Chilpancingo, Gro., 18 de mayo.

Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y el Centro de Derechos Humanos José María Morelos exigieron juicio político al gobernador Ángel Aguirre Rivero, y que se investigue y que sea procesado Humberto Salgado Gómez, hasta ayer secretario de Gobierno, por su eventual responsabilidad en el asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

En un comunicado, estudiantes y activistas destacan que las renuncias anunciadas ayer de Salgado Gómez y de Marta Elba Garzón Bernal, ésta como procuradora general de Justicia, se dan “sin que hasta la fecha haya consignados por la muerte de ambos jóvenes en el desalojo de la Autopista del Sol, ocurrido el 12 de diciembre de 2011.

En un alarde de autoritarismo (el gobernador) reincorpora a su gabinete al ex procurador Alberto López Rosas, ahora en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo que es un mensaje claro de impunidad por el caso Ayotzinapa, sostuvieron.

Ni López Rosas ni Salgado Gómez fueron investigados por el asesinato de los jóvenes y, por el contrario, en tono amenazante hacia nosotros, informa que en el caso del trabajador Gonzalo Rivas Cámara, muerto ese día, según ella (Garzón Bernal) los responsables están plenamente identificados.

Después de un año y cinco meses, López Rosas reaparece en un puesto de nueva creación, cuando aún no concluye el juicio político que se le sigue por la represión del 12 de diciembre de 2011, señalaron.

El comunicado añade que “López Rosas, en su libro Ayotzinapa, verdades, sesgos y falsedades, revela que Humberto Salgado ordenó el desalojo en la Autopista del Sol, mientras la recomendación número 1VG/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se recomienda al Congreso del estado iniciar juicio político contra López Rosas” .

En su recomendación, la CNDH señala: A partir de que se haga pública esta recomendación por violaciones graves a los derechos humanos, colabore en el trámite de la denuncia de juicio político que se inicie, en su caso, en contra del ex procurador general de Justicia y del ex secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ambos del estado de Guerrero.

Demandan el pleno cumplimiento de la recomendación de la CNDH; alto al hostigamiento contra integrantes del Frente Único de Normales Públicas del estado de Guerrero; solución a las demandas del Movimiento Popular Guerrerense y el desistimiento de la acción penal en su contra.

Reiteran que con el nombramiento de López Rosas se envía un mensaje de autoritarismo y amenazas contra los movimientos sociales. El proceso de juicio político en contra del ex fiscal aún no concluye, ya que permitió que se alterara y manipulara la escena del crimen. Ese mismo día, en conferencia de prensa, acusó a Gerardo Torres de portar un arma, con lo cual pretendió culparlo del asesinato de dos compañeros.

José Solano, a nombre del comité estudiantil de la Normal de Ayotzinapa, sostuvo que a López Rosas se le premió, y a los pobres se nos reprime, se nos juzga, nos castigan, quieren que paguemos tras las reja. La justicia para nosotros no existe, para los pobres existe represión, castigo, la ley de pagas porque pagas, y eso no se vale.