En la mayoría de los pozos de carbón del país los mineros no cuentan con contratos de trabajo, no están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no los liquidan o se les despide de manera injusta, no tienen capacitación, sindicato, equipo de seguridad mínimo –botas, lámparas y cascos– y no les dan autorescatadores. Los socavones incumplen las normas de seguridad e higiene, como tener elementalmente una salida de emergencia. Además, carecen de comedores, sanitarios y enfermería.

Todo ello está documentado en un reporte especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre minas de carbón, se informó en el contexto de la misa mensual que la Familia Pasta de Conchos realiza frente a Grupo México para recordar a los trabajadores muertos en ese yacimiento en 2006.

En la ceremonia litúrgica se comentó que ayer se cumplieron tres años del siniestro en el pozo vertical cuatro, en Coahuila, donde murió Jesús García Ayala, de 24 años, y fue rescatado con vida Francisco Castillo Zamora, de 25, casado y con dos hijos, quien resultó con siete costillas rotas, el cráneo fracturado, la columna vertebral desviada y grave daño en el oído interno. Su patrón, Jorge García, a regañadientes lo llevó al IMSS, donde lo atendieron, le dieron 28 días de incapacidad para laborar y después fue despedido. El patrón lo indemnizó con mil 500 pesos por nueve años de trabajo y hoy sobrevive con una pensión de 900 pesos mensuales.

La Familia Pasta de Conchos y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) señalaron lo anterior luego de celebrar las recientes declaraciones del subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo García Cervantes, quien aseguró que se llevarán a cabo trabajos para recuperar los cadáveres de los mineros de Pasta de Conchos y que éstos deben enmarcarse en un rescate de la región carbonífera de Coahuila, que produce 10 por ciento de la energía eléctrica del país.

Así, con el peritaje que da certidumbre para el ingreso seguro a la mina (oficio de la STPS, febrero 11, 2013, OS/057/13), se ha dado también este primer paso para recuperar los cuerpos y reabrir la averiguación previa sobre la explosión en Pasta de Conchos. La PGR ha integrado un equipo de trabajo para ese propósito. En ese sentido, el rescate está en marcha y, con ello, el de la región carbonífera, indicaron.

Señalaron que, como peticionarios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (primero 235 familiares directos y luego, en 2012, 86 deudos más de ocho mineros), “insistimos en señalar –como hizo el subprocurador García Cervantes– que, a escala del sistema interamericano de derechos humanos, existe jurisprudencia en más de un caso sobre el deber del Estado respecto de la recuperación de los restos mortales de las víctimas de violaciones a los derechos humanos”.

La Corte Interamericana resolvió que el Estado está obligado a hacer todo el esfuerzo posible para localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares, así como investigar los hechos, procesar y sancionar a los responsables. Por ello, para dichas organizaciones es el momento de no cejar en la insistencia sobre la admisibilidad del caso ante esa corte, debido a que el Estado mexicano no ha contestado la sentencia.

Para ambas organizaciones, el Estado mexicano cuenta con facultades y recursos para llevar a cabo los dos rescates. La situación representa una nueva posibilidad para el gobierno de aliviar el sufrimiento de la región y de comprometerse con medidas para evitar que haya más muertes y accidentes de mineros en la zona.