El gasto que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón destinaron al programa de testigos colaboradores o protegidos fue de 178 millones 261 mil 493 pesos, dio a conocer la Procuraduría General de la República (PGR) en respuesta a la solicitud de información de un particular.

Estos recursos presupuestales abarcan de 2000 a 2012 y se usaron para cubrir gastos relacionados con la protección de estos deponentes en acciones contra la delincuencia organizada.

Aun cuando la PGR dio a conocer esos datos, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) instruyó a la dependencia a buscar y proporcionar esa información desglosada por costos de manutención, transporte, vivienda, compensación u otros, tal como le fue requerida.

Los años donde más recursos se destinaron a este programa y más testigos colaboradores se mantuvieron –de acuerdo con la PGR– fueron 2012, con 65 deponentes y un gasto de 22 millones 169 mil 96 pesos (12.3 por ciento del presupuesto total para este fin durante los pasados dos sexenios); 2009, 61 testigos y 20 millones 197 mil 167 pesos (11.2 por ciento), y 2011, donde hubo 60 personas en esta situación y un desembolso de 18 millones 105 mil 351 pesos (10.1 por ciento).

Suspensión de pagos

La figura de testigo protegido fue más recurrente durante la gestión de Felipe Calderón, cuando la PGR sobreutilizó este recurso para llevar a prisión a ex funcionarios públicos y políticos de oposición aparentemente ligados con el crimen organizado, así como a presuntos narcos.

Sin embargo, recientemente la dependencia anunció la revisión de este programa y la suspensión de pagos, ya que se ha detectado que algunos de los colaboradores han incurrido en falsedades en sus declaraciones.

Uno de esos casos es el del declarante identificado como Jennifer –que se acogió al programa en 2008–, cuyos testimonios fueron usados para entablar proceso penal contra varios personajes, como el general Tomás Ángeles Dauahare, acusado de presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva, y que en abril pasado fue puesto en libertad al no encontrarse elementos en su contra por delincuencia organizada e ilícitos contra la salud.

En una nota informativa, el Ifai dio a conocer que el particular solicitó: 1) número de los testigos colaboradores que tiene la PGR, sin que se mencionen datos personales, pero detallando la organización delictiva a la que pertenecían, tipo de información que proporcionaron y para qué ha servido ésta; 2) cantidad de deponentes protegidos que han cumplido con su encomienda y tipo de protección o apoyo que se les sigue brindando, e informar cuántos se han ido del país por motivos de seguridad.

La tercera petición fue el monto de gasto de la procuraduría; 4) el número de testigos protegidos que han sido dados de baja del programa y motivo de la misma; 5) cuántos han renunciado a la colaboración y motivo de la renuncia; 6) cantidad de los que han terminado su encomienda y reincidieron en actividades ilícitas; 7) causas legales que originan la pérdida del carácter como testigo protegido, y 8) perfil criminológico o requisitos que debe cumplir la persona que funge bajo esa figura.

A través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), la PGR proporcionó la relación de los testigos por año y por gasto de 2000 a 2012. Indicó que las anteriores autoridades registraron en 2000 a 27, con un gasto de 2 millones 397 mil 627 pesos; en 2001, 35, con 5 millones 823 mil 927; 2002, 42 y un presupuesto de 13 millones 370 mil 525 pesos; 39 en 2003, con 13 millones 235 mil 68; en 2004, 44, y 13 millones 834 mil 73; 2005, 48 y un presupuesto de 14 millones 564 mil 594 pesos; en 2006, 43, con 13 millones 702 mil 688; 2007, 50, con 10 millones 913 mil 904; 2008, 57, y 15 millones 123 mil 153, y finalmente en 2010, 43 testigos con recursos de 14 millones 825 mil 320 pesos.

Al considerar que la información es incompleta, el particular presentó un recurso de revisión ante el Ifai, que determinó confirmar la respuesta de la PGR a los puntos 1, 2, 4, 5 y 6, y modificar las contestaciones en los tópicos 3, 7 y 8, instruyendo a la dependencia a hacer de conocimiento del particular la existencia de un acuerdo referente al procedimiento bajo el cual opera el programa de protección de testigos, que no podrá ser entregado porque es clasificado, aunque el periodo de reserva bajara de 12 a 6 años, en atención a la revaluación que hace la PGR a la política de testigos colaboradores.