Buenos Aires, 14 de mayo.

El ex dictador argentino Jorge Rafael Videla, presidente de la primera junta militar de la dictadura (1976-1983) se negó hoy a declarar ante los jueces en la causa que juzga a los responsables de la Operación Cóndor, coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur en esos años de terrorismo de Estado.

Videla es el principal acusado de un grupo de jefes militares entre los que figura también el general Reynaldo Bignone, el último presidente de la dictadura.

En total son 25 los acusados, entre los cuales también está Manuel Cordero, de Uruguay, extraditado de Brasil a Argentina y uno de los mayores responsables de las acciones militares conjuntas que se realizaban para espiar, secuestrar, trasladar ilegalmente de un país a otro, asesinar o desaparecer a decenas de militantes de izquierda, nacionalistas, religiosos o de partidos políticos disidentes de las dictaduras.

Los crímenes que se investigan en este primer gran juicio de Cóndor involucran a medio millar de personas y se juzgarán los delitos de lesa humanidad cometidos durante esa operación contrainsurgente en el periodo 1976-1983.

En su primera etapa la Operación Cóndor surge como una acción elitista que pretendía eliminar a figuras importantes que enfrentaban a las dictaduras en el exilio y que tenían gran repercusión política, como fue el caso del asesinato del economista chileno Orlando Letelier, quien fue ministro del presidente Salvador Allende, derrocado en 1973 por un golpe militar digitado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Letelier, intelectual reconocido en Estados Unidos y en el mundo, fue asesinado en el barrio de las embajadas, en Washington, junto a su secretaria estadunidense Ronni Moffit y cuyo esposo Michael resultó gravemente herido, pero sobrevivió.

Otro de los casos que marcan esa primera línea es el asesinato del general Juan José Torres, ex presidente boliviano refugiado en Argentina, secuestrado en Buenos Aires el 2 de junio de 1976, y su cadáver hallado en San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires. El listado es muy grande, y también en mayo de 1976 fueron secuestrados aquí los legisladores uruguayos, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, junto al matrimonio de Carmen Barredo y William Withelaw Blanco, matrimonio de esa nacionalidad y cuyos cadáveres aparecieron abandonados en un automóvil en una calle de esta ciudad.

Argentina es, hasta ahora, el país donde ha habido más desaparecidos extranjeros, incluidos dos diplomáticos cubanos, en la Operación Cóndor, nombre impuesto por sus creadores.

Esta mañana el tribunal oral en lo criminal federal 1 de esta capital reanudó el juicio oral y público sobre Cóndor y había expectativas porque debía declarar Videla, quien caminó con lentitud y al comparecer ante los jueces justificó así su negativa: no tiene sentido defenderme en el marco de una justicia vaciada de derecho.

Aclaró que hace cinco años tuvo una crisis de memoria transitoria supuestamente por un coágulo. Hace un mes tuvo otra crisis de memoria con problemas motrices, y agregó que se le autorizó venir al tribunal y por eso estoy aquí presente. Como siempre, sin ningún gesto de arrepentimiento, aunque no hizo un discurso violento como en otros de los tantos juicios por los que ha pasado y nuevamente asumió la responsabilidad de todo lo ocurrido.

Videla está condenado a cadena perpetua en diversas causas y alojado en la cárcel de máxima Seguridad de Marcos Paz, ahora bajo un régimen de cuidados médicos.

El resto de imputados entre los que también figuran los generales Santiago Omar Riveros, Luciano Benjamín Menéndez, Carlos Miguel Landoni y otros como el agente de inteligencia Miguel Angel Furci, apropiador de niños, quien actuó en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, continuarán declarando o guardando silencio como Videla.

Mientras esto sucede aquí en Buenos Aires, la justicia argentina intervendrá en el caso del presunto asesinato del ex presidente Joao Goulart, quien murió aparentemente de un paro cardiaco el 6 de diciembre de 1976, después de un corto viaje desde Uruguay hacia su finca en Corrientes, en el litoral argentino, tal como se denunció en 2001 en el libro Operación Cóndor: Pacto Crirminal publicado por este periódico.

Entre la serie de indicios se impidió a la familia realizar una autopsia, impedimento que en esos momentos debió firmar Videla.

Piden despido de asesinos

Organizaciones de derechos humanos, desaparecidos y educadores de esta capital exigieron el despido inmediato de dos docentes dependientes del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires, el ex oficial de Inteligencia del ejército Rafael Braga condenado el pasado 3 de mayo a prisión perpetua por un tribunal oral de Jujuy por delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura.

Asimismo, el ex comisario Hugo Lompizano condenado el pasado 19 de abril a dos años de cárcel por su participación en el asesinato del joven militante Mariano Ferreyra, y procesado por la matanza en el Parque Indoamericano, que le valió su despido por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Genocidas y criminales como Lompizano no pueden seguir en cargos docentes, porque son asesinos, reclamaron al gobierno de Mauricio Macri, que hoy realizó otro violento desalojo de un gran restaurante recuperado por sus trabajadores, 16 de los cuales fueron sorprendidos durante la mañana. Los hombres de la Metropolitana derribaron puertas violentamente y repitieron el accionar reciente en el Hospital Borda, donde dejaron varios herdios, entre ellos enfermos siquiátricos.

Desde esta noche se movilizaron trabajadores de empresas recuperadas y movimientos sociales y políticos contra la represión brutal del gobierno capitalino.