Guatemala, 11 de mayo.

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, afirmó este sábado que será respetuoso y no interferirá en el fallo que el viernes declaró culpable de genocidio y delitos de lesa humanidad al ex dictador Efraín Ríos Montt, en lo que se ha considerado un juicio histórico en el país y América Latina.

Los cargos contra Ríos Montt incluían su responsabilidad en la muerte de mil 771 indígenas de la etnia ixil, si bien el saldo de su dictadura es de 42 mil 275 víctimas mortales. En total, Naciones Unidas calcula en 200 mil las víctimas de la guerra civil en Guatemala.

Sin embargo, recordó que el fallo todavía no es firme, porque se puede apelar ante instancias superiores. Insistió en negar que en Guatemala se haya cometido genocidio. Me enteré que los abogados del general van a recusar la misma, dijo Pérez en una entrevista sobre el proceso, en el que puede haber otros involucrados, incluyendo al propio mandatario.

El Ministerio Público (MP) recibió un mandato del tribunal para continuar con las investigaciones por genocidio y el actual presidente de Guatemala es un primer mencionado, informó la directora del Movimiento Pro Justicia, Carmen Ibarra. Subrayó que el MP debe investigar la declaración de un testigo que incriminó al gobernante.

Tema espinoso para Otto Pérez

El genocidio es un tema espinoso para el presidente, señalado por varias organizaciones de derechos humanos de haber participado en ejecuciones y quema de viviendas contra indígenas ixiles en el norte del país. Un testigo durante el juicio vinculó a Pérez con masacres cometidas entre 1982 y 1983, durante el régimen de facto de Ríos Montt.

El presidente ha reconocido que durante su época de militar actuó en terreno ixil, pero sostiene que nunca firmó ni ordenó ningún ataque contra esas comunidades. También justificó que el alias que utilizó entonces, Mayor Tito Arias, fue porque soy un hombre público y nosotros estábamos autorizados para utilizar un seudónimo de guerra.

Al igual que Ríos Montt, Pérez Molina expresó que cuando dije que no hubo genocidio es por mi experiencia en torno al conflicto, que se desarrolló sobre el llamado Triángulo Ixil, como se conoce a un conjunto de municipios. Sostuvo que la guerrilla llevó el conflicto a esa región, cuando él estuvo asignado a la zona.

Reportes de prensa local citaron que el viernes Pérez Molina pasó un momento incómodo cuando en una entrevista se le preguntó sobre un documental del periodista estadunidense Allan Nairn, en septiembre de 1982, en el cual declaró que “todas las familias –en las comunidades de Quiché– están con la guerrilla”, lo que evidenciaría el papel jugado por el ejército contra los habitantes.

En tanto, a 30 años del régimen militar que gobernó con mano de hierro, este sábado Ríos Montt amaneció en la cárcel, al pasar su primer día de sentencia dentro de un cuartel militar en el centro de la capital guatemalteca, donde no se ha reportado ninguna anormalidad, indicó el vocero del sistema penitenciario, Rudy Esquivel.

Ríos Montt fue sentenciado a 80 años de prisión al ser responsabilizado por 15 matanzas de mil 771 indígenas mayas-ixiles en el departamento de Quiché, durante su régimen de hierro, mientras su ex jefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez, fue absuelto de los mismos cargos.

En el juicio, que se inició el pasado 19 de marzo, se acusó desde un principio tanto al ex dictador como a Rodríguez de genocidio y delitos de lesa humanidad, sin que de inmediato se conocieran detalles sobre la absolución a este último. La activista humanitaria Helen Mack lamentó la exoneración de Rodríguez, al considerar que había suficientes pruebas.

Más de 100 testigos rindieron testimonio durante el juicio.

Los defensores del ex dictador iniciaron una batalla jurídica para revertir el fallo, incluida la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, donde ya se encuentran algunos recursos, informaron medios locales.

El gobierno de Ríos Montt fue uno de los más sangrientos de la guerra civil que sufrió el país de 1960 a 1996. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) registró durante todo el periodo de guerra 42 mil 275 víctimas, que sumado con otros estudios arrojó una cifra de más de 200 mil muertos o desaparecidos.

El informe de la CEH, comisión de la verdad, creada en el contexto de los acuerdos de paz firmados entre 1991 y 1996 entre el gobierno del entonces presidente Álvaro Arzú y la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), se remonta al derrocamiento del gobierno del coronel Jacobo Arbenz en 1954 y la responsabilidad de Estados Unidos en el conflicto.

El propio Ríos Montt vinculó en su declaración del jueves a Estados Unidos, al señalar que Washington sabía más que yo. Alegó que su función como jefe de Estado era limitada y que no le correspondía la cadena de mando sobre los comandantes regionales de las fuerzas armadas. En ese sentido, negó la acusación de haber autorizado o no detener planes militares para eliminar a grupos étnicos.

Estados Unidos, que había guardado silencio en relación con el juicio, dijo este sábado que recibía la condena como una oportunidad para lograr una verdadera reconciliación en Guatemala y”seguir mirando hacia adelante”.

Un portavoz del Departamento de Estado, no identificado, indicó que tomaban nota del fallo de la corte guatemalteca y reafirmamos la importancia de un sistema judicial fuerte y transparente como un componente esencial de una democracia.