La desarrolladora de vivienda Urbi volvió a incumplir con el pago de intereses generados por una deuda con emisión de 6.4 millones de dólares contraída a través de una colocación de certificados bursátiles en el mercado de valores.

Este lunes la empresa informó a los inversionistas que no tiene planes de hacer dicho pago de intereses en este momento. La constructora de vivienda, una de las tres más grandes del país, había recibido un periodo de gracia de 30 días a partir del 19 de abril, cuando se venció el primer plazo para el pago de los intereses de la deuda.

En el comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores la empresa remarca: Urbi, Desarrollos Urbanos, anuncia que el periodo de gracia de 30 días en el pago de intereses de sus bonos con vencimiento en 2016 por 6.4 millones de dólares expiró el 19 de mayo de 2013. La empresa no tiene planes de hacer dicho pago de intereses en este momento.

La situación financiera ha quedado con un deterioro tal que desde el pasado 30 de abril la asamblea de accionistas aprobó un salvavidas para sus integrantes: Se aprueba que la sociedad quede obligada a sacar en paz y a salvo a los miembros, propietarios y suplentes, y funcionarios del consejo de administración y de los comités de auditoría, de prácticas societarias y de planeación y finanzas, al secretario y prosecretario, al director general y demás directivos relevantes, de cualquier reclamación, demanda, procedimiento de investigación que pudiera iniciarse en México o en cualesquiera de los países en los que se encuentren registradas o coticen acciones de la sociedad, otros valores emitidos con base en dichas acciones u otros valores de renta fija o variable emitidos por la propia sociedad, en los que dichas personas pudieran ser partes en su calidad de miembros de dichos órganos, propietarios y suplentes, funcionarios o directivos, incluyendo el pago de cualquier daño o perjuicio que se hubiera causado y las cantidades necesarias para llegar, en caso de estimarse oportuno, a una transacción, así como la totalidad de los honorarios y gastos de los abogados y otros asesores que se contraten para velar por los intereses de esas personas en los supuestos mencionados.