La Secretaría de Gobernación (SG) prepara una nueva modalidad para la atención a víctimas del delito y para la reparación del daño.

Este jueves emitió la convocatoria para integrar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, parte operativa del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), dispuesto en la ley correspondiente, la cual elaborará un registro de víctimas y fijará los montos de indemnización para cada uno.

La subsecretaria de Derechos Humanos de la SG, Lía Limón, explicó que el SNAV es la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas en este renglón. El sistema está integrado por representantes de los tres poderes y de organismos públicos autónomos, así como por la comisión, de la que se busca ahora a sus siete integrantes: cuatro funcionarios federales y tres representantes de la academia y/o la sociedad civil.

La comisión deberá garantizar que las víctimas puedan acceder a la reparación integral que establece la ley: restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

La convocatoria, publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación, indica que se contará con 30 días hábiles para recibir las propuestas; a su vez, la SG las enviará al Senado para la definición final.

El reto de la implementación de la Ley de Víctimas debe ser enfrentado por los tres niveles de gobierno y todos los actores de la sociedad, dijo la funcionaria.

En tanto, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) tiene hasta ahora un registro de mil 895 denuncias de personas de-saparecidas. De estas, 201 fueron localizadas (tres de cada cuatro de ellas, con vida).

Este número es minúsculo en relación con la lista de casi 27 mil personas no localizadas, según las denuncias interpuestas durante el sexenio pasado; el banco de datos correspondiente es actualmente analizado desde febrero pasado por la administración de Peña Nieto y hasta el momento no se ha dado a conocer ningún avance de esta revisión.

Províctima es una instancia relativamente nueva (inició operaciones el 10 de octubre de 2011), en un momento crítico en cuanto a hechos violentos imputados a la delincuencia organizada.

Ahora está vigente una ley de víctimas, de cuyo reglamento deberá surgir una comisión ejecutiva de atención integral a este tema.

Por lo pronto, Províctima precisó que en año y medio ha integrado mil 471 expedientes, a partir de la solicitud expresa de familiares para que se les proporcione ayuda en la búsqueda de personas.

De las registradas como desaparecidas o no localizadas en Províctima, mil 436 son hombres y 459 son mujeres, y 30 por ciento se ubican en el segmento de edad entre 20 y 34 años.

Las entidades que registran el mayor número de personas desaparecidas, según la procuraduría, son: Tamaulipas, con 268, que equivale a 15 por ciento del total; Coahuila, con 207, esto es, 10 por ciento; seguida por Nuevo León, Veracruz y estado de México. Michoacán, junto al Distrito Federal, ocupa el sexto lugar.

En contraparte, los registros más bajos de personas no localizadas con que cuenta esta procuraduría corresponden a los estados de Quintana Roo, Tlaxcala, Baja California Sur, Aguascalientes, Yucatán y Tabasco, en orden decreciente.

A las familias de las personas desaparecidas se les han otorgado 27 mil 846 servicios jurídicos que consisten en asesorías, revisión de averiguaciones previas, elaboración de escritos para diversas autoridades, información recabada para la integración de expedientes, e incluyen mil 379 acompañamientos –en calidad de abogadas o abogados victimales– ante diversas autoridades.