yer, durante la presentación del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el director de Amnistía Internacional-México, Daniel Zapico, señaló que el cambio de discurso del actual gobierno en materia de seguridad y combate a la delincuencia no se ha traducido en modificaciones significativas en el ámbito del respeto a las garantías individuales, respecto de la administración anterior. Las declaraciones se suman a los señalamientos formulados en el referido documento, de los cuales se dio cuenta ayer mismo en estas páginas, de que el gobierno de Felipe Calderón concluyó con una estela de numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de la fuerza pública y ‘‘se negó sistemáticamente a reconocer la envergadura y gravedad de los abusos y la falta de credibilidad de las investigaciones oficiales’’, lo que derivó en un ambiente de impunidad generalizada.
Ciertamente, los señalamientos formulados por AI sobre la pasada administración no constituyen novedad alguna: la multiplicación de los casos de tortura, desaparición forzada, detención arbitraria y cateos ilegales, entre otros atropellos a las garantías individuales, ha sido amplia y reiteradamente documentada a lo largo de los pasados seis años, tanto por organizaciones humanitarias –el caso de la propia AI– como por organismos públicos, empezando por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; por luchadores sociales y por medios de información y actores políticos, académicos y culturales. La negativa a reconocer la gravedad de tales atropellos es fiel reflejo de la mentalidad que caracterizó al pasado gobierno federal y a su titular, reacios a entender que la defensa de la legalidad no puede emprenderse violando las leyes que se pretende defender.
Mucho más preocupante, en todo caso, son las afirmaciones en torno a la falta de un cambio visible en la observancia de las garantías individuales en el momento actual, pues ello da cuenta de una inaceptable continuidad en el patrón de violaciones a los derechos humanos y de impunidad generalizada que suelen gozar los responsables.
Cuando la administración encabezada por Enrique Peña Nieto está por cumplir su sexto mes, tal persistencia resulta particularmente desesperanzadora, no sólo porque cuestiona la intención presidencial de poner distancia ante la desastrosa línea de acción del sexenio anterior, sino también porque sugiere que se mantiene vigente la cadena de impunidades de Estado que recorre la historia reciente del país: desde la masacre de Tlatelolco, la guerra sucia de Luis Echeverría y José López Portillo, la proliferación de homicidios políticos durante el salinato y la política contrainsurgente de Ernesto Zedillo, hasta los excesos represivos del sexenio de Vicente Fox –Lázaro Cárdenas, Atenco y Oaxaca– y los abundantes atropellos a la población en el contexto de la guerra
contra la delincuencia emprendida por Calderón.
La continuidad de uno de los principales componentes de la descomposición institucional, legal y política del país mina la perspectiva de reorientar el rumbo nacional con miras al restablecimiento pleno del estado de derecho y la recuperación de la gobernabilidad. Es urgente, por ello, que el actual gobierno formule cuanto antes un deslinde, emprenda un viraje en los usos policiales y militares de años recientes y muestre voluntad política para garantizar la observancia de los derechos humanos. Y ese viraje debe tener un punto de partida obligado y concreto: el pleno esclarecimiento de las violaciones a las garantías individuales perpetradas tanto en el sexenio anterior como en lo que va del actual, y la aplicación de sanciones a los responsables.
