Guatemala, 21 de mayo.

La ciudadanía guatemalteca reaccionó hoy de nuevo dividida ante la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que con una votación de tres a dos anuló la noche del lunes la condena por genocidio contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, que hace 10 días había sido sentenciado a 80 años de cárcel.

En redes sociales, radio y medios escritos, activistas y ciudadanos expresaron su apoyo o rechazo al dictamen que anuló todo lo actuado en el debate oral a partir del 19 de abril. En tanto, Amnistía Internacional (AI) calificó la decisión como un golpe devastador para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.

El tribunal (constitucional), hizo justicia; eran demasiadas las aberraciones jurídicas y una vez más el tiempo nos da la razón, dijo Francisco García, abogado defensor del ex jefe de gobierno de facto (1982-83). La defensa, además, anunció que buscará que los tres jueces que el 10 de mayo condenaron al ex dictador sean remplazados para proseguir el juicio.

Quien queda mal es el Estado

Este día, los tres magistrados de la tercera sala de apelaciones se excusaron de conocer el fallo de la máxima instancia judicial del país y convocaron a sus suplentes para que conozcan la resolución tras haber recibido la notificación de la CC, informó el vocero de esa sala, Sergio Lima.

El abogado Héctor Reyes, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), uno de los querellantes adhesivos, dijo que tras el fallo de la CC, quien queda mal es el Estado guatemalteco ante los ojos del mundo. Otras organizaciones humanitarias deploraron lo ocurrido como una burda maniobra jurídica.

Los dos votos en contra de la decisión correspondieron a los magistrados Mauro Rodrigo Chacón y Gloria Porras. Chacón representa a la Universidad de San Carlos y Porras al Ejecutivo, aunque fue nombrada durante el anterior gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom (2008-2012). Al frente del actual gobierno está Otto Pérez, un militar retirado de derecha.

Chacón y Porras razonaron su veredicto señalando una extralimitación en la resolución de la CC, que además calificaron de ambigua y advirtieron que está dejando desprotegidas a las víctimas. Porras argumentó que no es procedente anular las actuaciones de un tribunal por medio del recurso de queja, pues para ello existe la vía ordinaria en el sistema de justicia.

A su vez, Chacón señaló que el acto reclamado por el postulante (la defensa) no conlleva agravio alguno susceptible de ser reparado en sede constitucional, pues el abogado (García, defensor) conocía de antemano la integración del tribunal.

No obstante, el conflicto surgió a partir de la estrategia de la defensa para detener el proceso desde el primer día de audiencias, el 19 de marzo. La estrategia se basó en recusar a dos de los tres jueces del tribunal, solicitar un amparo con lo que se logró la suspensión provisional del juicio, y finalmente alegar que no se cumplió dicho amparo otorgado por la sala de apelaciones.

Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión el viernes 10 de mayo por el tribunal A de mayor riesgo, que lo halló culpable de los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Otro militar acusado, José Mauricio Rodríguez, jefe de los servicios de inteligencia durante el mandato de Ríos Montt, fue absuelto, pero la CC también anuló ese fallo.

Ambos militares fueron juzgados por la matanza de al menos mil 770 indígenas ixiles en el departamento de Quiché, al norte de Guatemala.

Mientras se decide el reinicio del juicio, como ordenó la CC, se informó que el ex dictador, de 86 años, continuará en el Hospital Militar por quebrantos de salud.

Al condenar la anulación de la sentencia, Amnistía Internacional señaló que los fundamentos legales del fallo no están claros, y ahora es incierto cómo puede apretar el tribunal el botón de reinicio para regresar al punto en el que estaba a mediados de abril.

Abogados canadienses que apoyaron a demandantes civiles en el proceso contra Ríos Montt, expresaron su preocupación por el fallo que anula la sentencia.