esde febrero de este año, en el estado de Morelos se ha desarrollado un movimiento ciudadano y de los pueblos en contra de la minería tóxica, con comités de lucha en las comunidades de Alpuyeca, Miacatlán, El Rodeo, Mazatepec, Cuentepec, Xochicalco, Coatetelco, La Toma y Cuernavaca, cuyo objetivo es impedir que la empresa canadiense Esperanza Silver establezca una mina a tajo abierto en el cerro del Jumil, localizado en el municipio de Temixco y en las proximidades de la zona arqueológica de Xochicalco, considerada patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Recientemente, el movimiento ha dirigido sendas cartas a diversos actores políticos y funcionarios de gobierno e instituciones universitarias, en las que advierte sobre las nocivas consecuencias objetivamente previsibles en distintos rubros, que ocasionaría la autorización de la actividad minera, a escasos 12 kilómetros en línea recta del centro de la capital del estado. Destaco sintéticamente algunas.

1. La severa contaminación del manto freático resultante de los procesos industriales asociados a la minería de metales preciosos con uso de químicos altamente tóxicos.

2. El consumo desmesurado de agua y energía en una zona donde las comunidades originarias y mestizas, rurales y urbanas asentadas en la región, no tienen acceso suficiente a estos recursos, ya de por sí limitados y en proceso de disminución.

3. El vertido al aire de polvos con particulado tóxico muy diverso, inclusive con metales desconocidos por la propia compañía, que se dispersará inevitablemente según las corrientes de los vientos más allá de la zona específica donde se pretende establecer la mina.

4. La destrucción radical del hábitat con el daño a la biodiversidad de la zona, intensificando un proceso de deforestación en esa región. La selva baja caducifolia no se repone en un par de años, como ha anunciado La Esperanza Silver públicamente en la serie de mentiras que ha propalado.

5. El proceso de destrucción de suelo fértil que ha tenido hasta ahora una vocación agrícola en su espacio de asentamiento. Este proceso es definitivo.

6. La acumulación de material tóxico de desecho por los futuros años, lo cual agrava el deterioro ambiental que generará, perjudicando la calidad de vida de los habitantes y las condiciones requeridas para la existencia de seres vivos a corto, mediano y largo plazos.

7. Los tajos abiertos de la mina cambiarán el paisaje en forma negativa, lo cual, aunado a las otras devastaciones, dañará el rubro del turismo y a quienes dependen de esa actividad.

8. El perjuicio de manera directa e indirecta a la salud de las poblaciones originarias y mestizas colindantes, en un radio que abarca y rebasa a las comunidades ubicadas en las concesiones o directamente colindantes. La manifestación de impacto ambiental no contiene un apartado específico respecto a los daños a la salud, los cuales, siendo previsibles, no han sido descartados por la empresa ni por entidad sanitaria estatal o federal alguna.

9. Las estrategias ya aplicadas por la compañía minera para ganarse la adhesión de la comunidad de Tetlama y de otras comunidades, han generado discordias y conflictos, antes inexistentes, intra e intercomunitarios, mediando además en ello, el soborno de autoridades locales para favorecer sus intereses. Los operadores de la corporación están aplicando, como sucede en otras regiones del país y de América Latina, procedimientos de ingeniería de conflictos para confundir y confrontar a la población.

10. La Esperanza Silver ha generado ya y aplica una estrategia deliberada de desinformación sistemática y de ocultamiento y falseamiento de información sobre los efectos nocivos de la minería a cielo abierto. Esta desinformación sistemática tiene una contraparte y es la ausencia absoluta de información objetiva hacia las comunidades por parte de las instancias gubernamentales tanto a nivel federal como estatal y municipal. Se trata de un silencio cómplice, funcional al interés foráneo, sea deliberado o sea producto de la franca negligencia: ni las universidades en Morelos ni las instancias sanitarias ni las ambientales ni las educativas ni las de cultura ni las de desarrollo social han advertido a la población respecto de los efectos nocivos objetivamente previsibles de las explotaciones mineras de este tipo, aun conociéndolos y estando al tanto de la iniciativa. La omisión que comparten diversas dependencias oficiales, tanto estatales como federales, es preocupante e indicativa de una grave irresponsabilidad y de una pérdida de identidad institucional y nacional, del sentido de patria, así como del desdeño hacia la población. Esta omisión opera a favor de las iniciativas de megaminería tóxica

11. La empresa, y quienes la apoyan abierta o solapadamente, han producido un clima abierto de confrontación y descalificación en contra de los ciudadanos y movimientos sociales que se oponen a la iniciativa minera. No se han tomado medidas legales o penales ante las violaciones en que ya ha incurrido la empresa canadiense al respecto en nuestro país.

12. La poligonal asignada a la zona arqueológica de Xochicalco está incluida expresamente en las concesiones otorgadas a la empresa minera, lo que abre la posibilidad de que tanto el subsuelo como la misma zona arqueológica sean intervenidas. La explotación minera generará afectaciones en sí a estructuras y vestigios prehispánicos que forman parte del sistema histórico de Xochicalco y que existen en la zona misma de explotación requerida por la minera. Siendo el área concesionada una extensión mayor de 15 mil hectáreas, el paisaje natural que le da sentido visual y geográfico al asentamiento prehispánico va a desaparecer.

Así, ¿necesitamos más argumentos o más qué? No a la mina, sí a la vida.