspendió la imputación de la infanta Cristina por falta de pruebas, lo cual impidió que prestara declaración judicial bajo juramento. Al menos hasta ahora, porque el magistrado Castro, a pesar de las enormes presiones a que está siendo sometido desde la Fiscalía General del Estado como desde el gobierno del conservador Mariano Rajoy, decidió abrir una nueva vía de investigación, la del fraude fiscal.

La Agencia Tributaria española advirtió que durante 2007 y 2008, ejercicios en los que Urdangarin habría defraudado a Hacienda al menos 240 mil euros, utilizó pantallas para tributar gastos, al tiempo que se aclaró que la hija de los monarcas pasó de percibir 162 mil euros en 2008 por rendimientos de trabajo a 311 mil un un año después. Es decir, en menos de un año duplicó sus ingresos.

Lo grave del informe de la Agencia Tributaria es que, a pesar de esos datos que ponen en evidencia las supuestas irregularidades, se recomienda al magistrado que no abra diligencias y cierre el caso. Al menos así se aseguraba en la versión parcial del informe que publicó el diario La Razón.