A finales de febrero pasado, la señora Yolanda Torres y su hijo Carlos Alberto también fueron víctimas del lote de autos Speed Cars (antes Automax). La empresa se comprometió a pagarles 65 mil pesos por su camioneta, pero sólo han recibido 30 mil, pues, al igual que otros afectados, el argumento para no cumplirles es que la empresa se encuentra en quiebra.

Por este motivo, junto con su abogado, Miguel Ángel Aguilar Franco, se ha dado a la tarea de contactar a otras víctimas con el propósito de hacer un frente común y realizar una manifestación frente a las instalaciones del lote de autos, ubicado en el número 1103 de avenida División del Norte, explicó el litigante.

Hasta el momento, señaló, han logrado ubicar a unos 20 afectados, la mayoría por medio de la Internet, donde han externado su queja contra Speed Cars, por lo que buscan tener contacto con ellos.

Otro de los propósitos, agregó Aguilar Franco, es que se puedan organizar y presentar en conjunto una denuncia penal contra los propietarios de dicho lote, ya que por el modus operandi que utiliza se podría configurar el delito de asociación delictuosa, pues hasta el momento sólo se les ha podido iniciar juicios civiles.

Amenazas como respuesta

En el caso de la señora Torres, en su intento por reclamar el dinero que le deben o recuperar su vehículo, sólo me han dado largas y largas, y cuando les dijo que les devuelve el dinero que le han dado y le regresen su camioneta, reciben como respuesta que tendría que pagar una penalización de 20 por ciento.

La última vez que fui este hombre (Gabriel Alcántara, encargado del establecimiento) me mandó sacar, me gritó que no tenía dinero y que le hiciera como quisiera.

Ante esa situación, su abogado ya presentó la demanda civil correspondiente e incluso una penal contra Speed Cars, toda vez que la afectada conserva uno de los cheques sin fondos que le entregaron, con el que se puede configurar el delito de fraude.

Aguilar Franco señaló que en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ha detectado seis juicios civiles en contra de esa empresa, así como una denuncia penal en la Procuraduría General de Justicia capitalina, aunque en ese caso el denunciante no ha acudido a ratificar su acusación.