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Sonora La Guardia Tradicional Comcaác Misael de la Rosa y Gabriel Hernández García ENAH / INAH
Las guardias comunitarias entre los pueblos indígenas y campesinos son consideradas por diversos “especialistas” como un “fenómeno reciente” que ha tomado a muchos por sorpresa, sobre todo a partir de su aparición mediática. Sin embargo, su invisibilidad relativa no significa que en el pasado no existieran. Consideradas como instituciones sociales al margen de la legalidad, es para muchos desconocido que las guardias comunitarias tradicionales son una realidad histórica, presentes en diversos procesos de resistencia indígena frente a instituciones y élites dominante, desde la Colonia hasta el México posrevolucionario. Al respecto, existen ejemplos como la Guardia Tradicional Maya de Chan Santa Cruz, en Carillo Puerto, la cual resguarda la Cruz Parlante, considerada artífice de la estrategia indígena durante la Guerra de Castas. Otro ejemplo emblemático es la Guardia Tradicional Yaqui, que proviene de las instituciones heredadas por los jesuitas y de la estructura de defensa que ha persistido después de la guerra emprendida por el gobierno contra este pueblo en los siglos XIX e inicios del XX. En el noroeste del país, además del caso yaqui, otro digno ejemplo de defensa comunitaria del territorio es la Guardia Tradicional Seri o Comcaác, ubicada en la costa central de Sonora, en los poblados de Punta Chueca y el Desemboque, pertenecientes a los municipios de Hermosillo y Pitiquito, respectivamente. Esta institución fue creada hace 28 años para coordinar con el Gobierno Tradicional y el Consejo de Ancianos la salvaguarda del espacio fundamental para la reproducción social y cultural de esta nación, como se reconocen a sí mismos los comcaác: “Todo el territorio es sagrado porque en él está derramada la sangre de nuestros antepasados que lo defendieron y los cuerpos de nuestros ancestros. Pero también hant, la tierra, es parte del cuerpo de cada cmiique (seri), de cada persona que navega el mar y habita el árido desierto de la costa central de Sonora. Xepe coosot¸ el Canal del Infiernillo, es la sangre del territorio, pues es la conexión del cuerpo, nuestro cuerpo, con el corazón, la Isla del Tiburón (taheöj), que es lo más sagrado que tenemos”. Esto nos los revelan los descendientes de siete grandes bandas nómadas, que moldearon y le dan vida a la cultura y nación Comcaác. Estos grupos habitaron en el pasado un vasto territorio que iba de norte a sur, del Delta del Rio Colorado hasta el límite del estado de Sonora con el de Sinaloa, así como casi todas las islas del Golfo de California. Este territorio ancestral aún persiste en la memoria colectiva y es recordado y recreado en cantos, historias, mitos y rituales. El mandato de la Guardia Tradicional consiste precisamente en resguardar el territorio que ha sido heredado por los ancestros y que ya sea mediante la dotación o la restitución, ha sido recuperado en las últimas décadas. En primer lugar, el ejido ubicado en la parte continental del territorio, con una superficie de 91 mil 322 hectáreas. De igual manera, Taheöj, restituida por el gobierno en 1975, además del Canal del Infiernillo, que es la porción del territorio marino que ha sido reconocida por el Estado como zona de exclusividad pesquera para los Comcaác. Una de las principales actividades de la Guardia Tradicional consiste en prevenir y evitar la pesca y la cacería furtivas, así como la tala ilegal del palofierro, que es utilizado por los Comcaác para la elaboración de artesanías. La guardia marina realiza recorridos en el Canal del Infiernillo, así como las inmediaciones de la Isla Tiburón, con el objetivo de evitar la entrada de pescadores y barcos sin autorización. A pesar de los intentos que desde diferentes sectores se han puesto en marcha para desprestigiar a la Guardia Tradicional, es importante señalar que esta institución social goza de una importante legitimidad y legalidad al interior del pueblo comcaác, reconocida además por las figuras de autoridad como el Consejo de Ancianos y el Gobierno Tradicional. Es también fundamental reconocer que de acuerdo con instrumentos jurídicos internacionales de los cuales México es signatario, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el artículo segundo constitucional, la Guardia Tradicional es una institución legal que no se contrapone con el orden social vigente, sino que por el contrario, le es complementario. La defensa comcaác del territorio es la defensa de la vida humana y no humana, de los recursos naturales, de los espacios sagrados, de los geosímbolos fundamentales para la memoria colectiva, de la dignidad de un pueblo que ha sabido sobrevivir a una historia de despojo y exterminio, anteponiendo el principio esperanza como recurso fundamental para afirmarse ante la adversidad. Como señala un miembro de la guardia: “Pero no lo perdimos todo, porque nuestros antepasados, además de ser pescadores, cazadores y recolectores, también eran guerreros. Eso también nos cuentan los ancianos cuando entonan los cantos de guerra. En los cantos de guerra se nos cuenta un poco del pasado de nuestra tribu. En ellos se nos recuerda que en el territorio está derramada la sangre de los nuestros antepasados que lucharon por defender a nuestro pueblo. Por eso nos pertenece y siempre vamos a protegerlo y defenderlo.” Puebla Derecho indígena y reformas culturales en Cuetzalan Adriana Terven Salinas En el marco de las reformas legislativas en materia indígena en México, el Poder Judicial del estado de Puebla creó los primeros juzgados indígenas en 2002, representando un importante avance en cuanto al reconocimiento de la diversidad cultural; sin embargo, es necesario advertir respecto de cómo estas políticas se relacionan con las prácticas culturales indígenas. El primer juzgado indígena se abrió en 2002 en Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, Alrededor de 80 por ciento de la población del municipio es indígena nahua. Este lugar se ha caracterizado desde 1980 por la presencia de movimientos organizativos indígenas centrados en la defensa de los derechos humanos y culturales. Es relevante la apropiación que del juzgado indígena han realizado tres organizaciones, las cuales desarrollan un proceso que busca fortalecer las instituciones indígenas de justicia, ante los cambios sucedidos en el campo jurídico regional. La apertura de este juzgado ha traído diversas implicaciones para la práctica de la justicia indígena, como el incremento de la burocracia por la inserción y mayor dependencia hacia el Poder Judicial; la definición de las competencias en los códigos, que poco tienen que ver con la oralidad que caracteriza al derecho indígena, y las nuevas relaciones interinstitucionales con las instancias de justicia del Estado, con las cuales ahora disputan jurisdicción, entre otras. En este sentido, interesa retomar las implicaciones generadas entre jueces comunitarios y el nuevo juez Indígena. Los jueces comunitarios, quienes han sido los encargados de la impartición de justicia entre la población nahua, han estado articulados a prácticas culturales locales, como el sistema de cargos, el cual conforma el sistema de organización en las comunidades. La reforma judicial, por su parte, no consideró este antecedente, y por tanto no se articula con las prácticas vigentes de justicia indígena. Dada esta situación, las organizaciones decidieron conformar un Consejo del juzgado. Entre sus intereses ha estado el legitimar al juez indígena ante la población nahua, ya que este nuevo funcionario se aleja de las prácticas de prestigio locales, para lo cual han llevado a cabo acciones que, se podría decir, actualizan prácticas tradicionales. En las comunidades indígenas de Cuetzalan, los puestos de autoridad forman parte del sistema de cargos de servicio; de manera general, se organizan escalonadamente: el primero puede ser el de topil, cuya función es prestar servicio de mensajero para los cargos de los siguientes escalafones. La persona que inicia en el sistema de cargos va subiendo por cada uno de ellos; no existe un orden de sucesión estricto, pero a los cargos de mayor rango se accede cuando se tiene una trayectoria de ejercicio en distintos cargos de servicio. La importancia de los cargos radica en que otorgan experiencia, respeto y legitimidad a las personas que han participado en ellos. Por ejemplo, la autoridad indígena encargada de impartir justicia, que es un cargo de mayor rango, va a ser reconocida por los habitantes de la comunidad por su trayectoria en los cargos. Por otra parte, dada la cercanía que implica vivir en una comunidad, los habitantes saben si la participación de una persona en el cargo fue buena o no, es decir, existe “cierta vigilancia” del trabajo de las autoridades por la colectividad. El juzgado indígena, tal como se creó, no tenía relación con el sistema de organización comunitaria esbozado. se instaló en la cabecera municipal de Cuetzalan, que se caracteriza por tener una mayoría de pobladores no indígenas, quienes ocupan los puestos judiciales y político-administrativos y los ejercen con una lógica distinta a la de las comunidades. El Consejo ha vinculado al juzgado indígena con prácticas tradicionales, que si bien han sido ajustadas para atender las necesidades actuales, recogen elementos que son esenciales para su identidad. El Consejo ha traído la representación de la población nahua al juzgado: está integrado por unos 12 hombres y mujeres provenientes de varias comunidades, quienes además son reconocidos en sus localidades por haber ejercido cargos de servicio. En este sentido, en el Consejo se asumieron dos responsabilidades centrales: elegir al juez indígena, tomando en cuenta su perfil de servicio comunitario y “vigilar” el trabajo del juez indígena, como lo haría la colectividad en ambos casos, consiguiendo una importante asistencia por parte de la población nahua.
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