La asesora de arte Patricia Marshall, reconocida mundialmente por encabezar una de las galerías de arte más renombradas en Beverly Hills (California, Estados Unidos), fue acusada de fraude ante la Procuraduría General de la República (PGR) por un empresario mexicano, que el 14 de julio de 2011 le pagó 98 mil 500 dólares por concepto de apartado de una obra del artista conceptual japonés On Kawara.

Sin embargo, en lugar de entregar la pintura al comprador mexicano, la especialista en arte optó por vender la obra a otro cliente que mejoró la oferta, y desde entonces se ha negado a devolver el dinero al ahora denunciante.

La querella contra Marshall fue presentada en enero de 2012 a nombre de Juan Pablo Carranza Escobosa, empresario del ramo de la construcción, por lo que se abrió la averiguación previa PGR/DDF/SPE-XXVIII/6234/11-12.

El 23 de abril de ese año, mientras llegaba a México procedente de Estados Unidos, la asesora de arte fue retenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en cumplimiento a una orden de comparecencia, y conducida a la oficina del Ministerio Público Federal anexa a la terminal aérea, pero después de varias horas de permanecer declarando sobre esos hechos, los fiscales federales le permitieron retirarse.

En entrevista con La Jornada, el penalista Xavier Olea, quien ahora es el abogado de Carranza, dijo que la PGR –a cargo entonces de Marisela Morales, hoy cónsul de México en Milán, Italia– permitió a Patricia Marshall retirarse después de que la mujer hizo uso de sus influencias.

La asesora de arte pidió el apoyo de Gerardo Ruiz Mateos, encargado en ese año de la oficina de la Presidencia de la República, quien habría intercedido a favor de que la liberaran, refirió Olea. 

Pero la protección que la PGR dio a Marshall no terminó ahí, añadió el abogado.

En septiembre de 2012, tres meses antes de que terminara el sexenio del presidente Felipe Calderón y la gestión de Marisela Morales al frente de la PGR, la dependencia federal optó por archivar esa indagatoria tras decretar procedente la consulta de no ejercicio de la acción penal, es decir, que se concluyó no pedir una orden de aprehensión contra la inculpada.

Inconforme con esa determinación, Carranza Escobosa recurrió al amparo.

En su sesión de ayer, el séptimo tribunal colegiado en materia penal (expediente 02/2013) concedió un amparo a Carranza para efecto de que la PGR reabra la averiguación previa, desahogue diversas diligencias pendientes y vuelva a resolver si existen elementos para pedir la aprehensión de Marshall.