ste 15 de mayo, la celebración del Día del Maestro fue diferente a la de años anteriores. El centro del acto oficial no fue el reconocimiento presidencial a la labor del magisterio ni el anuncio del incremento anual al salario de los docentes, sino la defensa de la reforma educativa.

En contraste, en más de la mitad de las entidades del país, centenares de miles de maestros tomaron las calles para exigir la abrogación de la reforma educativa y denunciar el raquítico aumento obtenido por la dirigencia institucional del sindicato.

La ceremonia oficial en Los Pinos estuvo marcada por la ausencia de Elba Esther Gordillo, al frente del sindicato magisterial durante casi 24 años, y hoy inquilina en el reclusorio de Tepepan. Su lugar fue ocupado, con más pena que gloria, por Juan Díaz de la Torre. Su presencia fue de utilería. Como menciona la nota de Rosa Elvira Vargas y José Antonio Román en La Jornada, Peña Nieto hizo referencia al SNTE sólo en dos ocasiones.

Las movilizaciones magisteriales del 15 de mayo muestran que el descontento contra la reforma educativa es una bola de nieve que crece cada día. Se extiende a estados en los que aparentemente no sucede nada y se radicaliza. En Chiapas, los profesores de la sección 7, comenzaron un paro indefinido de labores. En Baja California, los docentes bloquearon durante 90 minutos la garita internacional Tijuana-San Isidro.

Enrique Peña Nieto dijo en Los Pinos que la educación no se privatiza ni se concesiona, que es y seguirá siendo una función pública irrenunciable del Estado mexicano. Aseguró que los derechos del magisterio están a salvo. Los maestros democráticos lo desmintieron. Denunciaron que la reforma educativa abre la puerta a la privatización de la enseñanza y afecta gravemente conquistas laborales, como la de la permanencia en el empleo.

En la ceremonia estuvo presente, pero no habló, Emilio Chuayffet, secretario de Educación Pública. Sus continuos desplantes autoritarios han polarizado el mundo educativo. Sus muy desafortunadas declaraciones sobre la reforma y el conflicto magisterial han avivado la llama del descontento entre los profesores.

Para los maestros, la negociación salarial fue un fracaso. El SNTE obtuvo apenas un aumento directo al sueldo de 3.9 por ciento, 1.7 en prestaciones y 0.35 en otras bolsas de apoyo. El resultado está por debajo de lo alcanzado en años anteriores. Es la primera ocasión en los últimos siete años, que el sindicato no rebasa el tope salarial para los trabajadores.

El 14 de mayo, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, y los dirigentes de PRI, PAN y PRD se reunieron durante dos horas con una comisión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Los maestros presentaron un programa alternativo de enseñanza, claramente diferenciado de la nueva reforma, titulado Hacia la educación que necesitamos los mexicanos, que hizo evidente que tienen propuestas educativas sólidas. Además, expresaron sus críticas y preocupaciones a la reforma y exigieron su abrogación. Los integrantes del pacto respondieron que no hay marcha atrás en ella y ofrecieron presentarles un documento explicando sus bondades. Al finalizar quisieron que se hiciera una declaración conjunta ante la prensa, pero los profesores se negaron a tomarse la foto con ellos.

“La reunión –resumió como balance Francisco Bravo, secretario general de la sección 9 democrática– puede ser la base para avanzar y construir acuerdos, pero también puede quedarse en una reunión de buenas intenciones.”

Mientras, cobra fuerza entre especialistas educativos y juristas una interpretación de los alcances y contenidos de la reforma, contrapuesta tanto a la defendida por Emilio Chuayffet como a la incorporada en las propuestas de legislaciones secundarias que se analizan en la Cámara de Senadores. Este análisis aborda tres conflictos: federalismo educativo, evaluación única y permanencia en el empleo.

La reforma –apunta esta lectura– no es centralista, ya que no enuncia de manera explícita que la rectoría de la educación será exclusiva de la Federación, e, incluso, deja algunos espacios abiertos para la incorporación del orden local y municipal en dicha actividad.

Sobre la evaluación, señala que la reforma la define como obligatoria, pero no como única. El concepto de evaluación única no aparece una sola vez en la iniciativa del Ejecutivo o los dictámenes de ambas cámaras. Además, una reforma educativa con una evaluación única sería contraria al orden constitucional, que indica que hay que fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad. Por ello, –sostiene– se puede acordar en la legislación secundaria la disposición a efectuar una evaluación elaborada a partir de los lineamientos del INEE, pero con contenidos regionales propios.

La reforma –señala esta interpretación– condiciona la permanencia en el empleo a la evaluación, pero se refiere no a quienes ya están trabajando y adquirieron derechos, sino a quienes se vayan integrando al servicio docente a partir de la promulgación de la nueva legislación. El derecho a la irretroactividad cuando una norma nueva sea perjudicial, es un derecho constitucionalmente reconocido a los maestros y a todo mexicano en términos del artículo 14 de la Constitución.

Nuevos vientos soplan en la educación pública. La resistencia magisterial contra la reforma educativa crece y se extiende nacionalmente. Las negociaciones entre ese movimiento, el gobierno federal y el Pacto por México comienzan a abrirse. Nuevas lecturas de la reforma que liman sus aspectos más punitivos y controladores comienzan a abrirse paso entre especialistas educativos y juristas. La economía se desploma. El gobierno federal necesita concentrarse en sacar adelante las reformas para aumentar y generalizar el IVA y privatizar Pemex. Para hacerlo, le urge quitar presión a las protestas de los maestros, convertidos en un actor incómodo e inesperado. ¿Dejará de lado algunos de los aspectos más negativos de la reforma educativa? El desenlace de esta historia no está escrito. Pero, por lo pronto, los nuevos vientos anuncian tempestades.