Diversas organizaciones campesinas, sociales, sindicales y de defensa de los derechos de los pueblos originarios anunciaron la creación de un frente nacional para detener los procesos de apropiación y despojo de territorios, explotación y saqueo de los recursos naturales y mineros de las comunidades rurales e indígenas por empresas privadas.

En conferencia de prensa informaron que los próximos 18 y 19 de mayo, más de 80 agrupaciones llevarán a cabo el Encuentro nacional de pueblos por la vida, en Las Margaritas, Chiapas.

José Jacobo Femat, presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), indicó que para enfrentar esta política de omisión y colusión de los últimos gobiernos priístas y panistas, el esfuerzo debe ser a escala nacional. Indicó que existen diversas iniciativas pero son sólo a nivel estatal, lo cual es insuficiente ante la problemática.

Alejandra López, integrante de la Coordinadora en Defensa de los Derechos de los Pueblos (Codep), señaló que el despojo se intensificó a partir de los cambios al artículo 27 constitucional que llevó a cabo la administración de Carlos Salinas de Gortari; en específico se refirió al avance de las mineras. Nuestros recursos han quedado en completa indefensión; de los mil proyectos mineros en el país, más de 300 están en Oaxaca. Por ejemplo, el de la minera canadiense Fortuna Silver, en Ocotlán y San José del Progreso, que se construye a cielo abierto para extraer oro y plata. Los pueblos se han resistido, pero no ha sido suficiente.

Jacobo Femat refirió que las autoridades competentes no han hecho su trabajo para salvaguardar y respetar la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Entre las afectaciones señaló que hay 5 mil hectáreas de bosque dañado en la delegación Milpa Alta por tala clandestina; 150 mil hectáreas en Santa María Ocotán y Xoconostle del Mezquital, Durango, y la construcción de la autopista en San Francisco Xochicuautla, Tlalmimilolpan, San Mateo Atarasquillo, Lerma, en estado de México, con afectaciones graves al medio”.

Para el dirigente, la gravedad de la depredación de recursos “nos plantea la necesidad de construir una legislación específica que considere la tierra, el agua, el aire y la biodiversidad como recursos fundamentales para la vida, sujetos a la reglamentación más estricta que evite la superexplotación y garantice su mejoramiento y conservación.