os indígenas, campesinos, artesanos y obreros de Bolivia crearon e impusieron a Evo, cuyo apoyo político consistió inicialmente en un semipartido ad hoc nacido de los movimientos sociales –el Instrumento Político de los Trabajadores– el cual adoptó la sigla de un pequeño movimiento –derechista, a pesar de su nombre: el Movimiento al Socialismo, al que convirtió en un pool de organismos de masa disímiles (sindicatos campesinos y obreros, organizaciones de mujeres, movimientos indígenas, grupos de intelectuales de izquierda y de centroizquierda). Una vez vencida la resistencia golpista de la derecha clásica y de los poderes regionales autónomos que ésta poseía, sobre todo en el oriente boliviano, aprobada la Constitución, monopolizando el gobierno y las instituciones, y a pesar del gran avance en la economía y en las conquistas sociales, el siempre presente e importante conflicto con la oligarquía y el imperialismo pasó gradualmente a un relativo segundo plano, porque el gobierno y el MAS se enfrentaron cada vez más con su base social.

Si alguna vez algún ingenuo pudo creer en el momento de auge del mismo y de la unión aparentemente monolítica del MAS, que el boliviano era el gobierno de los movimientos sociales, la realidad ha hecho añicos esa ilusión. El gobierno de Evo Morales y de Álvaro García Linera modificó la nueva Constitución para posibilitar su relección pero, sobre todo, la pisoteó al desconocer las autonomías indígenas, al mismo tiempo que chocó varias veces con los sectores populares que lo apoyaban. Por ejemplo, el aumento del precio del combustible de 80 por ciento provocó un estallido popular y Evo Morales tuvo que anular esa medida, resuelta mientras estaba fuera del país, con la consiguiente pérdida de prestigio. Asimismo, la falta de una consulta previa a los pobladores orientales ocupantes del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure y la brutal represión a la marcha a La Paz de éstos, los precipitó a la oposición, con el resultado de que sus tres diputados se fueron del MAS y los indigenistas y ecologistas rompieron con el gobierno. Y últimamente la Central Obrera Boliviana (COB) no sólo ha creado el germen de un partido obrero independiente sino que, además, persiste en una huelga general que el viernes cumplió 12 días.

El gobierno alega, con razón, que la derecha y Washington tratan de llevar agua a su molino apoyando a los indígenas mayoritarios en el TIPNIS en su enfrentamiento con el gobierno o respaldando el pedido –insostenible en un régimen basado sobre la propiedad privada de los medios de producción que la COB acepta– de jubilaciones y pensiones con el ciento por ciento del último salario. Pero eso no anula el hecho que el gasolinazo fue un tremendo error político y una imposición inconsulta y brutal, que la falta de consulta y la represión en el caso del TIPNIS violaron la Constitución, los derechos indígenas y humanos, y que los trabajadores están divididos hoy por intereses corporativos. Sea cual fuere la causa y el pretexto, los mineros estatales, los profesores y trabajadores de la sanidad, buena parte de los intelectuales y de los estudiantes que no fueron prooligárquicos, y una parte importante de los indígenas orientales se enfrentan hoy al gobierno y al MAS, que ha roto además con el urbano Movimiento de los Sin Miedo, que era su aliado contra la derecha, y dependen ahora del apoyo de los sindicatos y comunidades campesinas del altiplano. El MAS, por su parte, que era un pool de organizaciones independientes, se convirtió en instrumento del aparato estatal, carece de capacidad de iniciativa y decisión, y sus dirigentes son ministros o parlamentarios mientras el gobierno, por su parte, dejando de lado –salvo en los discursos– el indigenismo y el ecologismo, aplica una desenfrenada política desarrollista y extractivista basada sobre todo en la gran minería.

Los ultraizquierdistas, que sólo ven la película de la historia en blanco y negro, vociferan diciendo que el gobierno de Evo Morales es represivo y sirve al capital extranjero. Como hemos dicho cien veces, Bolivia es un país capitalista y tiene un gobierno nacido de una revolución democrática que nunca se planteó como objetivo el socialismo, sino un capitalismo moderno y decente (si tal cosa puede existir). Su gobierno reprime pero no se basa en la represión, sino en el consenso de la mayoría campesina de la población, que no quiere defender modos de vida precapitalistas ni es anticapitalista, sino que desea lo que el gobierno ofrece: asistencialismo, modernización capitalista, elevación del nivel de vida y acceso a los consumos superfluos, antiecológicos y nefastos que aún no pueden obtener, cosa que sienten como discriminación. Es más: desde su instalación el gobierno ofreció construir un capitalismo que bautizó como andino o comunitario, y exhumó las tradiciones y la cultura prehispánica sólo para cubrir una política centralizadora desarrollista, al estilo de la de los años 50. Por tanto, no se le puede acusar de traición.

En cambio, sí traicionarán su papel los movimientos sociales opositores si creen posible aliarse con la derecha, si no rompen la visión corporativa que los separa entre sí, si no aceptan con realismo las medidas que son inevitables o que pueden ser beneficiosas para el conjunto de la población, si no presentan un programa nacional para todos los explotados y oprimidos, si no ven más allá de su región o de las fronteras, si carecen de independencia política y de ideas transformadoras. Porque no se puede superar al capitalismo sin crecimiento, eliminación de la miseria y unidad territorial. Lo que está en discusión es quién lo hará y en cuál perspectiva: desarrollista o socialista.