Armados

–¿Y las leyes?
–¿Cuáles leyes Fulgor? La ley de ahora en adelante la vamos a hacer nosotros.
Juan Rulfo. Pedro Páramo

México está enfermo de violencia, dolencia que se agravó en la década reciente, cuando el gobierno quiso hacer frente al narco con estrategias de guerra y provocó una interminable masacre que entre 2006 y 2012 dejó más de 60 mil muertos y cerca de 300 mil desplazados. Y si a los caídos en la “guerra contra el crimen organizado” se añaden las víctimas de homicidios dolosos, la cifra aumenta a cerca de 90 mil. Así en algo más de un lustro los afectados indirectos fueron del orden de 360 mil, entre ellos unas 24 mil viudas y cerca de 50 mil huérfanos.

“Regiones enteras de México están controladas por actores no estatales, como son las organizaciones multicriminales que han mutado de carteles de la droga a motor de sociedades y economías alternativas”, sostiene Howard Campbell. Esto ha llevado a expertos como John P. Sullivan a sostener que México es un “Estado fracasado”, que en muchas zonas ha sido sustituido por un “Estado criminal liberado” que ha establecido “soberanías paralelas”.

Pero en nuestro país el imperio de la violencia en un orden donde no rigen las leyes sino la fuerza sustentada en la combinación de poder económico y dominación política formal e informal, son males antiguos. Con referencia a Guerrero, estado rijoso por excelencia, escribí hace 13 años:

“Guerrero bronco: despliegue de poderes discrecionales que chocan entre sí y se ejercen mediante la violencia. Guerrero es una entidad violenta. No tanto porque allí falle la ley, sino porque una de las normas no escritas de su cultura política es que no importa contar con la razón o el derecho sino con la fuerza. En Guerrero los que mandan por la fuerza, por la fuerza se disputan el poder, y cuando los bocabajeados deciden sacudirse ese torpe mandato, casi siempre terminan apelando también a la fuerza, llave social por excelencia en un orden sustentado en el temor y el zarpazo. Demasiados guerrerenses mueren de pie. Demasiadas muertes airadas en un estado donde la muerte por punta filo o bala es muerte natural. Si es verdad que los matados no descansan, Guerrero es una inmensa congregación de muertos insomnes”.

En México el Estado de derecho no impera o impera bajo la forma de su interrupción, diría Giorgio Agamben. Es la nuestra una sociedad donde no por excepción sino por regla el orden se preserva o modifica mediante acciones desarrolladas al margen de la Ley por fuerzas extralegales que sin embargo tienen imperio de ley. Esto incluye la añeja prepotencia caciquil y el terror impuesto por los carteles del narco, pero también la arbitrariedad con que el gobierno emplea tanto su poder burocrático como la fuerza pública y el enriquecimiento ilícito consustancial a la cleptoburguesía mexicana. Prácticas metajurídicas que con frecuencia son violentas.

Y no se trata de anomia y violencia residuales, progresivamente sustituidas por el imperio de la legalidad. Al contrario, la violencia es creciente y en un asunto nodal como el narcotráfico tanto delincuentes como “autoridad” actúan al margen de la Ley pues ni unos ni otros tratan a sus contrarios como ciudadanos con derechos sino como enemigos a exterminar.

La proliferación de autodefensas comunitarias armadas es la expresión más reciente de que entre nosotros no rifa el monopolio del Estado sobre el sistema de justicia y sobre el uso legítimo de la violencia. O quizá que el Estado incluye –si no de jure, sí de hecho– instancias de autogobierno local que en otra perspectiva aparecen como sociedad civil.

Desde 1994 en las zonas que estaban bajo control del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), después en los municipios autónomos y más tarde en las amplias regiones gobernadas por las Juntas de Buen Gobierno, los neozapatistas de Chiapas atienden por su cuenta las cuestiones de seguridad y justicia de decenas de miles de personas.

Un año después, el 15 de octubre de 1995, integrada por varios pueblos de la Montaña de Guerrero, se formó una Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que obedece a la Asamblea Regional, y de la que depende el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria. Hoy con más de mil 200 policías que son electos públicamente por cada comunidad, procura seguridad a alrededor de 108 pueblos, en los que se ha reducido la criminalidad hasta en un 95 por ciento.

A raíz del asesinado por el narco de Benjamín LeBarón y Luis Widmar Stubbs, en 2009 la comunidad mormona de chihuahua decidió formar una autodefensa armada.

En mayo de 2011 en Tetela del Volcán se integró el llamado Grupo Relámpago, formado por 200 personas, entre las que hay campesinos, comerciantes y profesionistas que protegen una región de Morelos, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. Ese mismo año, también en Morelos, las comunidades de Ocoxaltepec, Jumiltepec y Zacualpan formaron grupos de autodefensa. Y lo mismo sucedió en Cherán, Michoacán, donde la comunidad se armó para defenderse de los talamontes vinculados al narco; en el mismo estado hay experiencias semejantes entre nahuas de la costa, purépechas y mazahuas. En 2012, en la zona de Tantoyuca, Veracruz, se integró la Guardia Civil Huasteca.

A principios de enero de 2013, en la región de Costa Chica, cuatro comunidades agrupadas en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero decidieron tomar las armas para defenderse del narco; en unos cuantos días detuvieron a 54 personas acusadas de delincuencia organizada, y para juzgarlas decidieron constituirse en “tribunal popular”, aunque a la postre los entregaron a las autoridades del estado.

En Ayotitlán, Jalisco, se está tratando de conformar una vigilancia comunitaria, como parte de la Organización de la Policía Comunitaria de todo el estado.

Por otra parte, en las comunidades indígenas donde se mantiene el sistema de cargos, los topiles o polecías sirven a su pueblo en funciones de seguridad y en algunas operan jueces indígenas.

Con base en una revisión periodística, José Gil Olmos calcula que en el país “hay más de 36 grupos de autodefensa ciudadana en ocho estados: 20 en Guerrero, cuatro en Michoacán, tres en Morelos, dos en Oaxaca, dos en Veracruz, dos en Chihuahua, dos en el Estado de México y uno en Jalisco”.

El asunto tiene historia. Excluyendo alzamientos programáticos, que sin embargo casi siempre tienen un elemento defensivo, las acciones de autodefensa armada comunitaria fueron constantes durante la pasada centuria.

El gobierno de Díaz logró controlar la “anarquía” decimonónica, y para el arranque del siglo XX Ejército federal, policías y Guardia Rural concentraban el armamento sofisticado. Pero la Revolución rompió el monopolio: en una década se armaron Madero, Zapata, Villa, Orozco, Carranza, Obregón… y también rebeldes regionales de diverso signo como Peláez en las Huastecas, Cedillo en San Luis Potosí, Fernández y Pineda en Chiapas…

De 1917 a 1923, Amaro buscó licenciar o incorporar al Ejército Federal a decenas de miles de combatientes indeseables, pero forzado por el alzamiento de De la Huerta, el presidente Obregón llamó a formar “grupos regionales armados” para enfrentar a los infidentes. Paralelamente los campesinos se armaban por la libre para enfrentar a las guardias blancas, como sucedió en Guerrero, con los grupos de Valente de la Cruz, en Tecpan, y de Silvestre Castro, El Cirgüelo, en Atoyac, que entre 1926 y 1929 se unieron al Movimiento Libertario de Reintegración Económica Mexicana, encabezado por los hermanos Vidales.

La Cristiada fue un movimiento programático, pero antes de que la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa le declarara la guerra a Calles, las comunidades se armaban para defender sus iglesias de los presuntos “inventarios” federales. Para 1929 había unos 50 mil cristeros armados y se había pertrechado de nuevo a cerca de 30 mil agraristas.

Entre 1930 y 1933, el gobierno trató de desarmar defensas campesinas, defensas sociales y otros irregulares, que sin embargo se mantuvieron, sobre todo en Veracruz y San Luis Potosí. Amenazado por un “maximato” que no quería ceder, a partir de 1935 el presidente Cárdenas formó nuevas milicias campesinas.

Veinte años después de la Revolución, el mexicano era un pueblo armado que en los años siguientes continuó practicando la autodefensa al margen o en contra del gobierno.

A partir de 1942, cuando México le declaró la guerra al “eje”, los jóvenes campesinos se remontaron armados al cerro para evadir la leva. En 1947 la gente impidió con las armas en la mano que el “rifle sanitario” de la campaña contra la aftosa matara a sus vacas y bueyes. Resultaron paradigmáticos los alzamientos defensivos de Rubén Jaramillo en 1943 contra el gerente del ingenio de Zacatepec, en 1946 por fraude electoral y acoso político, y por las mismas causas en 1952. Desde 1962, en Chihuahua, grupos campesinos armados resistieron al cacicazgo, lo que culminó en 1965 con el alzamiento programático encabezado por Arturo Gámiz y Salvador Gaitán. Y de ahí las dos guerrillas guerrerenses de los 60s y 70s, que al comienzo fueron defensivas pues Genaro y Lucio se remontaron después de ser perseguidos o encarcelados. Insurgencia que resucitó en 1999 cuando un año después de la masacre de Aguas Blancas se presentó en público el Ejército Popular Revolucionario…

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Defenderse de la agresión es un derecho, pero no siempre la gente armada tiene legitimidad comunitaria y hay riesgo de que la violencia se vuelva contra el pueblo.

A principios de los 70s, en Guerrero, La onza acabó con todos los caciques de su rancho y se remontó. Pensando que era un justiciero rústico susceptible de ser politizado, un camarada y yo fuimos a buscarlo. Desaprensivos como éramos, nos subimos a un vochito, bajamos a Ciudad Altamirano y de ahí agarramos rumbo hacia la sierra. No lo encontramos. Pero sí a uno que lo conocía y nos dijo que La onza se había ido a la Costa donde trabaja de matón cuidándole las espaldas a alguno de los patrones lugareños…

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