Organizaciones no gubernamentales y representantes de comunidades de Atotonilco, estado de México; Santiago Anaya, Hidalgo, y Apazapan, Veracruz, denunciaron los impactos y afectaciones socioambientales y a la salud que causan empresas cementeras a las poblaciones aledañas, entre las cuales se encuentran algunas zonas otomíes.

De acuerdo con comuneros afectados por Apasco, en el estado de México, hemos presentado más de 10 mil denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, no nos han dado ninguna solución.

Para Jorge Tadeo Vargas, de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración, en estas zonas las empresas dedicadas a la producción de cemento, entre ellas Apasco, Moctezuma y Santa Anita, han causado serios problemas a la salud de la población, como cáncer, problemas inmunológicos y reproductivos, además de deterioro de las funciones pulmonares, asociados a las emisiones contaminantes por la incineración de residuos en los hornos de las cementeras.

“Los procesos de extracción que realizan estas empresas son de minería a cielo abierto, por lo tanto, son altamente contaminantes, depredadores y con muy poca regulación, pues no están considerados como una actividadde este tipo.

Se sabe que la incineración de residuos peligrosos en los hornos de las cementeras libera sustancias como mercurio, cromo, productos de combustión incompleta, y éstos son una de las principales fuentes de emisión de dioxinas a escala mundial. Los problemas de salud asociados a estas sustancias son muy serios, entre los que se encuentran malformaciones congénitas, cáncer, problemas en el sistema nervioso central, hormonal e inmunológico.

En conferencia de prensa, que se realizó en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), el ambientalista dijo que muchas de estas sustancias son tóxicas aun en dosis muy bajas, se acumulan en el cuerpo y pueden manifestarse problemas de salud incluso décadas después del momento de exposición.

Señaló que en nuestro país las regulaciones que existen tanto para el uso de los combustibles derivados de residuos como para la producción y extracción del cemento, no están hechas para proteger a las comunidades, sino “para favorecer a las empresas cementeras, para maximizar las ganancias.

El mejor ejemplo de esto se encuentra en la NOM 050 que no obliga a las empresas a llevar una medición periódica de las dioxinas y furanos, sino lo deja a su criterio. De igual forma, la ley de cementos no considera los impactos de la extracción de la piedra caliza, principal material de que se compone el cemento. Como lo dije anteriormente, su extracción no está considerada como minería a cielo abierto.

Manifestó que de acuerdo con el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los hornos de las cementeras emiten altas concentraciones de bióxido de carbono, lo que la convierte en la industria más contaminante.

Por su parte, Gerónimo Gutiérrez, de la Asociación Civil Río de los Pecados, y habitante del municipio de Apazapan, Veracruz, denunció que en su localidad desde 2007 comenzaron a vivir con graves problemas debidos a la instalación de Cementos Moctezuma.

Incumplieron las promesas laborales que la cementera realizó a los habitantes de nuestro municipio. Sólo 40 personas trabajan en sus instalaciones y lamentablemente lo hacen en pésimas condiciones. Además, la cementera Moctezuma, a través de sus constantes emisiones de polvo de cemento, ha perjudicado el campo agrícola. Las cosechas han disminuido en cantidad y calidad, es el caso específico de la actual cosecha de mango manila. Además, se han detectado problemas de salud entre los habitantes.

Entre las afectaciones al ecosistema, abundó, está la descarga de aguas residuales en la laguna de Chahuapan; esto es grave, porque no sabemos si dichas aguas residuales contienen metales.

Por separado, Ponciano Jiménez, regidor del municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo, expuso que desde hace dos años llegaron compradores de tierras que pagaban 10 pesos por metro cuadrado en la zona donde se asienta el pueblo indígena ñañú.

Inicialmente se nos informó que sería para la construcción de una empresa agroindustrial, en realidad terminó siendo una planta cementera, con la que se perdieron más de 100 mil árboles. Los inconformes exigen al gobierno federal que revise la regulación de la industria cementera en México y que se actualicen las leyes en favor de la protección de los pueblos.