Durante el último año del sexenio de Felipe Calderón, en México siguieron ocurriendo delitos como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, tortura y violencia en contra de sectores vulnerables, sin que las autoridades reconocieran la gravedad del problema e incluso con la complicidad de servidores públicos, señala el informe 2013 de Amnistía Internacional (AI).

En el texto se subraya que el gobierno de Calderón –que culminó con 60 mil víctimas de homicidio y 150 mil de desplazamiento forzoso en el marco de la ‘‘guerra’’ contra el crimen organizado– ‘‘se negó sistemáticamente a reconocer la envergadura y gravedad de los abusos y la falta de credibilidad de las investigaciones oficiales’’, enmedio de un ambiente de impunidad generalizada.

Al desglosar por temas los resultados de su análisis, AI indicó que las autoridades judiciales mexicanas siguieron recurriendo de forma ‘‘generalizada’’ a la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos para obtener confesiones en los interrogatorios y forzar a los detenidos a inculparse de delitos que no cometieron.

Un ejemplo de ello es la persistencia del arraigo, cuyo uso sólo se eliminó en tres estados a pesar de que el Comité contra la Tortura, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pidió su eliminación total en noviembre del año pasado.

En lo que se refiere a las desapariciones forzadas, el documento recordó que un informe filtrado de la Procuraduría General de la República (PGR) contiene al menos 25 mil casos de personas desaparecidas o ‘‘no localizadas’’, ocurridos durante el gobierno calderonista, en muchos de los cuales habían participado servidores públicos.

‘‘En la mayoría de las ocasiones –subrayó Amnistía Internacional– seguía sin conocerse la suerte que había corrido la víctima. Las autoridades a menudo se mostraban reacias a investigar los casos, especialmente las desapariciones forzadas’’, por lo que los familiares debían realizar investigaciones por su cuenta, exponiéndose de esta forma a situaciones peligrosas.

Además, el gobierno federal ‘‘seguía sin cumplir su compromiso de crear una base de datos nacional sobre personas desaparecidas’’, y no ha identificado al menos a 15 mil 921 cadáveres en morgues y a mil 400 restos hallados en fosas clandestinas.

En el rubro de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales, el informe destacó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ‘‘registró al menos 25 asesinatos de transeúntes en enfrentamientos armados entre bandas delictivas y las fuerzas de seguridad’’, la mayoría de los cuales no se investigaron.

Un caso paradigmático de dicha situación es el de los dos alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, que fueron abatidos en diciembre de 2011, mientras participaban en una protesta en la Autopista del Sol.

Uno más, subrayó el informe, es el de la indígena Carmen Puerta Carrillo, quien el 3 de febrero del año pasado murió por disparos de arma de fuego cuando pasaba conduciendo junto a una base militar en la comunidad de Baborigame, en el estado de Chihuahua. De acuerdo con testigos presenciales, los soldados hicieron fuego sin que mediara advertencia ni provocación.

De igual manera, el documento de Amnistía Internacional alertó que los migrantes indocumentados siguen siendo víctimas de secuestro, asesinato, reclutamiento forzoso en bandas criminales, detención arbitraria, explotación sexual y extorsión, sin que el gobierno impida o castigue dichos crímenes.

Los periodistas y defensores de derechos humanos, abundó el informe, continuaron sufriendo agresiones y amenazas; los pueblos indígenas padecieron exclusión, discriminación y falta de consulta sobre megaproyectos en sus territorios, y las mujeres y niñas aún sufren condiciones graves de violencia sin que las autoridades frenen esos ataques.

Como botones de muestra de lo anterior, el organismo internacional recordó el caso del albergue para migrantes ubicado en Lechería, estado de México, que se vio obligado a cerrar sus puertas en julio de 2012 luego de recibir amenazas de bandas delictivas y ante la falta de acción de las autoridades para protegerlos.

De igual manera, subrayó el asesinato de los periodistas Regina Martínez, Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez –todos ellos ocurridos en el estado de Veracruz–, así como la detención arbitraria de la activista Lucila Bettina Cruz, quien participó en diversas movilizaciones pacíficas en contra de la instalación de un parque de energía eólica.

Por último, AI indicó que a pesar de los llamados para acotar el ámbito de justicia castrense, ‘‘en abril se bloquearon las propuestas de reforma al Código de Justicia Militar destinadas a excluir las violaciones de derechos humanos’’.