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18 de mayo de 2013 Número 68 Directora General: CARMEN LIRA SAADE |
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Policías comunitarios, grupos de autodefensa y paramilitares
Jesús Ramírez Cuevas
La reciente proliferación de grupos civiles de autodefensa y policías comunitarias ha sido provocada por la incapacidad del Estado para responder a la crisis de violencia y de inseguridad que azota diversas regiones del país.
En un recuento en medios locales y nacionales, se contabilizan más de 36 grupos (cuerpos de seguridad comunitarios, policías rurales, guardias blancas, de autodefensa civil y grupos paramilitares) en 16 estados del país (Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Estado de México, Sonora, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla Quintana Roo y Tlaxcala).
Sin embargo, hay diferencias importantes entre ellos. No es lo mismo La Comunitaria de Guerrero –surgida y armada por decisión colectiva de las comunidades– que los grupos de autodefensa de ciudadanos hartos de la inseguridad, que las guardias blancas, policías rurales o paramilitares entrenados por el Ejército.
La tradición indígena. En México existe una tradición histórica de autodefensa entre los pueblos indígenas y las comunidades rurales. Como ha recordado el intelectual indígena Francisco López Bárcenas, algunas experiencias sobreviven desde el siglo XIX, como los guardias tradicionales seris y yaquis en el noroeste, que cuentan una estructura militar, producto de las largas guerras que libraron contra el gobierno mexicano y en defensa de su territorio en el siglo XIX.
En el sureste sobrevive la guardia tradicional maya que resguarda a Chan Santa Cruz, en el municipio de Carrillo Puerto, Quintana Roo, y proviene de la lucha de los mayas contra el colonialismo y la esclavitud.
Entre los pueblos indígenas, casi siempre, la autodefensa ha sido el último recurso al que acuden para defenderse de amenazas de la delincuencia, caciques locales, gobierno o megaproyectos.
A partir de 1994, con el levantamiento indígena del EZLN, en Chiapas, se detonaron procesos de autonomía indígena en muchos lugares del país, sobre todo en Guerrero y Oaxaca.
 FOTO: Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña |
En Guerrero, la grave crisis de inseguridad y el abandono del Estado obligó a los pueblos a protegerse a sí mismos. En 1995 nació la Policía Comunitaria de la Montaña de Guerrero, que hoy se extiende a 104 comunidades de 13 municipios del estado. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), nombrada en asambleas regionales, tiene a su cargo las funciones de procuración y administración de justicia. Asimismo, coordina el proceso de reeducación al que son sometidos quienes son encontrados culpables de delitos, el cual consiste en trabajo social a favor de las comunidades.
Otras comunidades indígenas nahuas, purépechas, chatinas, zapotecas, mazahuas y otomíes de 22 municipios de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Estado de México, Quintana Roo, Sonora, Oaxaca, Morelos y Veracruz han seguido el ejemplo de armarse para hacer valer sus derechos.
En el municipio de Cherán, Michoacán, los indígenas se sublevaron contra la violencia del narcotráfico y en defensa del bosque. Desde abril de 2011, la asamblea del pueblo se hizo cargo de la seguridad y del gobierno local.
Los nahuas de Manantlán, Jalisco, defienden su territorio de compañías mineras chinas y grupos de talamontes. Los indígenas de Alvaro Obregón en San Dionisio del Mar, Oaxaca, organizaron la autodefensa contra las empresas extranjeras que buscan instalar molinos para generar electricidad en sus tierras, sin considerar sus derechos. Demandan la consulta a los pueblos acerca de los proyectos de desarrollo en sus tierras.
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Los grupos de autodefensa. A la autodefensa recurren ciudadanos que buscan defenderse de la delincuencia, aunque algunos también protegen a sus pueblos de agresiones oficiales o de proyectos empresariales; estos grupos se rigen por sus propias normas y no rinden cuentas a nadie.
Estas reacciones sociales han sido consecuencia directa de la absurda guerra contra el narco, declarada por Felipe Calderón, que disparó la violencia y los asesinatos. Con el PRI en el poder, la crisis de seguridad ha empeorado.
Este año han aparecido nuevas expresiones de autodefensa. En enero de 2013, pobladores de Ayutla, Tecoanapa y San Marcos, en la Costa Chica de Guerrero, instalaron retenes en las carreteras y detuvieron a 52 presuntos delincuentes. Pertenecen a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), aunque al principio se presentaron como parte de la CRAC.
La Unión de Pueblos y Comunidades, de 11 municipios de la Sierra Madre de Chiapas, conformó Batallones de Autodefensa Civil para impedir que las mineras canadienses realicen extracción de minerales.
Los productores de limón de Buenavista Tomatlán, Michoacán, constituyeron autodefensas para enfrentar las extorsiones, cobro de cuotas y asesinatos.
En el sur del Estado de México, vecinos de 30 comunidades de Tlatlaya y 25 de Amatepec, así como en la cabecera municipal Tejupilco, se armaron contra la inseguridad.
La otra tradición. Existe otra vieja costumbre de caciques, hacendados, finqueros y empresas extranjeras que recurren a guardias blancas, ejércitos privados o paramilitares para imponer su dominio y sus intereses.
Los grupos paramilitares han sido creados por el Ejército para actuar en la guerra irregular contra las guerrillas y los movimientos sociales. Hacen el trabajo sucio que el gobierno no hace abiertamente para no rendir cuentas de las violaciones a derechos humanos. Chiapas fue el laboratorio contemporáneo de los grupos paramilitares (sumaron más de 30). La matanza de Acteal, Chenalhó, Chiapas, en 1997, fue el caso más emblemático.
Actualmente, hay una estrategia del Ejército mexicano para constituir fuerzas rurales irregulares. Por ejemplo, en febrero de 2013, en el municipio de Mapastepec se integró un pelotón de policías rurales con ganaderos, capacitado, coordinado y presentado a los medios por el mando militar regional.
En el norte de Veracruz, en septiembre de 2012, apareció el Comando Civil de Defensa de Tantoyuca, creado por caciques y petroleras en la región.
Hay el riesgo de que la multiplicidad de grupos de autodefensa auspiciados por poderes locales y de guardias rurales creadas por las fuerzas armadas derive en el horror que fueron las Autodefensas Colombianas que se salieron del control oficial y sembraron terror y muerte en el país sudamericano. Esto es relevante si el Plan Mérida está inspirado en el Plan Colombia.
De la legítima defensa y a la colombianización. Si las autoridades actúan en la ilegalidad, violan derechos y despojan a los pueblos, los ciudadanos están facultados para ejercer su soberanía y hacer cumplir la Constitución.
 FOTO: Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña |
El derecho a la autonomía de los pueblos indios les permite asumir la seguridad y justicia. Las policías y las guardias comunitarias están dentro del Estado de derecho y responden a una decisión y control colectivo y democrático de sus comunidades.
En cambio, los grupos de autodefensa armados son expresiones de hartazgo que podrían ser enmarcadas en actos de legítima defensa ciudadana, pero no rinden cuentas a nadie y actúan bajo su propia lógica.
Las guardias blancas, rurales y paramilitares están fuera de la ley y de la Constitución. Son protegidos por autoridades civiles y militares que sirven al narco, a empresas, a caciques o a partidos políticos.
El principal riesgo de una colombianización de México no proviene de las reacciones desesperadas de la sociedad, sino de las decisiones del gobierno mexicano de continuar con políticas contrainsurgentes y con el despojo a los pueblos, mediante grupos armados con vínculos institucionales y con el crimen organizado, cuya acción podría desencadenar una conflagración armada de proporciones nacionales. Ese es el verdadero peligro.
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