La Secretaría de Gobernación (SG) presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para que promueva en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, la incorporación de los acuerdos de San Andrés Larráinzar en la Constitución, asumir la Declaración Universal de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en materia de Derechos y Cultura Indígena, e incorporar abiertamente a los grupos indígenas al desarrollo nacional.

El documento –del que se tiene copia– establece que para contribuir al desarrollo de la democracia se debe impulsar el respeto a los derechos políticos de los indígenas, y alentar acciones que promuevan la construcción de ciudadanía como eje de la relación entre Estado y sociedad.

Armonizar el marco jurídico nacional en materia de derechos indígenas y promover la incorporación a la Constitución de los derechos indígenas contenidos en los acuerdos de San Andrés Larráinzar, el Pacto por México, la Declaración Universal de la ONU en materia de Derechos y Cultura Indígenas, el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y otras disposiciones internacionales avaladas por México.

Tal opción contempla impulsar un acuerdo nacional para el bienestar, el respeto y el progreso de los pueblos indígenas de México, que implique reformas constitucionales, legislativas, institucionales y de carácter programático.

De esta manera, la SG propone una nueva política de medios para la equidad, la libertad y el desarrollo ordenado. Utilizar los medios de comunicación como agentes que contribuyan a eliminar la discriminación y confrontación social, mediante campañas que obliguen a los concesionarios a transmitir contenidos que fomenten la inclusión social y laboral, de manera que enaltezcan los valores de las comunidades indígenas y el derecho e igualdad de los discapacitados en la sociedad.

“Generar políticas públicas que permitan la inclusión de los pueblos indígenas en los medios de comunicación y considerarlos en el desarrollo de los lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Garantizar condiciones para la existencia de mayor seguridad y justicia para los pueblos indígenas, mediante el diseño de una estrategia integral que contemple la seguridad de los habitantes de las zonas en que existe delincuencia organizada; el servicio de traductores y defensores de oficio que hablen lenguas autóctonas, capacitados en los ámbitos de administración y procuración de justicia, y que garanticen a los procesados el respeto a los derechos humanos.

Con tal enfoque se difundiría entre la población adolescente el acceso a la planificación familiar y la anticoncepción para prevenir el embarazo adolescente y contribuir a reducir la mortalidad materna, principalmente en zonas marginadas y pueblos indígenas.

En el ámbito del desarrollo económico y social de las comunidades indígenas las líneas de acción se encaminarían en la promoción del reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas para que ejerzan sus derechos.