Reflexiones

Jesús González Schmal, abogado y político

FOTO: Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña

Este fenómeno de irrupción de la organización ciudadana ocurre en un acto de legítima defensa frente a la insuficiencia del Estado para cumplir con uno o el principal cometido que constitucionalmente tiene asignado el poder público, que es el de preservar la seguridad de los ciudadanos en sus distintas actividades y en las distintas regiones donde realizan sus actividades o están domiciliados. Es un fenómeno que debemos explicarnos en el contexto de una realidad nacional perturbada por una creciente insuficiencia de servicios públicos de seguridad.

Hecho este razonamiento, podríamos entonces invocar incluso el principio universal de la legítima defensa. Nadie puede estar expuesto a ser agredido impunemente y frente a la ausencia de una autoridad que lo impida. Tiene uno un derecho primario a defenderse de la agresión de quien fuere. También es cierto, y en esto tenemos que ser realistas, que mecanismos de autodefensa colectivos pueden contaminarse con otras intenciones de quienes deformen, desvíen o hasta prostituyan la acción de legítima defensa popular y lleven esta posición a la defensa de conductas delictivas o antisociales de muchos y muy diversos tipos. Pero en todo caso la responsabilidad primaria de que tengan que surgir estas expresiones, estos fenómenos, respuestas populares, es de un Estado que no ha cumplido su deber esencial.

Estos grupos tal vez no se justifiquen plenamente, pero sí son explicables en el contexto de la realidad nacional, por lo que señalábamos de un Estado atrofiado, porque es evidente que el gobierno no tiene la capacidad ni la destreza ni la disposición para acabar con la violencia que amenaza la convivencia de los 112 millones de mexicanos.

Tenemos un Estado que no ha cumplido con su cometido, no ha rectificado su yerros, no ha asumido la autoridad en su sentido pleno, no sólo de ejercicio de la fuerza, sino mucho más de la autoridad moral de quien predica con el ejemplo, es decir de una autoridad que es respetada y respetable porque aplica la justicia sin distingos; esto es, que no sólo persiguiera a los delincuentes que juzga y clasifica como tales, sino a los delincuentes incrustados en un ejercicio de poder desviado al beneficio de un grupo, de una oligarquía. De modo que nos encontramos en un escenario inédito y muy difícil donde lo menos que podemos esperar es que los Poderes constituidos rectifiquen las desviaciones crónicas con las que suelen ejercer el poder y claramente lo ejerzan en función del interés público general y no de los particulares que integran el poder o los grupos que momentánea o permanentemente dominan las decisiones públicas más importantes de México.

Es un lugar muy común siempre decir que faltan leyes. No faltan leyes sino falta la aplicación de la ley con un sentido jurídico, con un sentido elemental de respeto al orden jurídico, de la autoridad y de los ciudadanos, porque siempre el poder tiende a aplicar la ley sesgada, es decir sólo a los ciudadanos pero no a la propia autoridad que con frecuencia se desvía de sus responsabilidades. Quiero señalar que incluso en estas condiciones –pues se ha dicho que estamos ante la realidad de un Estado fallido– el que la impunidad prevalezca sobre la aplicación del derecho, el que el Estado incumpla sus deberes fundamentales nos está hablando de un rompimiento del orden constitucional. En este caso el pueblo frente a esos trastornos deber recobrar en el momento que tenga su libertad, el restablecimiento del orden constitucional, del orden jurídico ¿Cómo lo puede hacer? Por la vía de la democracia, es decir utilizando un recurso del que carecemos los mexicanos que es el de la revocación del mandato, el decir si no has cumplido, yo te revoco el mandato para hacer una nueva elección. Aun cuando sí hay en nuestra Constitución, en el artículo 10, la posibilidad de someter a juicio político al propio titular del Poder Ejecutivo por parte del Congreso para que éste responda de cualquier estado de ataque sistemático a la Constitución. Si bien parece un caso extremo, no estamos tan lejos de ello; precisamente estas manifestaciones de las policías comunitarias nos prueban que hay un malestar que está efervescente, una condición de preocupación, incomodidad, inseguridad crónica que el Estado no ha atendido.

Francisco López Bárcenas, abogado mixteco

FOTO: Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña

No es que (las policías comunitarias) estén surgiendo hoy día, sino que se están visibilizando. La pregunta que debemos hacernos es por qué se están visibilizando, y la respuesta que encuentro es que el Estado no está cumpliendo con su obligación de brindar seguridad a los pueblos, básicamente.

El concepto policía comunitaria puede encerrar muchas formas de organización de los pueblos, pero coincidiría en que todas ellas están para dar seguridad, desde las estructuras militares de los pueblos que en el siglo XIX enfrentaron mucho al Estado, como serían los seris y los yaquis en el norte, los purépechas en el centro y los mayas en la Península de Yucatán. Y coinciden en que tienen una estructura muy particular, militar.

En general el Estado ha fallado en dar seguridad. Lo que estamos viendo es que los pueblos sí tienen su estructura y se está visibilizando. Lo que vemos en otros lugares, por ejemplo en las ciudades y sobre todo en zonas urbanas desarrolladas, es que están creando sus cuerpos de seguridad. En las zonas rurales, los ganaderos, los grandes agricultores están creando sus propias policías, pero eso no tiene nada que ver con las policías comunitarias de los pueblos que son históricas, que obedecen a su estructura propia.

Son centenarias estas esructuras, y contrario a lo que muchas autoridades piensan, resuelven problemas de todo tipo. No andan nada más viendo que no se roben una gallina, ven que el pueblo tenga seguridad. En 2004 me tocó ver pueblos de la región triqui alta, enfrentando al ejército porque estaba cometiendo muchas arbitrariedades sin tener órdenes, deteniendo gente sin justificación. En mi pueblo mismo he visto a la policía comunitaria encarcelando a los militares cuando se han excedido con la gente; entonces allí están las policías que cumplen la función de brindar seguridad al pueblo y en este sentido enfrentan cualquier peligro que existe.

Hay un fenómeno fuerte actualmente del desarrollo capitalista en México cuya característica es el despojo de los bienes comunes, y no me refiero sólo a los recursos naturales, sino al despojo del derecho de los pueblos a ser pueblos, a mantener su cultura. Junto con otros problemas que afectan la vida de las comunidades (la infiltración del narco, por ejemplo) esto es importante también para entender por qué las policías comunitarias se están visibilizando.

Hay que observar que la declaración de la policía comunitaria de Guerrero cuando surgen las autodefensas dice que no tiene absolutamente nada en contra del narcotráfico. O sea que no es su función combatir a los narcotraficantes, pero que si se meten con los pueblos los van a enfrentar. Lo que quiero enfatizar es que las policías comunitarias están para proteger a los pueblos. Es serio que no están contra el narcotráfico, y lo que están diciendo es “mientras no te metas con mis pueblos, no tenemos bronca, pero si te metes vamos a tener problema”. Allí el objetivo es la protección del pueblo.

Resulta peligroso que se confunda a las policías comunitarias con otros grupos armados. El criminalizarlas tiene sentido político, ideológico; meter en el mismo saco a las policías comunitarias y a otro tipo de grupos armados porque nunca vas a saber quién es quién. Pero debemos entender que una policía comunitaria no existe por sí misma, se debe a un pueblo, se debe a un nombramiento, incluso a la pertenencia de un sistema de cargos que los pueblos controlan. Un grupo armado que no es policía comunitaria pues evidentemente podrá depender de otro grupo pero no del pueblo.

Junto con el asunto de la inseguridad, tenemos el problema de que nuestro derecho es insuficiente ya como forma de organizar la convivencia social y las instituciones estatales han sido rebasadas. Tenemos que pensar un nuevo rediseño de Estado. Esto que nos han dicho de que somos una nación multicultural terminó en discurso y más bien en forma de control. Tenemos que tomarnos en serio la realidad para buscar una estructura que sí obedezca a ella y que funcione.

Edgar Cortés Morales, defensor de derechos humanos

FOTO: Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña

Es indispensable hacer una distinción. Por una lado está la “policía comunitaria” –cuyo ejemplo claro es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de la zona indígena de Guerrero–, que es una policía con 15 años de trabajo, que viene de un proceso organizativo y está construida sobre las instituciones indígenas: la participación, el trabajo comunitario y el servicio. Esas condiciones implican mecanismos de participación bajo los que se elige a los policías, y que éstos prestan un servicio y la comunidad vigila. Sin duda esto tiene toda la legitimidad. Algo parecido a policía comunitaria es el movimiento de Cherán, Michoacán, donde hay un proceso participativo, de muchas estructuras de las comunidades.

Frente a ello hay otro fenómeno, lo que se ha llamado “grupos de autodefensa” o algún otro nombre, y a todos, por igual, se les está denominando erróneamente policía comunitaria. Creo que no debe ser así. Entre estas últimas hay experiencias más espontáneas, donde no hay un proceso organizativo detrás, muchas están construidas en una situación donde no hay una realidad indígena, donde ya no hay las instituciones indígenas de la participación, el servicio, etcétera, y entonces me parece que son fenómenos distintos. No se trata de descalificar a priori, pero sí es importante distinguir. Lo que están tratando de enfrentar los dos fenómenos es la violencia y la falta de respuesta efectiva del Estado, la ausencia del Estado, donde no hay posibilidades de obtener justicia, de denunciar un delito y saber que va a haber una acción efectiva de las instituciones del Estado.

Creo que aquí los dos fenómenos tienen justificaciones, pero son distintos; destacan los grupos de autodefensa, sé que en algunos casos en Guerrero vienen de procesos organizativos pero no necesariamente tienen tanta raíz, tanto fundamento, dentro de las comunidades, y eso siempre encierra un riesgo: que no sea un proceso de veras comunitario el que designe a los policías y que genere una vigilancia sobre los mismos. Hay un riesgo de que estos grupos no estén supeditados a la comunidad, que tengan cierto grado de autonomía y que puedan llegar a responder a intereses ajenos a la comunidad (de grupos caciquiles, económicos o criminales).

Es un hecho la crisis y la debilidad de las instituciones del Estado, porque no hay que olvidar que una obligación y responsabilidad del Estado es dar garantía de seguridad a los ciudadanos, pues un derecho de la población es el vivir seguros y tranquilos. Y parte de la crisis es que el tema de la seguridad siempre ha quedado como tema exclusivo de la autoridad, y los ciudadanos no hemos tenido participación ni influencia. Entonces ese es el problema: que los ciudadanos ahora tenemos que intervenir en el tema de seguridad para exigir que ésta se vaya construyendo con participación y para beneficio de los ciudadanos.

Por otro lado, está el hecho de que en algunos lugares hay un déficit de regulación, aunque no en todos. Por ejemplo, en Guerrero desde hace un par de años hay una ley sobre derechos de pueblos indígenas y allí se reconoce la posibilidad de las policías comunitarias. Sí hay una regulación que desafortunadamente no es muy conocida en el actual gobierno de Guerrero. No se ha supeditado y no ha ajustado su actuación a esa ley. Es importante prevenir el riesgo de que en esa nueva regulación se metan por igual procesos de mucha historia junto con otro tipo de experiencias, y sobre todo que se ponga atención al riesgo de infiltración de la delincuencia organizada u otro tipo de intereses que pueden llegar a usar a estos grupos en beneficio particular.

El Estado se muestra hoy incapaz de garantizar la seguridad de la ciudadanía y esto es parte de la crisis de un modelo de seguridad pública que es Estatocéntrico, que está pensado para proteger y cuidar a las instituciones del Estado, a las autoridades, y no a las personas. En ese modelo algo que también ha pasado es la complicidad que se ha construido entre la delincuencia organizada y muchos niveles de autoridad y sobre todo de policía. Esto ha alcanzado tal grado que algunas de las instituciones responsables de la seguridad ya no responden a los intereses públicos sino a los de la delincuencia organizada o a algunos otros.

Subrayo la necesidad de distinguir entre los diferentes fenómenos, donde la policía comunitaria tiene absoluta legitimidad e incluso reconocimiento legal. Y a eso tendría que ajustarse el gobierno, el de Guerrero en este caso, y me parece que ese modelo podría ser inspirador para otras regiones del país. Y hacer la distinción respecto de otros fenómenos más espontáneos que hay que mirar con atención y que creo que requerirían un tratamiento diferente.