Venustiano Carranza, Chis., 10 de mayo.

Cerca de mil policías estatales, con apoyo de agentes federales y elementos de la Marina y del Ejército, retomaron el control de este poblado y retiraron las barricadas que comuneros de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo (OCEZ-CP) colocaron el domingo pasado.

Los uniformados ingresaron a pie a las 14 horas por el barrio San Francisco, donde se encontraron con una valla formada por más de 200 campesinos armados con palos, piedras y cohetones, quienes les impidieron el paso.

Después de 15 minutos los campesinos aceptaron que los policías continuaran hacia el centro del poblado para que retiraran las piedras y troncos con los cuales obstruían parcialmente las calles de los ocho barrios durante el día y totalmente por las noches.

Representantes de la agrupación informaron que los uniformados entraron pacíficamente –horas antes hicieron sobrevuelos en helicópteros y en avionetas–, luego de un acuerdo de los representantes de los ocho barrios cuando vieron que el ingreso de las fuerzas del orden era inminente.

Líderes y militantes de la OCEZ-CP que estaban en sus oficinas, en el centro del poblado, las cerraron y se reunieron en pequeños grupos mientras los agentes iniciaron patrullajes por la ciudad.

Las barricadas y los grupos que vigilaban los barrios fueron colocados el 5 de mayo por comuneros de la OCEZ-CP que temían ser atacados, luego que ese domingo fueron asesinados los disidentes Sebastián Gómez Martínez y Jorge Gómez Gómez y fueron quemadas o dañadas 20 casas.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Raciel López Salazar, quien ingresó después de los policías, afirmó que la ciudad vuelve a la normalidad y a sus actividades cotidianas. Manifestó que se integra la averiguación previa y se realizan diligencias para ejecutar las órdenes de aprehensión contra los responsables de ese día. Lo importante es salvaguardar la tranquilidad y la armonía en el pueblo, que todo mundo vaya a trabajar y no haya bloqueos.

Los comuneros de la OCEZ-CP pidieron a los uniformados mantener los patrullajes pues temen agresiones del grupo contrario, pues las amenazas son constantes.

El conflicto por la dirección de la OCEZ-CP comenzó en septiembre pasado cuando comuneros disidentes ocuparon las oficinas y agredieron a la directiva y otros integrantes de la agrupación, quienes habían exigido aclarar el destino de 65 cabezas de ganado perdidas en la anterior administración.

En respuesta, la asamblea de la OCEZ-CP exigió la expulsión del grupo disidente integrado por 49 comuneros, e inició los trámites ante el Registro Agrario Nacional –que no ha resuelto el caso– para despojarlos de sus derechos.

El 5 de mayo, miembros de la OCEZ CP –que dicen agrupar a 5 mil comuneros– presuntamente mataron a balazos a Gómez Martínez y Gómez Gómez. Ambos grupos se acusan de ser paramilitares y colaborar con los tres niveles de gobierno en turno.

Para evitar más agresiones, las autoridades estatales desalojaron a más de 200 personas, familiares de los 49 disidentes, el mismo domingo, y la madrugada del jueves las trasladaron al municipio de Berriozal, ubicado cerca de Tuxtla Gutiérrez.

El secretario de Gobierno, Noé Castañón León, informó que la medida se tomó por recomendación de Consejo Estatal de Derechos Humanos.

De acuerdo con dirigentes de la agrupación, los títulos de propiedad de 72 mil hectáreas les fueron entregados en 1995, de las cuales la OCEZ-CP controla alrededor de 52 mil, ya que las demás las tienen quienes han sido expulsados en distintas fechas desde 1985 por diferencias y disputas internas.

La lucha intesina por el poder ha dejado desde entonces alrededor de 52 muertos y tres desaparecidos, cuyas fotografías están colocadas en el altar de los mártires en las oficinas de la OCEZ-CP.