A poco más de seis meses de su formación, el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos no ha logrado consolidarse ni realizar adecuadamente su trabajo, entre otros motivos porque carece de equipo de evaluación de riesgos; no ha podido ejercer su presupuesto totalmente, ni se han difundido sus capacidades a la población que pueda necesitarlas, afirmaron integrantes de dicha instancia.

Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y miembro de la junta de gobierno del Mecanismo, admitió que éste ha funcionado con muchas dificultades, pues desde su creación, a finales de octubre de 2012, han surgido algunas indefiniciones o aspectos imprevistos.

Una de las principales carencias, explicó en charla con La Jornada, es la falta de una unidad de evaluación de riesgos que pueda determinar no sólo qué tipo de medidas deben tomarse en cada caso, sino también hacer trabajo de prevención para evitar que ocurran nuevas amenazas o actos de violencia.

La unidad sólo existe en el papel, pero en la realidad no hay nadie haciendo este trabajo, porque no hay nadie que sepa hacerlo. Tendremos que asumir que hay que formar a los especialistas y buscar a la gente que más se acerque, pero va a pasar un tiempo para que funcione, lamentó Cortez.

Debido a la falta de personal capacitado puede hacerse más difícil el cumplimiento de las primeras etapas del análisis de una solicitud, en las cuales debe definirse si ésta es ordinaria o urgente. En este último caso, en tres horas se dictan las medidas de protección y en un máximo de nueve horas deben ponerse en marcha.

Por otro lado, agregó Cortez, la información sobre el número y el tipo de peticiones de ayuda no son conocidas de inmediato por dos periodistas y dos defensores de derechos humanos que forman parte de la junta del gobierno del Mecanismo, sino únicamente por los representantes del gobierno.

Como consecuencia, la aplicación de las medidas cautelares en favor de los activistas o comunicadores amenazados suele agotar los 30 días que la ley establece como plazo máximo para dicha tarea, en vez de abreviar ese periodo cada vez más.

Hasta finales del mes pasado, abundó, el Mecanismo ha recibido un total de 64 solicitudes de protección –26 formuladas por periodistas y 38 por defensores de derechos humanos– de las cuales únicamente 19 fueron consideradas urgentes.

Las peticiones han surgido por amenazas u hostigamiento –sin que predomine hasta el momento ninguna región o estado de la República en particular– y las medidas de protección han consistido en dar a las víctimas protección policiaca en sus trabajos o domicilios, aunque en algunos casos se ha considerado la posibilidad de otorgarles el uso de un automóvil blindado.

A todo lo anterior, lamentó el especialista, se suma que los recursos otorgados por el gobierno para el Mecanismo –41 millones de pesos el año pasado y 129 millones en 2013– no han podido utilizarse en su totalidad, pues aunque ya se definieron las reglas del fideicomiso donde se encuentran, aún hay una serie de requisitos administrativos por resolver.

Poner a funcionar el Mecanismo, resumió, “ha sido un proceso más lento y complicado de lo que quisiéramos. Vamos por buen camino, pero creo que todavía tardaremos hasta finales de este año para alcanzar un razonable grado de madurez y tener un equipo completo y capacitado. Estamos arrancando de cero y se va a llevar un tiempo adecuar el Mecanismo del papel a la realidad.

Si no hay investigación profunda, todo será maquillaje.

Por su parte, Agnieszka Raczynska, presidenta del consejo consultivo del Mecanismo, coincidió en que ha habido ciertas dificultades en el proceso de crear una institución dentro de otra institución y subrayó que la enorme carga de trabajo hace necesario establecer nuevos puestos y unidades, al tiempo que revela la gravedad de la situación en México para los dos gremios amenazados.

Hay cosas en las que hemos avanzado, pero la gran piedra en el zapato sigue siendo la coordinación entre los gobiernos federal y estatales porque la gran mayoría de amenazas y agresiones ocurre en las entidades y no vemos que ahí estén asumiendo su responsabilidad, deploró.

Además, dijo, en muchos casos los funcionarios desconocen las obligaciones que tienen en el contexto de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas o simplemente no quieren actuar.

Ha sido una mezcla de falta de conocimiento, de voluntad política y de recursos, por eso tenemos que buscar métodos de coordinación más eficientes para responder en poco tiempo y preservar la vida y la integridad de las personas, indicó.

Una de las primeras activistas en solicitar la ayuda del Mecanismo de Protección fue la abogada Luz Estela Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres –con sede en Chihuahua–, para advertir sobre el peligro que corría Ismael Solorio Urrutia, integrante de la organización campesina El Barzón, quien finalmente fue asesinado el 23 de octubre de 2012 junto con su esposa, Manuelita Solís Contreras.

A la semana de su muerte fuimos a la ciudad de México para acompañar a las familias de las víctimas. La gente del Mecanismo nos hizo una encuesta y decidieron que el caso no era extraordinario, pero nunca supe cuáles fueron los elementos que consideraron para tomar esa decisión. Esto me decepcionó tremendamente porque nos da pistas de cómo el Estado genera instancias y más instancias nada más para presumirlas en sus informes ante los organismos internacionales, aseveró.

Castro, quien en 2008 fue amenazada de muerte y obtuvo protección de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtió que el mecanismo de defensa puede fracasar porque el gobierno lo creó sólo por un interés de simulación, sin ninguna intención real de prevenir, investigar y sancionar las amenazas contra activistas y comunicadores.

Si no hay investigación a profundidad, haciendo un análisis serio e integral de quiénes están detrás de estos hechos, todo lo demás es maquillaje. Nos van a seguir atacando con impunidad total, alertó.