El secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Oaxaca, Rubén Núñez Gines, demandó al gobierno federal que se llegue a fondo en las investigaciones sobre la presunta implicación de profesores disidentes en el secuestro de los sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, pues destacó que sólo dos de los detenidos ‘‘son maestros de la región del Istmo’’, mientras que dos más participan en una organización social.

En tanto, cientos de profesores oaxaqueños realizaron una manifestación frente a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) en demanda de la liberación de los maestros que fueron detenidos en Oaxaca el pasado 18 de mayo.

Asimismo, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) denunció que los mentores Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano Grijalva Villalobos –identificados como profesores de la sección 22– y Sara Altamirano Osorio, así como el mixe Damián Gallardo Martínez, fueron objeto de detención arbitraria e incomunicados durante más de 20 horas antes de ser puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR).

En entrevista por separado, Núñez Gines explicó que la detención de los docentes ‘‘fue sorpresiva. La primera denuncia que tuvimos es que habían desaparecido, pero luego se confirmó que se trataba de una aprehensión. Hasta el momento no tenemos ningún indicio de que se dedicaban a otra cosa que no fuera su trabajo docente’’.

El dirigente –miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación– aseguró que los maestros involucrados son Mario Olivera y Lauro Atilano Grijalva, mientras que Damián Gallardo y Sara Altamirano ‘‘no son profesores, sino forman parte de una organización civil’’, aunque reconoció que a los cuatro se les está brindando el apoyo del equipo jurídico del magisterio disidente.

Por su parte, Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh, aseguró que de acuerdo con las investigaciones realizadas por la organización no gubernamental, la familia de Damián Gallardo ha sido ‘‘presionada’’ por personal de la PGR para que firme documentos con los que supuestamente la autoridad trata de acreditar ilegalmente que aceptaron comparecer ante el Ministerio Público y declarar en torno de hechos que estarían vinculados con el secuestro de dos menores el pasado 14 de enero en Oaxaca.

Los familiares de Mario, Lauro Atilano y Sara exigieron su inmediata liberación ‘‘porque desde hace más de 20 años han laborado como profesores y han ocupado diversos cargos públicos en el municipio de Jalapa del Marqués, Oaxaca, y lo que se está haciendo es castigar la protesta social’’, señalaron a las puertas de la Seido.