Por primera vez desde que arrancó el juicio por genocidio en contra del ex dictador Efraín Ríos Montt, el 19 de marzo, el viejo militar abandonó su mutismo y pasó al centro de la sala del tribunal para declarar. Empezó con una queja: “Señoría, –dijo dirigiéndose a la juez Jazmin Barrios– resulta que me han arrinconado.” Y concluyó afirmando su inocencia y preguntando: ¿Qué es lo que hice mal?.

Era el mismo general que el 23 de marzo de 1982 encabezó un golpe de Estado y que de inmediato ordenó arrasar los territorios donde las fuerzas guerrilleras de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) contaban con algún apoyo social; el mismo hermano Efraín de la Iglesia del Verbo, hábil para la retórica como predicador, aquél que fungió como presidente, siempre en uniforme de campaña, durante 17 cruentos meses en los cuales centenares de aldeas fueron borradas del mapa de Guatemala.

Dueño del micrófono, lúcido y fuerte para sus 86 años, proclamó: Me declaro inocente, nunca he tenido el propósito de destruir a ninguna etnia nacional. Mi situación de jefe de Estado fue específicamente para retomar el rumbo de la nación que ya estaba en el fracaso, con la guerrilla prácticamente en las puertas del palacio nacional.

Y remató con una afirmación que refrendó su apego a la doctrina que ha permitido al estamento castrense guatemalteco ser una fuerza determinante en el país centroamericano desde mediados del siglo 20 a la fecha: De 1944 a 2013, todos los movimientos que de una u otra forma han hecho que Guatemala progrese han sido guiados por el ejército.

Este jueves el proceso penal que juzga por genocidio por primera vez a un ex jefe de Estado en Latinoamérica –y a su ex jefe de inteligencia militar José Rodríguez Sánchez– dio un giro sorpresivo cuando la juez Barrios logró eludir las medidas dilatorias de los militares y aceleró la presentación de las conclusiones. Si en las próximas horas consigue mantener a flote el juicio ante un último recurso que está pendiente para este viernes a primera hora, hoy mismo podrían dictarse las sentencias.

Donde matar a un indio no es matar a un hombre

En sus declaraciones finales, los representantes legales de las víctimas ixiles destacaron la trascendencia internacional del proceso y pidieron que se cumpla la petición del Ministerio Público (MP) de 75 años de cárcel para los dos acusados. El abogado Edgar Pérez, de la Asociación de Justicia para la Reconciliación (AJR), subrayó la necesidad de una sentencia que recoja la memoria de miles en la región ixil y que reivindique esa historia negra de nuestro país que nadie quiere repetir. Y para explicar lo de la historia negra recurrió a una frase del autor de Guatemala, las líneas de su mano, Luis Cardoza y Aragón, que alude a las profundas raíces de la injusticia y el racismo que enmarcaron el genocidio: Mi país, donde matar a un indio no es matar a un hombre.

A su vez, el jefe de la defensa de Ríos Montt, Francisco García Gudiel, presentó también por primera vez un alegato sustantivo a favor de su cliente. Y dijo que lo único que quedó plenamente demostrado es que mi defendido jamás ordenó, planeó, ejecutó o supervisó ningún acto que tuviera como propósito acabar con el grupo étnico maya ixil. La mayoría de las personas (víctimas) falleció por diversas causas, por enfermedades, por heridas provocadas por armas punzocortantes, pero no ejecutadas u ordenadas por el general Ríos Montt.

En su intervención afloró la aparente fractura entre los militares retirados, que se ven representados en la figura emblemática de Ríos Montt, y la generación del hoy presidente, general Otto Pérez Molina, quien parece haber dejado en las últimas horas a la deriva al anciano dictador. Pérez Molina fue jefe de tropa en la región ixil (destacamento de Nebaj), a las órdenes de Ríos Montt, y había intentado inclinar la balanza del juicio, descalificando como una mentira la acusación de genocidio.

Pero a partir de una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el pasado sábado en San José, Costa Rica, el mandatario guatemalteco se pronunció por que el juicio pueda avanzar y pueda llegarse a dictar una sentencia, ya sea a favor o en contra. Inmediatamente el proceso, que estaba empantanado, se destrabó. El interés de Washington en que el juicio no quedara descarrilado por maniobras de los magistrados quedó de manifiesto con la asistencia, en dos ocasiones, del embajador de Estados Unidos Arnold Chacón a las audiencias públicas.

García Gudiel le pasó la factura al mandatario cuando recordó, en su intervención, la presentación de un testigo protegido, el militar Hugo Reyes, quien afirmó haber presenciado órdenes de ejecutar civiles estando de servicio en el cuartel de Nebaj. No mencionó a Ríos Montt, sino a otro militar, una persona muy importante en el país, dijo el abogado, sin citar por su nombre al entonces capitán encargado del cuartel, Otto Pérez Molina, alias Tito Arias, hoy presidente de la república.

Discurso del dictador

La intervención del ex dictador acusado de genocidio era una pieza del rompecabezas que se hizo esperar durante casi dos meses. Cuando la juez ordenó que iniciara la fase de conclusiones y la declaración de los acusados no procedía legalmente, el abogado de Ríos Montt pidió la palabra para su cliente. Le fue concedida.

Esto es parte de lo que dijo: La más grande maldición que ha tenido Guatmeala es la confrontación entre hermanos y eso se lo debemos a la honorable URNG. El pueblo ixil tuvo la mala suerte de que fue el asentamiento del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y eso hizo que se volcara en contra de la institución.

Antes había reconocido que cuando lo llamó la oficialidad joven para encabezar un gobierno de facto que derrocó a otro militar golpista, Romeo Lucas García, la subversión estaba en el parque central lista para tomar el poder y el ejército tenía cansancio de guerra. Admitió que en esas condiciones no podíamos respetar la Constitución porque todo era una podredumbre.

Durante cerca de 40 minutos declamó, murmuró, gesticuló y alzó la voz, despotricando contra los funcionarios de la ONU a quienes les interesaba tener a la gente alojada en México, dijo en referencia a los cerca de 40 mil refugiados que cruzaron la frontera hacia Chiapas para huir de las matanzas. No les daban de comer, los mantenían enfermos, y eso que ellos ganaban muy bien, en dólares.

Y finalmente, achacó toda la culpa de lo sucedido a los oficiales del ejército de menor rango: Yo de ninguna manera puedo aceptar los delitos que me endilgan. La cadena de mando es la que va de arriba para abajo y de abajo para arriba. Pero yo, como comandante en jefe del ejército y jefe de Estado, sólo me ocupaba de cosas importantes, de abrir espacios internacionales, y dentro del ejército, sólo convocaba a la gente, daba condecoraciones y ordenaba las pensiones, según la Constitución.