El nuevo rostro para el campo, como se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, es un cúmulo de buenas intenciones. No hay planteamientos novedosos ni considera al sector agropecuario como un asunto de seguridad nacional. Es preocupante que el gobierno no haya tomado en cuenta las propuestas que se presentaron en la consulta para elaborarlo, asentaron dirigentes de seis agrupaciones que integran el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas y del Frente Nacional Campesino.

Hay coincidencias en el diagnóstico pero no se refleja una voluntad política de cambio, pues se reciclan las mismas políticas de gobiernos anteriores, apuntala al sector agropecuario comercial y no se especifica la estrategia para reducir la dependencia alimentaria, la desigualdad entre las regiones y el déficit de la balanza agropecuaria, por ejemplo, comentaron, por separado, los líderes de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC); Coalición Democrática de Organizaciones Urbanas y Campesinas (Coduc),Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) Unión Campesina Democrática (UCD) y Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA).

El PND indica que el sector agroalimentario, por ser estratégico para el país, requiere un enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad, por ello se invertirá en el desarrollo del capital físico, humano y tecnológico; impulsarán modelos de asociación que generen economías de escala; establecerán mecanismos de administración de riesgos; instrumentos para rescatar y preservar los recursos genéticos, pero también para aprovechar el desarrollo de la biotecnología.

El campo tiene alta vulnerabilidad a riesgos climáticos, sanitarios y de mercado, así como una elevada dependencia externa de insumos estratégicos, asienta el documento gubernamental y subraya que fomentará un desarrollo regional más equilibrado entre las entidades del norte y del sur-sureste; realizará una evaluación y revisión de los programas existentes para que la política de fomento agroalimentario transite desde los subsidios a los incentivos hasta la productividad.

Víctor Suárez Carrera, director de la ANEC, apuntó que no hay un cambio en la orientación de las políticas vigentes desde hace dos décadas, ni tampoco se alude a un replanteamiento de los tratados comerciales ni especifica cuál será el papel del Estado para estabilizar los precios a los productores y consumidores.