El Plan Nacional de Desarrollo (PND), así como la reforma educativa, fortalecen la perspectiva de inclusión y, por ende, protegen y fomentan la diversidad cultural en el país, condición necesaria para vivir en paz y dignidad y para consolidar el desarrollo, sostuvo Rosalinda Morales Garza, directora general de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Entrevistada al concluir una ceremonia realizada en la SEP con motivo del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, la funcionaria detalló que el PND presentado esta semana habla de fortalecer la educación indígena, de migrantes y de la niñez en riesgo de exclusión, y remarcó que el objetivo del PND es equiparar condiciones y desempeños en las escuelas y aseguró que en ese mismo camino se encuentra la reforma educativa.

Acotó para conseguirlo se desplegarán diversas estrategias: hablo de subsidios, de prioridad en infraestructura, en conectividad, y también en el uso de tecnologías de la información y la educación, y destacó que los niños indígenas de educación básica beneficiados por estas políticas serán alrededor de 1.3 millones en escuelas situadas en comunidades originarias y un número similar de niños en situación de migración y vulnerabilidad.

Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señaló en el contexto de la conmemoración establecida por la ONU que México debe signar el protocolo facultativo que reconoce los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como parte del conjunto de las demás garantías individuales, por lo cual llamó a las autoridades a suscribirlo.

Con esto coincidó Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), quien comentó que aunque el Estado mexicano ratificó la declaratoria de la Unesco sobre la diversidad cultural, no ha signado el protocolo facultativo del pacto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que acaba de entrar en vigor este mes a escala mundial.

Sostuvo que en la línea de lo planteado en la Constitución en materia de derechos humanos, como lo ha expuesto el PND, un paso lógico sería la ratificación del protocolo.