Monterrey, NL, 10 de mayo.

Medio centenar de madres de desaparecidos, con respaldo de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), entregaron esta mañana una carta al Congreso de Nuevo León en la que exigieron adecuar la normatividad estatal para hacer efectiva la Ley General de Víctimas.

Durante el acto simultáneo que efectuaron esta mañana en una Marcha de la Dignidad Nacional las organizaciones Madres Buscando a Nuestros Hijos e Hijas y Buscando Justicia, expresaron que a pesar del calvario que viven a diario por encontrar a sus familiares, les sostiene y da fortaleza la esperanza de tener de vuelta a sus hijos e hijas.

El amor por nuestro hijo o hija desaparecida nos hace estar aquí, levantando la voz, clamando justicia, luchando. La situación es dolorosa, pero también nos animamos, pues no queremos que esto suceda más, señalaron en la misiva que leyeron frente al Congreso.

Invitaron a la sociedad a solidarizarse con su dolor, sumándose con una oración, con su voz, con su presencia, con su colaboración, y a quienes también son víctimas, pero que se han quedado en silencio, paralizados de miedo y dolor, les invitamos a luchar por su ser amado, cuentan con nosotras, para luchar no sólo por nosotras, sino queriendo que a nadie más le suceda lo que nos pasó.

Recordaron que hace un año estuvieron ahí mismo, demandando justicia y la tipificación del delito de desaparición forzada y lograron que éste se estableciera en el Código Penal. Ahora acudieron para solicitar a los legisladores que al estudiar y aprobar la Ley Estatal de Víctimas, procuren que resulte acorde con la norma general.

Frente al palacio de gobierno, integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León realizaron a las 13:30 horas, otro acto solidario con la marcha que culminó en la ciudad de México. Los manifestantes exhibieron la leyenda: La violencia no tiene madre, los desaparecidos sí.

Según la Cadhac, en Nuevo León existen más de mil desaparecidos por grupos del crimen organizado, y entre el 25 y 30 por ciento de estos casos estarían implicados miembros de la Secretaría de Marina, policías municipales, estatales y federales.