Abogados del magisterio disidente informaron que a partir de la próxima semana el Poder Legislativo y el presidente de la República deberán presentar sus alegatos en audiencia constitucional ante los jueces federales que revisan los casos de amparo contra la reforma educativa para justificar sus razones del por qué, pese a haber suscrito acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos, impulsaron la aprobación de una modificación constitucional regresiva.

Manuel Fuentes, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y coordinador del equipo jurídico del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del gremio magis­terial, que encabeza Artemio Ortiz Hurtado, afirmó que los docentes agotarán todas las ins­tancias legales para defender su derecho a la protección del Estado, incluso, pese a la reforma a la Ley de Amparo, vigente desde el pasado 3 de abril, que establece en su artículo 61, fracción primera, que éste es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución.

Consideró que la modificación de la normatividad en materia de amparo convierte al Poder Legislativo en una dicta­dura, pues hace inatacables cualquiera de sus decisiones que modifiquen la Carta Magna; es decir: ningún ciudadano puede defenderse ante hechos que considere violatorios a sus derechos. Los primeros a quienes afecta esta decisión es al gremio magis­terial, pero se aplicará a todos los campos y acciones que rea­lice el Congreso de la Unión, en su facultad para aprobar reformas constitucionales.

Por ello, demandó a los jueces federales de los juzgados tercero, sexto y séptimo de distrito, con sede en Cholula, Puebla, quienes admitieron a trámite miles de amparos de maestros de todo el país que se oponen a la modificación de los artículos tercero y 73 constitucionales, que tengan una actuación con independencia de cualquier poder, porque hemos presentado los documentos y las pruebas necesarias para defender nuestra argumentación.

Destacó que el magisterio disi­dente no descarta que, de ago­tarse las instancias jurídicas nacionales, para exigir el respeto a los derechos humanos y laborales de miles de docentes, acudiremos ante la Comisión Interame­ricana de Derechos Humanos (CIDH), para que sea la Corte Interamericana la que conozca de la demanda presentada por los profesores, y determine si hay o no una violación clara a los tratados y acuerdos que en la materia ha suscrito México.