Guerrero

La UPOEG y la autodefensa ciudadana

Ramón Gracida González y Julio Leocadio Castro Promotores de la UPOEG

FOTO: Vigilantes mexicanos se levantan contra la delincuencia / VICE

En el municipio de Ayutla de los Libres, de la Costa Chica de Guerrero, el pasado 6 de enero detonó un proceso de organización comunitaria que se tradujo inicialmente en un movimiento de autodefensa para convertirse luego en un sistema de seguridad y justicia ciudadana.

Los antecedentes se ubican a mediados de 2011, cuando, impulsadas por un conjunto de líderes comunitarios de las zonas mestiza y mixteca del sureste de Ayutla, se realizaron consultas en las comunidades para discutir y aprobar la formación de una policía comunitaria que fuera parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que en la región de la Montaña ya había demostrado desde sus inicios gran eficiencia y eficacia para combatir la delincuencia.

Estos esfuerzos comunitarios estaban enmarcados en el colapso de la seguridad pública, que a nivel nacional se había deteriorado sobre todo a partir de la guerra emprendida por el gobierno federal contra el narcotráfico, y por la ausencia de un mínimo de condiciones que salvaguardaran la vida, la integridad física y el patrimonio de la ciudadanía, ante el incremento de la violencia que ejerce el crimen organizado desde que en 2009 se asentó en esta región.

Las balaceras, levantones, ejecuciones, cadáveres desperdigados en los basureros, persecuciones en las calles, robo de vehículos y toques de queda, constituyeron el paisaje brutal de la omnipresencia y poderío de esos criminales, que se magnificó en la ciudad y en las comunidades rurales, al grado de que además de ser dueños absolutos de las noches, se daban el lujo de implementar operativos para la detención de delincuentes comunes que luego entregaban a los policías municipales o ministeriales.

En este contexto, al iniciarse la promoción de la policía comunitaria en las asambleas de las comunidades de esta región se hicieron notorios el entusiasmo y la participación ciudadana. En la buena disposición de la gente también influyó la posibilidad de que la organización sirviera para conseguir obras de infraestructura productiva y de servicios, algo que desde antes se venía buscando.

En estas reuniones, después de comentarse la gravedad de la inseguridad y el control que del narcotráfico sobre las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, se explicaba la experiencia de la CRAC y los alcances de la figura de la comunidad indígena como sujeto de derecho para ser gestora de su seguridad y su desarrollo.

Así, se fue gestando un mensaje y un espacio de unidad entre los pueblos que tenían en las Asambleas de Autoridades Comunitarias de Ayutla y en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) a sus principales promotores. Sin este antecedente, no podría explicarse la irrupción de un movimiento ciudadano que además de plantearse la autodefensa también lucha contra la marginación, el abandono oficial y la falta oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

FOTO: Juan José Estrada Serafín

En agosto-septiembre de 2012, se suscribieron los primeros acuerdos para incorporarse a la CRAC, y después de discutirse y aceptarse sus estatutos y hacerse los nombramientos de policías y comandantes comunitarios, se programó para el 22 de diciembre, en la comunidad de Tonalá, del municipio de Ayutla, la instalación de la Asamblea General de Consejeros para la protesta de estos nombramientos y la elección de los comandantes regionales. Sin embargo, en esta etapa se hicieron manifiestas diferencias de un sector de la dirigencia, que súbitamente decidió cambiar la sede acordada y trasladar la reunión a la comunidad na’savi de La Concordia, lo cual fue interpretado por la otra parte de los líderes como un golpe de mano y un viraje sorpresivo en la estrategia incluyente que se venía construyendo.

Puede colegirse que estas divergencias tienen de trasfondo alguna agenda oculta, que se simula con el celo rancio de una disputa étnica entre na’savis y mestizos y la pretensión del control territorial.

El 6 de enero, sin el procesamiento adecuado de estas diferencias, irrumpió el movimiento ciudadano de autodefensa liderado por la UPOEG, como respuesta a la onda expansiva de secuestros, levantones, cobro de cuotas a ganaderos, comerciantes y campesinos, que incluyó a varios de sus militantes en Plan de Gatica, Ahucachahue y Rancho Nuevo.

La aprehensión de 54 presuntos delincuentes del crimen organizado, y el hecho de haberse desmantelado la red operativa de los jefes de plaza de Ayutla Tecoanapa y Las Mesas, fueron el resultado inmediato que demostró la eficacia del movimiento. Nos preguntábamos ¿por qué hasta ahora?, ¿cómo permitimos tanto atropello durante tanto tiempo?

La onda expansiva del movimiento de autodefensa generó tales expectativas y simpatías que pronto se extendió al territorio inmediato de la Costa Chica y a las regiones del Centro, Montaña Alta y Acapulco. Pero al mismo tiempo, se fueron cerrando los caminos para el juicio popular que se les haría a los delincuentes y que había sido acordado por las comunidades el 31 de diciembre en la comunidad de El Mezón, municipio de Ayutla.

Aparentemente, de manera incomprensible, la CRAC se deslindó de las acciones de autodefensa promovidas por la UPOEG: “no estamos en contra de que los pueblos se levanten en contra del crimen organizado, pero tampoco estamos participando; nosotros no podemos salir fuera de nuestro territorio”, declaró Arturo Campos de la Casa de Justicia El Paraíso de la CRAC.

Por otro lado, las presiones de la parte más conservadora de la opinión pública, de los organismos de derechos humanos, del Ejecutivo estatal, de los jefes de las fracciones parlamentarias del Legislativo federal, de todo el aparato de seguridad del estado y del Ejército, se dejaron venir como avalancha en la alineación de un bloque de fuerzas contenedoras.

Hubo toda una ofensiva mediática cuyo objetivo era frenar el juicio a los delincuentes mediante usos y costumbres –los cuales se sustentan y amparan en el reconocimiento jurídico de la figura de la comunidad indígena– y forzar la vía de la negociación para entregar estos reos a la PGR.

Era claro de que no había opción. Lo fundamental era blindar al movimiento y la negociación era el único camino transitable.

En lo fundamental, el propósito de resguardar el proceso de organización comunitaria se ha mantenido, y de ser un movimiento de autodefensa ciudadana se ha convertido en un Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), fortaleciéndose organizacional y territorialmente, además de ampliar su presencia hacia el Municipio Juan R. Escudero y el corredor Oriente de Acapulco rural; zonas que se en fechas recientes se han declarado formalmente como territorios comunitarios.

En síntesis, el proceso de organización que está en marcha ha sido antes que nada una acción política, una acción de fuerza de y para la legítima autodefensa comunitaria, una construcción de paz mediante el control territorial comunitario y regional para liberarse de la brutalidad criminal, un foro de diálogo y discusión con organizaciones sociales e instituciones del estado y una construcción programática para la incorporación de la figura de la comunidad en el desarrollo nacional con justicia y dignidad.

Guerrero Pensar la seguridad y justicia desde los pueblos Mariana Mora Bayo* y Jaime García Leyva** * Profesora investigadora del CIESAS y de Fundar, Centro de Análisis e Investigación; **Indígena na’savi, profesor investigador del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad Autónoma de Guerrero [email protected], [email protected] FOTO: Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Los pobladores de una comunidad nahua reflexionan en asamblea sobre la inseguridad que atraviesa la Montaña de Guerrero, sobre el papel de las instituciones y la construcción de alternativas. El debate profundo refleja cómo los pueblos indígenas de la región luchan, en un entorno sumamente adverso, por condiciones mínimas de seguridad y justicia. Los habitantes inician evaluando el papel de las fuerzas de seguridad. Un señor asegura que lo único que ha logrado el retén del ejército, que opera desde hace un año, es redirigir el problema del narcotráfico hacia su comunidad, por donde ahora pasan los “maleantes” sembrando temor entre la gente. La policía ministerial, ni decir, “ellos sólo buscan cómo exprimir el dinero de los campesinos” con extorsiones que van de tres mil a cinco mil pesos, aunque pueden llegar hasta 20 mil. Y los policías municipales a veces “se portan como sicarios, entran a la comunidad encapuchados, con sus armas en alto, y detienen al que encuentren en la calle”. En contraste, los participantes enfatizan la confianza que tienen en sus autoridades tradicionales. Un anciano señala que la solución es regresar a las actividades que desempeñaba anteriormente la comisión de seguridad del pueblo junto con el comisario y los principales. Un hombre responde que antes el problema era el robo de ganado y ahora son los policías y los narcotraficantes. Dice: “tenemos que fortalecer el papel de nuestras autoridades. ¿Pero qué pueden hacer ellos contra esa gente que anda con su cuerno de chivo?”. Debates igual de complejos se están realizando en otras comunidades na’savi, me’phaa y nahua en la Montaña y Costa Chica de Guerrero como parte de la reactivación de estrategias de protección y de justicia comunitaria indígena. Estas reflexiones se vienen dando desde 1990, cuando la inseguridad se incrementó en la región. Los acuerdos se toman en asambleas con base en las formas de organización social propia y en el cumplimiento de cargos, así como en la apropiación de elementos jurídicos que garantizan su seguridad y el respeto cultural a sus maneras de hacer justicia. Dichas propuestas apelan a la reeducación, a los consejos, a las sanciones, al trabajo comunitario y a la dignificación del sujeto para que sea “hombre de bien” y “de honor y rostro”. Estas prácticas tienen un sustento en la organización comunitaria. Para los na’savi existe el cambio de mano entre hermanos (sama nda´a na ta´an yo), que representa el intercambio de apoyo mutuo y que se traduce también en el cumplimiento de trabajo por y para el pueblo. Entre los nahuas existe el tlamacoaxtli y el tequio; para los me’phaa se encuentra la faena y el servicio comunitario. Ambas formas parten de los núcleos familiares y en un segundo momento se correlacionan con el servicio a la población general. Así, quienes integran los sistemas de seguridad que se han organizado han crecido y se han formado con una identidad basada en el servicio y en los valores colectivos. Dentro de los pueblos también se están gestando debates entre generaciones y entre hombres y mujeres para renovar los usos y costumbres, lo que incluye analizar la incorporación de nuevas prácticas y pensamientos. En particular, la modificación de los cargos de seguridad y de justicia para responder a las violencias que sufren las mujeres, y al creciente problema de la alienación de los jóvenes, quienes encuentran pocas vías para expresar sus frustraciones ante la falta de acceso a una educación intercultural de calidad, ante las pocas opciones de un empleo que no requiera migrar y ante los impactos del deterioro ambiental regional que afecta la productividad de la tierra. La búsqueda de soluciones de cara a la violencia desatada por la delincuencia organizada y por la impunidad con que actúan las instituciones es un desafío mayor. Sin embargo, reivindicar sus sistemas de seguridad y justicia es una parte necesaria de sus luchas por una vida digna y por el resguardo de sus espacios sociales y materiales, su lengua y territorio.

Guerrero

Abriendo brecha: mujeres de la policía comunitaria

María Teresa Sierra Profesora-Investigadora del CIESAS-DF

Por primera vez en la historia de la Policía Comunitaria, el 23 de febrero de este año una mujer fue electa comandanta regional, en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán: Paula Silva Florentino, na’savi, de 34 años. Junto con otros tres comandantes regionales, Paula está ahora al frente de los grupos de policías comunitarios que garantizan la seguridad de las comunidades en un amplio territorio.

Para Paula tal situación es un honor: “Nosotras las mujeres hemos soñado y hemos luchado hasta llegar donde estamos ahorita, lo acepto compañeros y con mucho orgullo llevaré este cargo” (palabras dichas ante la Asamblea Regional de cambio de autoridades).

De esta manera, las mujeres se encuentran presentes en las dos principales estructuras del Sistema Comunitario, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que se encarga de impartir justicia, y la Comandancia Regional de la Policía Comunitaria. El hecho revela los nuevos tiempos que marcan a la institución y su capacidad para abrir los espacios a la participación de las mujeres, lo cual fortalece el proyecto autonómico de la Comunitaria.

No ha sido fácil para ellas ganar un lugar en las instancias de la justicia y la seguridad comunitaria regional, ante las arraigadas ideologías patriarcales que reproducen su subordinación y tienden a excluirlas de la toma de decisiones familiares y colectivas; más aún en contextos donde la opresión de género no puede desligarse de las múltiples subordinaciones y violencias estructurales y políticas que marcan la vida de las comunidades y su relación con el Estado. Si bien las mujeres han participado activamente en el proceso comunitario desde sus inicios en 1995, fue apenas en 2006 cuando la Asamblea Regional eligió a Felícitas Martínez como coordinadora regional de la CRAC para realizar tareas de justicia; desde entonces varias mujeres han ocupado el cargo. Lo distintivo de su participación ha sido promover un debido proceso sensible a la condición de género de las mujeres que contemple sus derechos, en el marco mismo de sus costumbres.

En palabras de Carmen Ramírez, ex coordinadora de la CRAC: “no es lo mismo tratar a una mujer que a un hombre, no se tiene la misma confianza”. Falta mucho para conseguir una justicia con equidad de género; sin embargo, hay avances muy importantes como el hecho que las mujeres puedan plantear sus problemáticas, en su propia lengua, a otras mujeres, y si es necesario sean ellas quienes las revisen, sobre todo cuando son víctimas de violencia. Asimismo las mujeres han dado las salidas adecuadas en el proceso de reeducación –fase última de la justicia comunitaria para casos graves-, cuidando que las detenidas realicen un trabajo propio a su condición de mujer, y garantizando al mismo tiempo su seguridad personal al estar en un espacio masculino, como lo es la oficina de la CRAC.

El proceso de las mujeres en la policía comunitaria cobra especial relevancia en el contexto de una institución que ha garantizado la paz social y la justicia en un amplio territorio a lo largo de 17 años, ejerciendo una autonomía de facto. Por lo mismo, a lo largo de su historia ha sido vigilada y acosada por el Estado, que sin embargo ha terminado por tolerarla. Las presiones hacia la institución no han impedido que los Comunitarios modifiquen su modelo buscando una justicia y una seguridad más adecuada, para hombres y mujeres. Es en este sentido que deben valorarse los aportes de las mujeres al sistema comunitario y su potencial emancipatorio.

Como otras mujeres indígenas en México y en América Latina, las de la Policía Comunitaria están abriendo brecha y apostando por fortalecer su lugar en una institución que ha traído la dignidad a sus pueblos y a ellas como mujeres.

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