Un estudio demográfico y matemático en la región ixil de Guatemala precisa que en el lapso entre abril de 1982 y julio de 1983 (16 meses), fueron asesinadas 2 mil 147 personas, de un total de 38 mil 902 pobladores que había en esa época en los tres municipios que habitan esa etnia en el norte del Quiché. Es decir, 5.51 por ciento del total.

Este estudio forma parte del peritaje aportado por el estadunidense Patrick Ball, investigador del Grupo de Análisis para los Derechos Humanos (Human Rights Analysis and Data Group, HRDG) a solicitud del Ministerio Público que llevó la demanda en contra del general Efraín Ríos Montt ante los tribunales en ese país centroamericano.

En una entrevista que publica el diario digital guatemalteco, Plaza Pública, el especialista explica que los datos comprobados mediante la aplicación de técnicas científicas resultaron coherentes con la tipificación del delito de genocidio, por el cual finalmente fue declarado culpable el ex dictador.

Los testigos del caso, todos familiares directos de las víctimas, presentaron con peritajes, autopsias y otros indicios probatorios la identidad de mil 771 personas asesinadas por soldados del ejército en las sucesivas matanzas de la estrategia contrainsurgente de la época. Estos fueron contrastados con los datos contenidos en los informes de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos  y el proyecto interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), los tres balances que se realizaron en la posguerra por mandato del Acuerdo de Paz. En estos reportes de los 90 ya se estipulaba la existencia del delito de genocidio. También se sumaron y contrastaron las denuncias hechas ante el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR).

De acuerdo con las conclusiones, entre 1978 y 1996 se documentaron 132 mil homicidios en todo el país.

En el caso del genocidio en la región ixil, donde hoy habitan aproximadamente 50 mil personas, más cerca de 20 mil indígenas que se calcula han emigrado a Estados Unidos vía México, se estudió el periodo de entre abril de 1982 a julio de 1983. No se incluyó el mes de agosto porque los datos se recopilan por mes, no por día.

En septiembre de ese año Ríos Montt fue derrocado por otro general, Oscar Mejía Víctores, quien gobernó hasta enero de 1983 y continuó las mismas prácticas contrainsurgentes, incluida la intensa persecución en las montañas de los desplazados y la reclusión de pobladores en polos de desarrollo. Mejía Víctores (83 años) no ha sido llevado a juicio porque según una sentencia previa de una corte, ya no está en condiciones físicas y mentales para ser presentado ante un tribunal.

Ball explica: Estimamos que 2 mil 147 personas indígenas de las 38 mil 902 que había, según el censo de población de 1981, fueron asesinadas por el ejército en esos 16 meses. Mientras que entre sus vecinos no indígenas hay 41 personas asesinadas por el ejército de una población de 5 mil 882 personas. Es decir, el riesgo de ser asesinado por el ejército en esos tres municipios durante ese periodo fue ocho veces mayor que el riesgo de su vecino no indígena.

En el portal de su organización, puntualiza que en su peritaje solamente presentó la estimación más baja de sus resultados, ya que el número total de víctimas puede ser mayor. Además, no fueron incorporados en este universo ni los muertos por hambre y enfermedad durante la huida de las incursiones militares, ni el número de desplazados, que fue otro indicador de genocidio. Ese sería otro universo de trabajo. No es otra variable. En epidemiología a estos muertos se les llama mortalidad excesiva por causas del conflicto. He hecho estudios de ese tipo, por ejemplo, en Timor Oriental, pero aquí no se hizo.

En cuanto a los datos que podría arrojar el estudio de muertes por frío, enfermedad, hambre o ametrallamientos aéreos en las llamadas Comunidades de Población en Resistencia, Ball explica a Plaza Pública: El desplazamiento requiere otra lógica matemática porque se prolonga en el tiempo, mientras el homicidio ocurre una vez y para una persona. El desplazamiento, la tortura o la violación pueden suceder varias veces y es más difícil contabilizar.

Lo que este peritaje aporta específicamente es que con la matemática se determina si la hipótesis de genocidio es consistente o no con los datos. Concluimos que los datos son consistentes.

Aunque en este peritaje no se presentaron cifras de muertes atribuidas a la guerrilla, porque la URNG no fue acusada en esta ocasión, Ball sí estudió ese aspecto. Y concluyó que los homicidios cometidos por la insurgencia suman docenas, no miles.