El Instituto Nacional de Migración (INM) creó la Unidad de Inteligencia de este organismo para detectar y desarticular bandas de secuestradores y traficantes de personas. Esta tarea es realizada en coordinación con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) e instancias de seguridad a escala estatal y federal.

Una de las estrategias es infiltrar agentes del INM en los grupos de migrantes, la mayoría procedentes de países de Centroamérica, cuyo objetivo es atravesar México e internarse en Estados Unidos.

‘‘Nuestra gente va mezclada con los migrantes’’, dijo Ardelio Vargas Fosado, comisionado del INM, quien en un tramo del sexenio anterior fue jefe de la Policía Federal y posteriormente diputado federal y secretario de Seguridad Pública de Puebla.

El funcionario habla de la situación que priva en la ruta de los migrantes y los constantes hechos de violencia en el tren de carga que corre de sur a norte, abordado a diario por cientos de extranjeros. Precisamente por su peligrosidad a esta línea férrea se le identifica como La Bestia. ‘‘Es un tema de seguridad’’, considera el funcionario.

Enseguida, Vargas Fosado explica la forma en que los polleros, ahora llamados guías, enganchan a los migrantes desde su lugar de origen, por lo que una vez a bordo del tren detectan a quienes también viajan de manera clandestina, pero sin haberles pagado esa especie de ‘‘derecho de piso’’ o de viaje.

Es ahí, añade Vargas, cuando se producen las riñas y las agresiones en contra de los migrantes, a quienes lo mismo extorsionan, secuestran, agreden sexualmente o los arrojan al vacío con el tren en movimiento.

El responsable de la aplicación de la política migratoria esboza algunas de las tácticas de investigación, como recopilar y sistematizar datos, es decir, darles sentido en la detección de los cabecillas de traficantes.

Por lo pronto, esta nueva célula de inteligencia ha detectado varios grupos delictivos –como la banda de El Killer– que agreden a migrantes de nacionalidad hondureña, guatemalteca y otras.

También han detectado que en las redes de guías (o traficantes de personas) que operan en la ruta Tenosique-Tamaulipas, hay mexicanos. Otro fenómeno es la proliferación de bandas criminales encabezadas por hondureños que cometen ilícitos en México.

Los agentes migratorios no tienen funciones policiales, sino administrativas, aunque con base en diversas aristas de la ley vigente, y de la tarea identificada como ‘‘recuperación de información’’, ubican los presuntos ilícitos y los reportan a las procuradurías estatales, la Policía Federal, a la Procuraduría General de la República y a las fuerzas armadas (Ejército y Marina).

–¿De qué tamaño es el problema de tráfico de personas en la ruta del migrante?

–No es una banda; ojalá fuera sólo una. Tienen muchas formas de actuar contra los migrantes, primero para extorsionarlos, muchas veces para secuestrarlos y sacar dinero a su familia de origen o a sus contactos en Estados Unidos –explicó.

Entrevistado al término de un acto en la Secretaría de Gobernación, el funcionario dijo a La Jornada que las bandas utilizan a los migrantes para engancharlos como mano de obra en el campo o en el trabajo doméstico, pero también para enrolarlos en la delincuencia de centroamericanos y connacionales, ‘‘porque también hay pillos mexicanos’’.

Es decir, añadió, es una red con muchas aristas, por lo que debemos estar al día con información actualizada y trabajo de inteligencia.

Precisó que el trabajo del INM no es perseguir delincuentes, sino avanzar en el tema regulatorio, atender al migrante y rescatarlo, de ahí que el enfrentamiento con los delincuentes es a través de la coordinación institucional.

Para apoyar esta nueva estrategia, el INM inició el mes pasado un proceso de introducción de nuevos agentes capacitados en aspectos técnicos y éticos, con estrictas evaluaciones de control de confianza. En una primera fase ingresaron 100 agentes de nueva generación, al mismo tiempo que continúan con la depuración de los que ya estaban.

Durante el primer trimestre de este año, el INM había impuesto la ‘‘baja definitiva’’ a 352 trabajadores: cuatro directores generales, 13 delegados federales, 20 directores de área, 69 subdirectores, 81 jefes de departamento y 165 enlaces y operativos. Un mes después, la primera semana de mayo, la cantidad de cesados rebasó ya el medio millar.