Secretaría de Gobernación

FOTOS: Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña

En Guadalajara, en abril pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que las autoridades federales mantienen diálogo con los grupos comunitarios en Guerrero basados en el respeto a la Ley. “Vamos muy avanzados con ellos para que si quieren participar en el tema de seguridad lo hagan bajo las normas del Estado mexicano”, reportó una nota publicada el 9 de abril por Excélsior. Previamente, el 25 de febrero Manuel Mondragón y Kalb afirmó ante senadores (durante el proceso de su ratificación como titular de la Comisión Nacional de Seguridad, CNS) que la Secretaría de Gobernación realiza un diagnóstico sobre los grupos de autodefensa en el país para establecer “medidas de solución”. Expuso que debe diferenciarse entre policías comunitarias y grupos de autodefensa, y que todas tienen una razón de ser y son motivo de un análisis cuidadoso. El 24 de febrero La Jornada reportó que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, con el aval de Osorio Chong, está negociando con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) “cobertura legal, equipamiento y entrenamiento a los integrantes de las brigadas de autodefensa y apoyos para el desarrollo de las comunidades que la integran”. Y la UPOEG, que había venido realizando acciones armadas contra la delincuencia con hombres encapuchados en la región de la Costa Chica, ordenó, como parte de los acuerdos con Gobernación, despojarse de sus pasamontañas, paliacates y guardar sus escopetas y pistolas, además de entregar a las autoridades competentes a los “54 resguardados” que presuntamente tienen vínculos con la delincuencia organizada. Un día antes, el 23, La Jornada misma expuso advertencias de Osorio Chong en el sentido de que los llamados grupos de seguridad o de autodefensa que recientemente han surgido en diversas entidades del país son ilegales y deben desaparecer. El funcionario dijo entonces que en nuestro país no existe esa figura de grupos de autodefensa, por lo que sólo se da el aval a aquellos grupos que funcionan desde hace 15 o 17 años, particularmente en Guerrero y otros seis estados, que son coadyuvantes de la fuerza pública establecida. Afirmó que la actitud del gobierno federal ante estas acciones será el diálogo, para pedirles que se conduzcan en el marco de la ley. Subrayó que las únicas instancias con carácter legal –forjadas en los ayuntamientos– son las policías comunitarias que desde hace más de 15 años coadyuvan a las tareas de seguridad, en especial en los municipios regidos por usos y costumbres. Por tanto carecen de legitimidad los grupos que toman decisiones unilaterales acerca de la detención o sentencias de aquellos que señalan como delincuentes.

Grupos empresariales

Para el sector empresarial de México, es un hecho que el Estado ha fallado en su responsabilidad primaria de proteger y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. De allí que los propios empresarios deban recurrir a la contratación de guardias o policías privadas.

Sin embargo, el grado de comprensión y aceptación de parte de las instancias empresariales respecto de las policías comunitarias y grupos de autodefensa difiere.

Por un lado, en entrevista, Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), comentó que “ante la ausencia de (una suficiente salvaguarda de la seguridad de parte del Estado) los particulares tienen que subsanar esa carencia. Como en el caso de las comunidades muy alejadas, de acuerdo con sus usos y costumbres, han tenido que tener policías comunitarias para lograr cierto grado de seguridad, y los policías comunitarios fueron aprobados ante la necesidad de que tuvieran un orden en sus comunidades que no lo podía proveer el Estado. De la misma forma los particulares, cuando no se sienten seguros tienen que recurrir a policías particulares, privados. Pero la idea de cualquier particular, de cualquier ciudadano es que el Estado se lo provea, eso es un principio fundamental de la convivencia en una democracia y en cualquier orden de Estado”.

Señaló que en efecto la autodefensa presenta riesgos: “ya hemos visto estos fenómenos en otros países como Colombia, donde las policías comunitarias fueron cooptadas y subvencionadas por grupos delictivos, que al acercárseles para proveerles armas lograron penetrar y luego manipular estas instituciones, y finalmente quiebran el Estado de derecho, lo rompen y atentan contra de la paz y el orden y la seguridad nacional”. Esto “es un peligro latente que se combate con un Estado fuerte, seguro, un Estado con instituciones, un Estado con los recursos suficientes, y una cobertura completa de todo el territorio nacional”, señaló al reconocer que el problema de inseguridad en el país se agrava en algunas zonas, muy alejadas, muy fuera de los centros urbanos más grandes.

Subrayó: “siempre que los particulares tomen la seguridad por su cuenta y orden y no haya un registro, control y rectoría del Estado, existe el riesgo latente de que existan armas no controladas, elementos no controlados, infiltración de elementos que pertenecen a bandas delictivas y que con el pretexto de incorporarse a instituciones privadas de seguridad se insertan en la sociedad y causan problemas (…) El registro de los elementos, de las armas en las distintas regiones, tiene que darse para llevar un orden, no podemos caer en la anarquía y esa es nuestra recomendación”.

Por otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en voz de su presidente Gerardo Gutiérrez Candiani, señaló en un mensaje semanal a fines de febrero que la multiplicación de grupos de autodefensa “es producto de la desesperación, ante autoridades rebasadas, ausentes, cooptadas o socias de los criminales. Pero el remedio no puede ser un Estado en repliegue, que claudique en su obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos, ni siquiera como alternativa provisional”.

Hizo un llamado para que “los gobiernos de los estados y municipios donde se ha presentado el fenómeno (el surgimiento reciente de grupos de autodefensa), así como el gobierno federal, unan fuerzas para poner un alto a esta situación en lo inmediato, brindando protección efectiva a la población”.

Jorge Dávila Flores, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), señaló por su lado que “todo lo que esté fuera del marco legal no es bien visto”, al referirse a grupos de autodefensa.

En entrevista reconoció que el empresariado mexicano recurre a la contratación de seguridad privada –la cual “está en el marco legal”– pues, si bien hay avances de parte de la autoridad en esta materia, existen problemas de inseguridad en los cuales declinó precisar pues, dijo, son diferenciados regionalmente. “Lo que puedo decir es que en Estados Unidos, que es el país más poderoso y rico del mundo, hay muchísimas empresas de seguridad privada, igual que en México, en muchas de las ciudades. Pero eso no quiere decir que el gobierno de Estados Unidos esté fallando en esa materia. Simplemente es que hay lugares donde se requiere tener mayor seguridad, hay personas que requieren tener mayor seguridad”.

Castañón profundizó sobre la preocupación de los agremiados de Coparmex: “Tenemos constante contacto con los empresarios de las distintas regiones, hemos visto que algunas regiones han sido vulneradas y su seguridad personal y la de sus trabajadores también (…) Los datos que recientemente publico el INEGI sobre los daños que ha hecho el clima de violencia hacia las entidades económicas nos da que durante 2012 sumó un monto de 75 mil millones de pesos, y el 37 por ciento de las empresas han sido vulneradas de alguna forma, con robo con o sin violencia de las mercancías, ataque a sus trabajadores, atentado en contra de las personas, cohecho o solicitudes de piso, chantajes… Necesitamos insistir en que nuestras instituciones deben ser siempre bien coordinadas. Por eso vemos con muy buenos ojos la instalación de los mandos únicos en los estados para que exista la coordinación y la canalización de los recursos suficientes, no sólo en armas sino también en técnicas y equipamientos de inteligencia para que prevalezca la fuerza del Estado y brinde seguridad en todas las regiones”.

Comisión Nacional de Derechos Humanos

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, afirmó el 12 de marzo pasado que el abandono e indolencia que imperan en el país son un “caldo de cultivo” propicio para el surgimiento de grupos de autodefensa o policías comunitarias, como los de Guerrero y Michoacán. Dijo que este tipo de agrupaciones seguirán reproduciéndose en la medida en que la injusticia y la impunidad persistan y no se cuente con cuerpos de seguridad profesionalizados y un Estado que se haga responsable de sus obligaciones. Los grupos de autodefensa, subrayó, “son una advertencia que debe alertar a las autoridades para cumplir con su obligación de proveer seguridad pública, y evitar que estas acciones se reproduzcan” y rebasen a las instituciones del Estado mexicano. El ombudsman nacional advirtió además que el surgimiento de grupos de autodefensa “nos alejan del objetivo de recobrar la paz y la tranquilidad, en aquellos lugares en donde grupos criminales tienen presencia y actividad”. Al rendir su informe de actividades ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Plascencia dijo que, en el caso particular del estado de Guerrero, el abandono de la autoridad en el ámbito de la seguridad ha generado la aparición de los grupos de autodefensa, y ello lo pudo constatar en una visita que hizo semanas atrás a ese estado. “(…) pude corroborar que es el abandono y la impunidad lo que ha generado un caldo de cultivo para que surjan estos grupos de autodefensa, por eso es muy importante que el estado asuma de manera adecuada su deber de brindar seguridad pública, de otra manera seguirán extendiéndose de desesperadamente este tipo de fenómenos”. (Proceso, 12 de marzo)

Iglesia católica

De acuerdo con la Arquidiócesis Primada de México (APM), la incapacidad del gobierno mexicano para garantizar la seguridad de sus habitantes es responsable, en parte, de que surjan policías comunitarias. Por medio del editorial de la edición del 5 de mayo del periódico Desde la Fe de la Arquidiócesis, la Iglesia católica dijo que debido a los “titubeos” del Estado y vulnerabilidad de las instituciones para garantizar seguridad, la ciudadanía está conformando policías comunitarias, y dicha reacción “de no atenderse a tiempo, llevará a un caos social”. Como ejemplo de la debilidad institucional, la APM refirió el cierre de las vías primarias de comunicación, la destrucción de edificios públicos o el “secuestro de la producción agrícola de quienes no tienen nada que ver con el crimen organizado”, pero no especificó a quiénes o a qué grupos sociales aludía.

La APM asentó que la prudencia, la mesura y el diálogo “no pueden ponerse en práctica con quien delinque, pues la ley fue hecha para aplicarse, no para negociarse a costa de los derechos de miles de ciudadanos que ven afectada su vida diaria, seguridad y patrimonio”. (La Jornada, Quadratín, El Universal, 6 de mayo)

Cárteles de la droga y otros

El 24 de abril aparecieron mantas en puentes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que anunciaron el surgimiento de la primera policía comunitaria en esta entidad. Las mantas, dirigidas al presidente Enrique Peña Nieto y al pueblo de Nuevo Laredo señalan que “Habitantes y ciudadanos de bien, enormemente lastimados por la plaga Zeta en esta ciudad (…) hemos decido conformar la primera policía comunitaria en esta frontera, ante la colusión e incapacidad del mediocre gobernador (…) además del poco o nulo esfuerzo federal por protegernos”.

Argumentan que “nos hemos constituido en autodefensas siguiendo el ejemplo (de las policías comunitarias) porque hemos visto el grado de aceptación de la población y el mismo gobierno. Entendemos y sabemos que la seguridad no se podrá consolidar sin nuestra activa participación y el compromiso con quienes tienen la obligación legal de preservar el orden (…)”

Y concluyen: “que les quede claro a los criminales, lucharemos por lo que es nuestro, en las calles y en las brechas, por un México sin Zetas, sin complicidad oficial por un México en Paz y en orden”.

En Michoacán, el 29 de abril aparecieron diversas mantas en contra de las policías comunitarias de los municipios de Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec. Estaban firmadas supuestamente por “La sociedad michoacana” e invitaban a la población a integrar un frente contra estos grupos, a la vez que piden el respaldo de los gobiernos federal y estatal para combatirlos, según reportó una nota de La Jornada.

El corresponsal de este periódico en Morelia, Ernesto Martínez, Elorriaga reportó en una nota publicada el propio 29 de abril que “integrantes de la organización criminal Los Caballeros Templarios se enfrentaron la madrugada de este domingo contra guardias comunitarios de Tepalcatepec y de la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán. El combate dejó como saldo al menos diez muertos y siete lesionados”.

Asimismo, la revista Proceso reportó que mantas presuntamente firmadas por limoneros de Apatzingán se acusa a las guardias comunitarias de Buenavista Tomatlán y Tepaltepec de ser el brazo armado del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En dichas mantas dirigidas al Ejército Mexicano y a las Fuerzas Armadas se leía lo siguiente:

“¿Por qué tanto apoyo a los Guardias Comunitarios de la Ruana y Tepeque, Qué no saben que son el brazo armado del CJNG? Por qué soldados mexicanos se visten de policías comunitarios y permiten secuestros, extorsiones y crímenes contra michoacanos. ¿Por qué no desarman a los comunitarios y toma el Ejercito las riendas de la seguridad en Tepeque, Buenavista y la Ruana? Usted tiene la palabra general Miguel Ángel Patiño Canchola, Atte. Limoneros Unidos del Valle de Apatzingán”.

En un video aparecido en el canal de videos Youtube, Dionisio Loya Plancarte, más conocido como El Tío, de los Caballeros Templarios, reta a un duelo a muerte a las policías comunitarias que están establecidas en La Ruana, Buena Vista y Tepalcatepec, en Michoacán.

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