El presupuesto creciente que ha tenido el Seguro Popular desde su puesta en marcha (enero de 2004) no se ha traducido en una efectiva protección de la salud y la vida de las mujeres. Así lo demuestran las cifras de muerte materna: de los 971 decesos ocurridos en 2011, la mitad eran afiliadas al Seguro Popular, afirmaron integrantes de la Coalición por la Salud de las Mujeres.

Otra evidencia está en la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos, que en los adolescentes es de 25 por ciento, de 21.5 en las poblaciones indígenas y de 16 en las comunidades rurales. En el caso de los jóvenes, esta carencia se traduce en embarazos, de los que 41 por ciento no son deseados. A escala nacional se registran 360 mil nacimientos en madres menores de 19 años.

En conferencia de prensa, las activistas resaltaron que esto es resultado de la falta de control sobre el uso que dan los estados a los recursos económicos que les envía la Federación por medio del Sistema Nacional de Protección Social en Salud (SNPS). El dinero está en grandes bolsas, de cuyo fin sólo saben los funcionarios estatales, explicó Daniela Díaz, de Fundar.

Así, aunque el discurso del gobierno federal plantee como prioridad la reducción de la mortalidad materna, en la realidad no es lo que se ve. Díaz señaló que de los programas de la Secretaría de Salud (Ssa), sólo nueve cuentan con reglas de operación, recursos económicos asignados y mecanismos de rendición de cuentas, vigilancia y fiscalización.

Por eso, la coalición exigió al gobierno federal que incluya de manera explícita el tema de salud sexual y reproductiva en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Lina Berrio, directora de Kinal Antzetik e integrante del Comité promotor por una maternidad segura en México, aseguró que durante los foros de consulta para la elaboración del plan, este aspecto se abordó de manera tangencial, y sólo en los organizados por el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de las Mujeres.

El tema, señaló, no formó parte de los temas abordados en los foros de la Ssa, salvo mortalidad materna y planificación familiar, pero no vinculado a la salud sexual y reproductiva. Reconoció que entre los cinco ejes transversales se haya incluido el de la perspectiva de género, y que dentro del eje México incluyente se consideren los derechos humanos y la calidad de vida, entre otros. Sin embargo, es indispensable que se reconozca explícitamente que el acceso a los métodos anticonceptivos y el ejercicio libre y responsable de la sexualidad es un derecho para todas las personas, como prevén la Constitución y acuerdos internacionales suscritos por México.