n la Unión Europea medios y gobiernos denuncian con regularidad ataques reales o supuestos contra la libertad de expresión, siempre que éstos tengan lugar fuera del espacio Schengen, en el cual, se supone, la prensa es independiente y objetiva y las autoridades respetan las libertades de decir y de enterarse: Europa occidental es el paradigma de cómo deben ser las relaciones entre el poder y la información. Esa idea, eurocentrista a más no poder, es articulada en forma sistemática por organismos sí gubernamentales (OSG, digamos, porque reciben generosos subsidios de dinero público) dispuestos a poner el grito en el cielo por cosas tan distintas como el asesinato de una periodista en Rusia (presuntamente urdido desde alguna oscura oficina gubernamental) y una demanda penal interpuesta con todas las de la ley por el presidente ecuatoriano en contra de difamadores con patente de periodistas. También defienden a capa y espada a consorcios mediáticos entregados a sus actuales dueños tras despojos realizados por regímenes militares y meten las manos al fuego por la salud moral de aparatos de propaganda electrónica golpista como los que operan en Venezuela. Tales organizaciones tienen como misión la denuncia de ataques a la libertad de expresión que ocurran fuera de la Europa comunitaria. Muchas veces documentan y difunden casos reales, y se agradece; pero ocurre también, en ocasiones, que para cumplir con su cuota mensual de denuncias inventan sin más la historia y convierten a la víctima de un asalto o de un marido celoso en mártir de la libertad de expresión.
La trilogía gobiernos-medios-OSG ha conformado un discurso único que desinforma a la opinión pública y que ha cimentado una fórmula ideológica basada en antonimias absurdas. En el caso de América Latina, por ejemplo, los gobernantes se dividen en dos clases: populistas
y demócratas
. Los primeros buscan alternativas al modelo económico neoliberal, afectan con ello intereses de una que otra transnacional y recurren a la ley en contra de consorcios mediáticos desbocados. Los segundos –como en Colombia y México– pueden haber llegado al poder por medios desaseados y cuestionables y acaso son responsables de una violencia sin precedentes, pero no afectan los intereses trasnacionales.
Cuando las autoridades madrileñas criminalizan a un diario vasco que no ha cometido más delito que el de simpatizar con el independentismo regional, encarcelan a sus trabajadores y lo clausuran, el triángulo medios-autoridades-OSG se lanza al coro denostador de los perseguidos o, al menos, cierra la boca. Al paso de los años las instancias judiciales determinan que aquello ha sido una barbaridad y un atropello, pero ya nadie recuerda nada.
O tomen como ejemplo el caso de Julian Assange. El fundador de Wikileaks enfrenta una orden de arresto de las autoridades suecas para someterse a un interrogatorio por dos supuestas agresiones sexuales. Se trata de un invento que cae por su propias incoherencias (véase la historia en http://goo.gl/5Tz43). Es la Casa Blanca, y no dos borrosas mujeres suecas, la verdaderamente ofendida por Assange, y la demanda de extradición de Estocolmo a Londres (en donde el australiano permanece refugiado desde hace casi un año en la embajada de Ecuador) es parte de un operativo trinacional para que el gobierno gringo pueda echarle el guante. El motivo: que el fundador de Wikileaks ha evidenciado a Washington ante el mundo como perpetrador de crímenes de guerra, actos de corrupción e intromisiones ilegales en otros países.
En tanto Assange documentó atrocidades del poder perpetradas en Kenia, recibió premios y reconocimientos de gobiernos y organismos de Occidente. Pero en cuanto difundió las miserias de la política exterior de Estados Unidos empezó a ser tratado como un criminal y The New York Times lo degradó de súbito de periodista a informante
. Y hasta la fecha.
Hace unos días el periodista australiano exhibió unos correos electrónicos internos del servicio secreto británico en los que se admite que las acusaciones suecas son un montaje y se reconoce implícitamente que la demanda de extradición de Londres a Estocolmo es una maniobra para entregarlo a Estados Unidos. (http://goo.gl/tGfNp).
La próxima vez que piensen en gobiernos que persiguen a los informadores no se limiten a pensar en China, Bielorrusia o Sierra Leona. Las democracias impolutas de Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos también están en la lista.
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Enlaces:
Los cables sobre México en WikiLeaks
